Los cinco refugiados en la embajada argentina en Caracas abandonaron la Embajada de Argentina en Caracas, pudiendo así abandonar el país y recuperar su libertad tras 412 días.

Se trató de un esfuerzo liderado por Estados Unidos, que incluyó negociaciones de alto nivel con la dictadura chavista, aunque se desconoce a detalle qué cuestiones se abordaron como parte del acuerdo.

El pasado 20 de marzo de 2024, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos ingresaron en la sede argentina en busca de refugio, a raíz de la persecución que Maduro mantenía en su contra, por colaborar con María Corina Machado y su equipo electoral, consignó Infobae.

Originalmente, el dirigente opositor Fernando Martínez Mottola también formaba parte del grupo, aunque abandonó el lugar el 19 de diciembre y acabó falleciendo el 26 de febrero de este año.

Desde el primer día, los disidentes fueron víctimas de un constante asedio por parte del Palacio de Miraflores, de “todo tipo de atropellos físicos, mentales y emocionales” y de la violación constante de sus derechos, incluido el Derecho Internacional y, especialmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Sin embargo, la situación empeoró en el último tiempo, cuando una serie de cruces entre el presidente Javier Milei y Maduro obligó a la delegación argentina a abandonar el país y a dejar el edificio en manos de Brasil, quien se encarga de la custodia hasta tanto Buenos Aires designe a otro Estado que Maduro considere “aceptable” para tales tareas.

Lo que siguió a este hecho fue solo una escalada del hostigamiento al lugar.

Durante días, el Palacio de Miraflores mantuvo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en el frente de la Embajada, bloqueando las calles cercanas y hasta impidiendo el ingreso del propio personal.

Asimismo, prohibieron el paso a camiones cisterna y cortaron el suministro de servicios básicos, obligando a los disidentes a recurrir a métodos precarios de supervivencia por meses, como el consumo de alimentos enlatados, el uso de un generador o de paneles solares y el racionamiento de otros recursos básicos.

“Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa, ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega”, denunció a finales de abril el grupo, que expuso así la precaria situación en la que estaban viviendo.

Asimismo, los disidentes pidieron en aquella oportunidad al Gobierno de Lula da Silva que exija con mayor “claridad y celeridad una solución diplomática para esta grave situación”.

“Es difícil no notar la contradicción en la forma en que el gobierno brasileño ha manejado casos similares, incluso involucrando a personas procesadas y condenadas por delitos graves, en los que la gestión eficiente y rápida de su gobierno para que se concedieran los salvoconductos fue evidente, algo que no ha ocurrido en nuestro caso que somos inocentes", cuestionaron entonces.

Fuente: Infobae