Convertido en mala palabra y en paradigma de la imagen de corrupción que atraviesa a la clase política del país, las próximas horas serán clave para definir la suerte del senador peronista Edgardo Kueider (Entre Ríos) que en la madrugada del miércoles último fue detenido en la frontera de Paraguay con más de 200.000 dólares en efectivo que no había declarado ante las autoridades aduaneras del vecino país. Su caída en desgracia afecta de manera directa al oficialismo y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que pierden un aliado clave en las votaciones de los proyectos reclamados por la Casa Rosada y en el control de la Cámara alta.

Rápido de reflejos y con la mira puesta en que su lugar sea ocupado por su suplente, la militante de La Cámpora Stefanía Cora, el kirchnerismo pidió una sesión especial para este jueves para decidir la exclusión del Senado del legislador entrerriano. Quieren tratar un proyecto de resolución que pide la expulsión de Kueider y que fue presentado por orden de Cristina Kirchner pocas horas después de su detención de la detención. Como la iniciativa no fue discutida en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) necesitará reunir los dos tercios para forzar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. Igual relación de fuerzas deberá reunir para excluirlo del cuerpo, publicó el diario La Nación.

La situación de Kueider es compleja y crítica y todo indica que no volverá a ocupar su banca hasta el final de su mandato, que operará el 10 de diciembre del año próximo.

La discusión que ocupará en las próximas 48 horas a Villarruel y a los bloques del oficialismo y de la oposición dialoguista pasa por cómo manejar la situación. Saben que la exclusión sin un dictamen de comisión y sin haberle dado derecho a defensa, como reclama el kirchnerismo, sentaría un grave precedente para cualquier miembro del Congreso.

Por eso, se barajan algunas alternativas, como la suspensión o la aceptación de un pedido de licencia que Kueider verbalizó pero que todavía no formalizó en los papeles.

Mientras tanto, el nombre de Kueider parece haberse convertido en un objeto arrojadizo que los bloques se revolean unos a otros tratando de sacar ventaja y de ensuciar a sus rivales involucrándolos en supuestas maniobras de corrupción, pero que, al mismo tiempo, desnuda un intento por despegarse de la figura del senador entrerriano del que alguna vez fueron socios y que hoy se ha convertido en una auténtica mancha venenosa.

Es lo que hizo el kirchnerismo con su pedido de sesión especial reclamando la destitución del senador por considerar que es protagonista de “un hecho de extrema gravedad institucional que este Senado no puede ni debe tolerar”. En su nota, la bancada que responde a Cristina Kirchner no deja lugar para la duda acerca de cómo debería leerse una negativa al pedido de acelerar la destitución del entrerriano.

 “Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad”, sentencia el escrito.

Desde el oficialismo retrucaron con una propuesta lanzada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para que se excluya del Congreso a todos los legisladores que cuenten con alguna causa judicial en trámite. La iniciativa no pasó de una idea plasmada en la red social X, pero sirvió como respuesta a las menciones que desde el kirchnerismo se hicieron vinculando a Kueider como aliado de la Casa Rosada desde la aprobación de la Ley Bases en la Cámara alta.

Los antecedentes no favorecen el apuro del kirchnerismo por ver a Kueider fuera del Senado. El caso más reciente que esgrimen en las usinas oficialistas es el del peronista José Alperovich. Acusado por su sobrina de haberla violado, el tucumano fue pidiendo sucesivas licencias sin goce de haberes cada seis meses desde noviembre de 2019 hasta que se extinguió su mandato, en diciembre del 2021. En todos los casos, el bloque peronista le fue concediendo el beneficio mientras se desarrollaba la causa judicial, que terminó encontrándolo culpable pero ya cuando no pertenecía más a la Cámara alta, destacó el diario La Nación.

Indignados con la doble vara del bloque de Unión por la Patria, en la bancada radical recordaron que fue la propia Cristina Kirchner, quien desde el miércoles presiona al Gobierno para que responda por las acciones de Kueider y ahora reclama su exclusión, quien entre marzo y abril de 2005 encabezó como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el proceso que terminó con la suspensión del peronista puntano Raúl Ochoa.

Sobre Ochoa pesaba un pedido de remoción por haber sido sorprendido in fraganti votando en dos oportunidades en dos lugares distintos en la elección en la que, precisamente, fue como candidato a ingresar a la Cámara alta. El expediente no sólo se trató durante varias semanas en comisión, sino que se le dio la oportunidad al senador de ejercer su derecho de defensa, que al final realizó por escrito. El peronismo, en ese entonces, se negó a excluirlo del cuerpo hasta que no existiera una condena de la justicia. La máxima concesión que otorgó fue suspender al puntano, que en esa condición llegó hasta la conclusión de su mandato, en diciembre de 2005.

En medio del cruce de acusaciones que desató el caso Kueider, en las últimas horas desde un bloque dialoguista se hizo circular parte del discurso de Mayans cuando el Senado discutió, en agosto de 2018. el pedido del fallecido juez federal Claudio Bonadio para que lo autorizaran a allanar los domicilios y las oficinas de Cristina Kirchner en el marco de la causa denominada de los cuadernos de las coimas, resaltó el diario La Nación.

“El tema central acá es que cada ciudadano tenga y se respeten sus garantías constitucionales que son, en primer lugar, el debido proceso y la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. No se puede ir a un linchamiento mediático por causas políticas; no se puede hacer eso”, dijo el actual jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, quien en aquella sesión se manifestó como “un defensor de los fueros” parlamentarios porque “un senador que es vulnerable a presiones no pude votar a conciencia”.