La profesora de Paraná, María Rosa Gianello, denunció públicamente a la jueza de Familia Nº1 Rosario Moritán y pidió su remoción, junto a la de su equipo técnico. Denuncia “situaciones de maltrato” y decisiones amainadas e injustificadas por parte de la magistrada y las profesionales en el marco de un expediente sobre el cuidado de su madre enferma. 

Según la descripción de los hechos que efectúa Gianello, “el 31 de octubre de 2023 en sede del Juzgado Nº 1 de Familia de Paraná (donde se tramita el Expte  N 31485 y donde ni mi madre ni yo estamos acusadas de nada, pues no hemos cometido delito alguno) fui objeto de maltrato con  frases amenazantes y gestos adustos  por parte de la jueza Rosario Moritán”.

Contó al respecto: “Fui citada formalmente, como debe hacerlo un funcionario público mediante una cédula cuyo cumplimiento hube de reclamarle, pero según la funcionaria “con que ella lo mandara a decir (con quien no corresponde) es suficiente”. Me dijo “por fin nos conocemos” con una mirada intimidante que sostuvo todo la audiencia. Ante mi pregunta ¿soy la única hija que cuida a su madre y estoy bajo sospecha? Rosario Moritán amenazó dos veces con sacarme de la sala. Esta jueza, Rosario Moritan, nos está haciendo pasar a mi madre y a mí un calvario, no podemos vivir en paz hace tres meses, y esto lo hace dando forma de reclamo judicial a un entramado de mentiras que ya han quedado ampliamente demostradas. Pero La jueza insiste. Descree de la seriedad de los tres médicos tratantes de mi madre, del informe del Perito Forense (que ella misma convocó) y que no le gusta porque no coincide con los excesos e incorrecciones consignadas por la falta de rigor profesional de su Equipo Técnico, descree de las escrituras notariales y de los cuidados que le suministro a diario, de la documental elevada, de todo”.

En ese marco, denunció que “es visiblemente parcial la jueza Moritan y se propone interpelar a todos los profesionales intervinientes para beneficiar a una de las partes. Desacredita el hecho no solo de que mi madre (una mujer con serias afecciones, criada en el campo, que cuidó a mi padre por 23 años, que nunca estuvo en un Juzgado ni sabe lo que es estar en esos espacios) tenga libertad y poder para decidir sobre su propia vida, la poca vida que le queda,  sino que también tiene sospechas sobre mi persona y las trasunta en directivas al personal del Juzgado, al que parece tener sometido, porque corporalmente en la audiencia  se veían temerosos y agachaban la cabeza. Dice ella estar “protegiendo a mi madre”, sin embargo cuando le pregunté por qué en las tramitaciones que se llevan a cabo en su Juzgado no se menciona nunca la Ley 2760 Interamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores y la ley 5420 de prevención y protección integral contra abuso y maltrato de los adultos mayores, me dijo que no era quién para cuestionar el expediente y se dirigió a mi abogado para que ‘me explique’”.

Advirtió asimismo que “en este contexto de arbitrariedades, tuvimos que recibir a las integrantes del Equipo Técnico en mi casa con la Policía Local, sin aviso previo y sin motivo alguno, con el propósito de entrevistar a mi madre de 82 años enferma” e informó que “sobre la médica psiquiatra, Jorgelina Demartini (personal dependiente de Moritán) se ha realizado una presentación en el colegio médico por diagnosticar a mi madre sin conocerla, sin que sea su paciente y sin solicitar sus informes médicos. Demartini  también usa términos descalificantes hacia mi persona sin conocerme, sin basarse en la realidad de los hechos, incurre en  abusos y excesos que puedo fácilmente probar. También la abogada Erica Ivón Kramer ha sido tema de una presentación formal en el Colegio de Abogados (por presentarse en mi domicilio particular sin que yo estuviera presente) e intentar mediante la fuerza y frases avasallantes, que la cuidadora de mi madre la dejara ingresar, generando en ella un cuadro de nerviosismo y elevación de la presión arterial”.

“Puedo probar con documentación y con testigos, que los métodos de la jueza Rosario Moritán no sólo no son los adecuados para este caso y que vulneran los derechos y la endeble salud de mi madre, de 82 años, absolutamente a mi cargo por decisión de ella misma, sino que además configuran redes de violencia Institucional, ya que sus subordinados parecen tener siempre el mismo manual de instrucciones, sin mirar a las personas intervinientes en los temas que pretenden resolver”, planteó Gianello.

