El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos estableció el orden de mérito de los candidatos para 32 cargos de fiscales auxiliares en los concursos 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 y 245 para distintos puntos de la provincia. Cabe recordar que la instancia de la prueba de oposición había sido frenada por una polémica que surgió tras la decisión de darle un trato preferencial a dos fiscales embarazadas, y finalmente se había realizado el 10 de mayo último.
Tras ese trámite, a través del Acta de Correlación 31, de este 25 de agosto, el presidente del CMER, Mariano Churruarín, los consejeros Martín Cabrera y Carina Franchini, asistidos por el Secretario General, Hernán Jorge, se reunieron para, tras los trámites de rigor, “establecer el orden de mérito resultante luego de la suma de los puntajes obtenidos” en la prueba de oposición escrita y antecedentes, según supo ANÁLISIS.
Esos concursos fueron convocados en 2019 para la designación de 13 cargos de fiscales auxiliares en Paraná; 2 en Diamante; 1 en Feliciano; 2 en La Paz; 2 en Concordia; 1 en Chajarí; 2 en Concepción del Uruguay; 1 en Colón; 1 en Rosario del Tala; 1 cargo en Villaguay; 2 en Gualeguay; 2 en Gualeguaychú; 1 en Villa Paranacito; y 1 en San Salvador, para los cuales se presentaron 206 postulantes (118 mujeres y 88 varones).
A través de la resolución 1144, dictada el 4 de noviembre de 2021, el Consejo de la Magistratura había dispuesto una excepción del Reglamento General de Concursos, solicitando que los postulantes asistan a la prueba de oposición con sus computadoras personales, además de implementar un protocolo tendiente a resguardar la integridad y el anonimato de la prueba de oposición; y receptó positivamente una solicitud de prórroga planteada por dos postulantes mujeres para la realización de la prueba por estar cursando sendos embarazos, reseñó Entre Ríos Ahora.
Enterados de esas decisiones, un grupo de postulantes reprochó lo resuelto por el Consejo de la Magistratura por entender que se producirían transgresiones al reglamento y se resentiría la garantía de igualdad, anonimato, imparcialidad y unicidad, y pidieron que se prorrogue la fecha de la prueba de oposición para todos los candidatos, que había sido fijada para el 14 de diciembre último. El Consejo de la Magistratura rechazó esa petición mediante la resolución N° 1.145, del 24 de noviembre de 2021. Fue entones que el caso llegó en apelación ante el Ministerio de Gobierno, que a través del decreto N°3.853, del 6 de diciembre, revocó lo resuelto por el Consejo e instruyó al organismo “a adoptar las medidas tendientes a concretar la instancia de oposición en el primer cuatrimestre del año 2022”.
El Ministerio de Gobierno actuó guiado por un dictamen de Fiscalía de Estado y entendió que “la relevancia de los principios en juego en materia de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la necesidad de preservar los postulados y garantías involucrados y particularmente la interdicción de la arbitrariedad, cuya violación traería aparejado la proliferación de pleitos innecesarios con la generación de perjuicios patrimoniales al Estado, imponen a nuestro criterio una decisión contundente de este Poder Ejecutivo sobre el caso aquí examinado”.
La decisión se adoptó por cuanto el Consejo de la Magistratura es un “órgano administrativo sujeto a vínculo jerárquico, con la salvedad de las facultades que ejerce por mandato legal en forma exclusiva, sus decisiones pueden ser objeto de control no sólo de legalidad sino de oportunidad, mérito y conveniencia”, según el decreto de Gobierno.