La feroz golpiza que un grupo de efectivos de la Policía de Chaco efectuó contra una familia Qom del barrio Banderas Argentinas, en Fontana, generó preocupación en el Gobierno nacional. Incluso, el presidente Alberto Fernández expresó su malestar por el accionar a través de un mensaje en Twitter.

Ante este contexto de violencia policial, la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic le envió una nota a su par provincial Gloria Zalazar en la que expresó su "preocupación" por lo sucedido y la instó a trabajar en la prevención de estos hechos.

Además, según pudo confirmar TN de fuentes oficiales, la funcionaria les recomendó a las autoridades provinciales que el peritaje para determinar responsabilidades en el hecho no lo lleve a cabo la propia fuerza policial.

Antes de que este hecho ocurriera, la cartera de Seguridad ya había enviado otras dos notas a las provincias de Tucumán y San Luis, en donde también tuvieron lugar casos de violencia policial, según pudo saber este medio.

"Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia", fue el mensaje de Fernández en repudio al accionar policial en Chaco.

Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia.

Las imágenes son elocuentes: los efectivos ingresaron a la fuerza al domicilio sin orden de allanamiento y detuvieron a cuatro personas. Todos fueron separados de la Fuerza.

En la causa intervinieron la Secretaría y la fiscalía de Derechos Humanos del Chaco. La fiscal Liliana Beatriz Irala ordenó que se le realicen análisis médicos a los heridos y pidió que sea remitida copia certificada de la guardia de la comisaría y la identificación del personal policial.

Otros casos

Tucumán quedó en la mira luego de la desaparición de Luis Espinoza, el trabajador rural de 31 años asesinado por la policía provincial en Monteagudo, durante un operativo por una carrera de caballos clandestina.

La bala que mató a Espinoza fue disparada con el arma reglamentaria de uno de los policías detenidos por el hecho. Se trata de José Morales, según confirmó la abogada de la familia en diálogo con TN.

Antes de que el cuerpo de Espinoza fuera hallado, desde la cartera de Frederic se comunicaron con las autoridades provinciales para ofrecer su ayuda en la búsqueda del joven y obtener un informe sobre el episodio. La administración de Juan Manzur contestó que ocho efectivos habían sido detenidos.

En los primeros días de abril el Ministerio de Seguridad de la Nación también envió una nota a la cartera provincial por la muerte de Florencia Morales, una mujer de 39 años, que había quedado detenida por circular sin autorización.

La mujer apareció ahorcada en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. Aunque la Policía aseguró que se había suicidado, la autopsia detectó "signos compatibles con la autodefensa". Ante el pedido de información de Frederic, el gobierno de Alberto Rodríguez Saá comunicó el desplazamiento de seis policías y dijo que el caso era investigado por la justicia provincial.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que conduce Horacio Pietragalla se puso en contacto con las víctimas y sus familiares.