El Tribunal Nacional de Ética de la UCR decidió, por mayoría, expulsar de sus filas a los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat, tras ser acusados de cometer conductas que “lesionaron gravemente la dignidad del partido”. La resolución se adoptó en una reunión realizada en la sede del Comité Nacional de la UCR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proceso disciplinario, iniciado tras la suspensión preventiva de los afiliados en septiembre, concluyó que los diputados incurrieron en “actitudes deliberadamente provocadoras” que impactaron negativamente en la imagen pública de la UCR. Entre las conductas reprochadas, se destacó la visita de los legisladores a la Casa Rosada el pasado 10 de septiembre, donde se reunieron con el presidente Javier Milei y otros funcionarios. Según el tribunal, este acto, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, ocurrió un día antes de la sesión en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque radical.

El encuentro en la Casa Rosada, que incluyó fotografías oficiales y una “selfie” con tono festivo, fue calificado como una acción “destinada a causar alto impacto en la opinión pública”, desafiando las posturas oficiales del partido. El tribunal consideró que el cambio de postura de los diputados en votaciones cruciales, como el rechazo al veto de la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social, fue parte de una conducta que dañó “la unidad ideológica y política del partido”.

El fallo mayoritario, firmado por Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, fundamentó la decisión en los artículos 13 y 14 del reglamento del TNE y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria (COP). Se destacó que los actos de los legisladores no sólo contravinieron los principios éticos del partido, sino que también afectaron su reputación ante la ciudadanía.

En su voto en minoría, Ricardo Barrios Arrechea cuestionó la severidad de la sanción, abogando por una suspensión temporal y resaltando la necesidad de evitar un debilitamiento interno del partido en un contexto político adverso.

El tribunal subrayó que la UCR, como fuerza opositora al gobierno de Milei, enfrenta desafíos para reafirmar su identidad en un escenario de fragmentación política. Señaló, además, la importancia de los partidos políticos en la democracia constitucional, recordando que la pertenencia a una organización partidaria exige adhesión a sus principios y respeto a su disciplina interna.

Con esta resolución, la UCR busca enviar un mensaje de firmeza frente a lo que considera actos contrarios a sus valores históricos y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, en línea con la defensa de políticas como la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.

Los diputados sancionados tienen la posibilidad de recurrir la medida ante instancias externas, aunque su futuro político dentro del partido parece quedar definitivamente cerrado.

En el documento no se detalla una sanción específica hacia Pablo Cervi, quien también se mostró como un “radical con peluca”. Según pudo saber Infobae, se le otorgó un plazo para presentar descargos y proponer pruebas, conforme a los términos del reglamento interno, y su caso será tratado la próxima semana.