Lázaro Báez será trasladado a la U-15 de Río Gallegos, pero tenía la pulsera electrónica abierta
Después de haber perdido más de 55 millones de dólares en bienes decomisados por el Estado, Lázaro Báez enfrenta una nueva derrota judicial. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el empresario kirchnerista deberá pagar una multa de 330 millones de dólares por lavado de dinero.
La medida responde a la condena por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que se lo halló culpable de maniobras de blanqueo por más de 55 millones de dólares a través de empresas offshore y cuentas en el exterior. La multa, fijada en 2021 como parte del fallo original, ahora quedó firme tras la decisión de Casación.
El artículo 303 del Código Penal establece que la multa por lavado puede alcanzar hasta diez veces el monto involucrado en la maniobra ilícita. En este caso, los jueces consideraron que, debido a la magnitud de las operaciones ilegales, correspondía aplicar el máximo previsto por la ley.
Además de la multa, Báez ya fue condenado a 10 años de prisión. Actualmente cumple su pena en régimen de arresto domiciliario. La Justicia también ordenó el decomiso de múltiples propiedades, entre ellas estancias, casas y vehículos, que pasaron a ser administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Riesgo de prisión efectiva
El fallo dejó en claro que la multa no es simbólica: si Báez no paga, se podrá avanzar con nuevos embargos o incluso con la revocación de beneficios penitenciarios. “En caso de incumplimiento, corresponderá ejecutar la pena accesoria en todas sus formas”, advirtió el tribunal.
Entre los bienes ya decomisados se encuentran propiedades en Santa Cruz, Buenos Aires y Capital Federal. También fueron incautadas cuentas bancarias y acciones en empresas vinculadas al grupo Austral Construcciones, la firma insignia del holding de Báez.
Una condena emblemática
El caso se convirtió en uno de los emblemas de la corrupción durante el kirchnerismo. La investigación expuso cómo una red de empresas fantasmas y transferencias internacionales permitió canalizar millones de dólares provenientes de la obra pública. Según la Justicia, gran parte de esos fondos provenían de contratos direccionados por el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Báez fue condenado junto a otros implicados, entre ellos sus hijos y colaboradores cercanos. En el fallo también se destacó la participación de figuras financieras que facilitaron las operaciones de lavado.
Una decisión con impacto político
La confirmación de la multa no solo implica un revés económico para Báez, sino que también representa un gesto político en un contexto donde el Gobierno busca diferenciarse de la “casta” judicialmente protegida. En línea con el discurso oficialista, desde Casa Rosada ven con buenos ojos que las causas por corrupción avancen y se cobren efectivamente las multas impuestas.
Mientras tanto, Báez seguirá cumpliendo prisión domiciliaria en una de sus propiedades de Buenos Aires. Sin embargo, su situación judicial se agrava: ya no se trata solo de años de condena, sino de una deuda multimillonaria con el Estado argentino que, si no paga, podría llevarlo de nuevo a una celda común.
DCQ/Perfil
