El presidente del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología, Miguel Ángel Cullen, se refirió a la polémica suscitada con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos a raíz del debate sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de reforma del Código Procesal Penal.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cullen aclaró que “la crítica no es hacia la convocatoria del gobierno, por el contrario, la aplaudimos, pero lo que planteamos es que el gobierno, con buen criterio, invitó al Colegio de Abogados, quien omitió invitar al Instituto que se dedica a esta problemática”.
Al respecto, dijo desconocer los motivos para esa falta de invitación: “No tengo la menor idea porque nosotros ni siquiera nos metemos en la política interna del Colegio, no estamos en ninguna lista, no molestamos, a todos los eventos que hacemos o participamos los hacemos pagándonos los viajes, los viáticos, no jodemos para nada. Pero parece que no nos quieren, evidentemente”.
Aclaró que “el colega que nos representa seguramente lo hará con muchísimo profesionalismo y responsabilidad, e incluso nos llamó y nos dijo que quiere escucharnos y llevar adelante nuestra propuesta”. Agregó que “el Instituto forma parte del Colegio de la Abogacía, pero tiene cierta autonomía, hace sus propios debates y tiene sus ideas propias, y en este caso no se nos invitó. Ya nos pasó cuando se habló de la reforma de la ley de Juicio por Jurados que tampoco fuimos convidados a participar, a pesar de que el gobierno invitó al Colegio de la Abogacía. Es decir que el Colegio olímpicamente nos ha dejado de lado nuevamente, y eso es lo que queremos expresar y dejar sentado”.
En este marco, planteó que desde el Instituto “ya tenemos presentados tres proyectos, acompañamos el proyecto de la Sala Penal que en su momento se hizo con participación de todos los estamentos, todos los jueces de Garantías defensorías, fiscalías, el Colegio de la Abogacía a través del Instituto. Fue un proyecto re contra debatido y discutido, pero quedó en agua de borraja desgraciadamente. Hemos tenido estas iniciativas para mejorar un proyecto y un Código que ya necesita un service”.
En cuanto a los puntos a reformar, Cullen indicó que “se hace hincapié sobre dos puntos específicos, porque es extenso explayarse sobre los 20 puntos a reformar. El primero es revisar el plazo de las IPP (Investigación Penal Preparatoria) y con eso estamos totalmente de acuerdo”.
“Como viene el resto de los puntos, estamos seguros de que el proyecto que aplicarán en su momento, seguramente sea en perjuicio del ciudadano o de la persona que es perseguida penalmente, pero no lo dice expresamente. Si uno mira los otros puntos, hay uno que plantea ‘limitar las facultades del juez de Garantías’, cosa que no se debe hacer, porque más limitaciones no puede haber, y al contrario es necesario ampliar sus facultades. Muchos jueces y juezas han alzado su voz sobre esto para que se les permita, entre otras cosas, resolver cuestiones que son centrales respecto del respeto a las garantías constitucionales”, explicitó.
Planteó en ese marco que “bajo la excusa de que los abogados somos culpables de todo y solicitamos revisión de resoluciones que creemos contrarias a la norma, a la ley y al sentido más común que debe imperar siempre en todo derecho, se ha generado una idea de que hay resoluciones que pueden apelarse y resoluciones que no pueden apelarse. Y eso es absolutamente incorrecto. Cualquier resolución que viole, violente, limite o restrinja un derecho constitucional no puede mantener vida jurídica, y se tiene que revisarse. ¿O son infalibles los jueces y no se pueden equivocar?”.
Consideró que “en realidad debería ser al revés, toda resolución que cause un gravamen o perjudiquen un derecho o una garantía constitucional, debe ser revisada. Sin embargo, acá parece que se ha optado, bajo la excusa de mayor celeridad, por evitar una revisión que debiera ser la norma. Porque siempre está la posibilidad de que una persona se equivoque, y los jueces y juezas siguen siendo humanos que pueden equivocarse”.
En este sentido, planteó como ejemplo que “en la causa de los contratos truchos no hay ninguna dilación; estuvieron ocho años investigación y ni siquiera se sabe cuántos contratistas hay, y resulta que ahora porque nosotros no avalamos eso es una dilación. No podemos ir a un juicio sin saber cuántos contratos realmente se hicieron, la dilación se produjo antes y ahora lo que hay que hacer es el control de la investigación”.
No obstante, aclaró que “los puntos que planteamos no tiene que ver solamente con las causas por delitos contra la administración pública, sino que tiene que ver con el universo enorme de causas”.
“En una provincia que fue señera, que tuvo un código oral de lujo, respetando todos los derechos y garantáis del imputado y de la víctima, con una jurisprudencia que fue anterior a la famosa jurisprudencia Casal, que abrió la Casación a una discusión plena. Tenemos una historia riquísima muchísimo más rica que las demás provincias, fuimos de las primeras Constituciones que estableció el amparo en defensa de los derechos de los ciudadanos. Tenemos una historia que la quieren tirar por la basura, y ahora están discutiendo estas cuestiones y retrocediendo a cuatro patas”, concluyó.
