De ANÁLISIS
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de la defensa de Diego Armando Cardona Herreros, empresario de nacionalidad paraguaya investigado junto al exgobernador Sergio Urribarri, en la denominada “causa coimas”.
Lo que llegó al máximo tribunal fue un recurso de la defensa de Cardona que buscaba que el caso, que se investiga en la justicia provincial, pasara al fuero federal.
El pedido ya había sido rechazado en primera y segunda instancia y ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo que llegó en queja a la Corte porque no cumplía con los lineamientos formales de su presentación, previstos en la acordada 4/2007.
Cardona Herrero, dueño de la empresa Relevamientos Catastrales, es investigado por su presunta participación en varios hechos en perjuicio de la administración pública durante el gobierno de Urribarri.
De acuerdo a la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados.
Los funcionarios de Urribarri se interesaron y direccionaron la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales. Los fiscales sostuvieron que, además, se adelantó información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio a Cardona Herreros.
Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.
Urribarri fue gobernador de Entre Ríos, en dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y ocupó además cargos partidarios a nivel provincial y nacional. También se desempeñó como embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, puesto al que renunció en 2022 al ser condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
El ex gobernador fue encontrado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal de Paraná que ordenó en diciembre de 2024 su detención por entender que podría existir riesgo de fuga. Fue excarcelado semanas después durante la feria judicial de enero por la Sala Penal del Superior de Justicia de Entre Ríos.
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