Hasta ahora, Trimarco contó que en 2002 concurrió a pedir ayuda a la Casa de Gobierno, donde gobernaba el peronista Julio Miranda, y allí le recomendaron que preguntara en la remisería Cinco Estrellas, propiedad de uno de los 13 imputados, porque "ahí tenían mejores autos y armas que la Policía".
"Como estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida porque estaba la mafia ahí", se lamentó la mujer durante su exposición, donde además detalló la intensa búsqueda que realizó recorriendo prostíbulos de Tucumán, La Rioja y Salta.
La remisería Cinco Estrellas pertenecía a María Jesús Rivero, enjuiciada como supuesta autora intelectual del rapto y por entonces esposa del ex presidente del Club San Martín de Tucumán, Rubén "La Chancha" Ale, un hombre detenido ahora por robo y con muchas vinculaciones en el justicialismo tucumano.
Trimarco sostuvo que Marita fue vendida a la mafia de la prostitución por unos 2.500 dólares y le habían puesto de mote "La Doña" y la habían forzado a ser "la esposa del dueño del lugar", un burdel supuestamente regenteado por José "Chenga" Gómez, el principal de los 13 acusados.
Además, relató que su hija fue drogada para que trabajara y que la obligaron a tener un hijo con Gómez, según le contaron algunas chicas que fueron rescatadas de la red de trata y fueron liberadas por ella.
A partir de mañana también comenzarán a declarar otros testigos, entre los que se encuentran Juana Patricia Soria y Miguel Ángel Ardiles, ordenanza de la Maternidad, de quienes Trimarco sospecha que entregaron a su hija.
A su vez se espera el relato de Fátima Mansilla, quien afirma haber visto a Marita en la casa de la acusada Daniela Milhein, cuando ella misma estuvo secuestrada. Y ese será probablemente el primer careo.
Por otro lado, los abogados de los imputados intentarán llevar el debate al engorroso terreno de conflictos internos en la familia Verón. Y allí hablarán de que el padre de la joven era ludópata, de una hija incomprendida, de abusos sexuales y de problemas de pareja, entre otras incriminaciones.
De esta manera los letrados quieren probar que no se trató de un secuestro forzado con fines de explotación sexual sino que Marita se fue por propia voluntad argumentando una dura realidad personal, publicó Infobae.