“Lo tremendo es que esta jueza, desoyendo todos los informes médicos pretende citar a mi madre (que nada hizo) y anda en una silla de ruedas además de ser una enferma cardíaca seria, a una audiencia con ella y por segunda vez con su equipo técnico (el que ya vino a nuestra casa a entrevistarnos) porque no solo no le importa mi madre, sino que quiere dar cumplimiento cabal a sus injustificados caprichos. Yo me pregunto: si esto llega a suceder, qué garantías tengo que mi madre será respetada en su recinto y en su delicado cuadro de salud no sobrevendrá algún episodio que luego lamentemos?. La jueza Rosario Moritán me citó para ejercer maltrato sobre mí, alardear demostraciones de poder ante los presentes y retarme como una niña, sin un motivo. Moritán me pareció una persona trastornada y poco feliz. Pareciera que, a priori, ya tiene una decisión tomada, pero no encuentra cómo hacerla encajar en nuestro trámite”.

“La abogada de mi madre me dice que los Juzgados de Familia “son así”. Imponerse mediante el miedo y el uso de la fuerza no debería ser la cotidianeidad de un juez y mucho menos deberían, estos procedimientos autoritarios y violentos, estar naturalizados en el ámbito judicial”, planteó.

“La jueza Rosario Moritán me maltrató delante de ocho personas; es ante todo una servidora pública que retiene nuestro trámite, el cual no es de su jurisdicción; ha rechazado la apelación a la competencia sin dar explicaciones, y tampoco se declara incompetente. La jueza Rosario Moritán no es la primera ni la segunda vez que es cuestionada públicamente. De acuerdo a escritura pública del 31 de octubre de 2023 soy responsable y tutora de mi madre, debo velar por su salud y su integridad y por todo lo expuesto solicito al Superior Tribunal de Justicia que se la suspenda en el cargo hasta tanto se aclare la situación planteada”, concluyó.   

Graves acusaciones y pedido de remoción del equipo técnico del Juzgado de Familia Nº1

Gianello también plantea quejas durísimas contra las integrantes del equipo técnico del Juzgado a cargo de Moritán.

Como ejemplo, relató que “el día 17 de agosto de 2023 acompañadas de la policía local, sin cédula de notificación previa y con la psiquiatra mintiendo al decir que la abogada de mi madre estaba notificada, se presentan en la puerta de mi casa la médica psiquiatra Jorgelina Demartini, la licenciada en Psicología, Cintia Bergara y la asistente social, Sabrina Medina. Un policía me decía que traía una orden de allanamiento. Mi madre, según escritura pública respectiva, resolvió por su endeble estado de salud, vivir en mi casa, dado que soy la única hija que la cuida y ya tenían la notificación de esa determinación. Sin embargo, y en el marco de una clara violencia de género sin consideración por el estrés que le estaba produciendo a mi madre, usaron métodos propios de la dictadura militar. Como persona de bien que soy, las dejé ingresar. Hablaron con mi madre cinco minutos y luego tuvieron un breve intercambio conmigo, donde pretendían que  les informara cuánto cobraba mi mamá y otras cuestiones. Así las cosas, se fueron con lo que habían anotado, sin solicitar absolutamente ninguna documentación médica sobre mi madre, y lo que es más grave, sin leerle y hacerle firmar lo que de ella escribirían. De inmediato presentaron el informe, con mucha premura. En ese informe, la psiquiatra Demartini diagnostica a mi madre, sin que ésta sea su paciente y sin conocer su historial médico. Su diagnóstico no sólo no protege a mi madre ni refleja la realidad, la que consta en los informes médicos que obran en el expediente, sino que inventa, exagera y demuestra poca empatía con las personas mayores. Además  se puede ver un desconocimiento importante de los avances científicos relacionados con esta población longeva”.

“Las tres profesionales intervinientes también tienen expresiones descalificantes hacia mi persona, sin conocerme y sin contemplar el clima avasallante que generaron en mi domicilio. Ya venían con un libreto armado. Había que escribir que mi madre no estaba bien y que su hija era una porquería. Es decir, para este equipo de salud, una mujer adulta mayor, enferma y vulnerable no es alguien que merece respeto y que se reconozcan sus derechos. Rematan su falaz y mal intencionado registro proponiendo de entrada, sin que se hayan echado a andar los mecanismos mínimos de un procedimiento judicial, una tutora que después queda demostrado en las actuaciones siguientes que es una persona violenta, que le pide a la jueza  poder  llevar a mi madre a un geriátrico y que la autorice a manejar sus ingresos. Este es el equipo técnico que hace perfecto juego con el desempeño parcial e irregular de la jueza Moritán”, denunció.

Ante esto, Gianello adelantó que “haré sobre estas tres profesionales carentes de ética profesional y de un mínimo de sensibilidad por el más débil (al menos en este caso), todas las actuaciones que me permite la vida democrática” y solicitó “a quien corresponda, que la médica psiquiatra Jorgelina Demartini, la psicóloga Cintia Bergara y la asistente social Sabrina Medina sean suspendidas momentáneamente de sus cargos, hasta tanto se aclare la situación planteada”.