Por Juan Diego Conti (*)

Quiero hablarles con claridad sobre un tema que nos toca a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado entrerriano: la defensa del Iosper. Porque lo que está en juego no es menor. Es nuestra obra social. Es nuestra salud.

Como afiliado al Iosper, hemos tenido buenas y malas experiencias. En mi caso, el Iosper me acompañó en el nacimiento de mis hijos y cuando necesité una obra social con mi padre internado y despidiéndose de este mundo, ahí también estuvo el Iosper con un excelente servicio. 

Es cierto que a veces hemos necesitado reclamar, incluso por vía legal. Pero aún con dificultades, la actual ley del Iosper protege nuestros derechos. Y con este nuevo proyecto que pretende eliminar el Iosper y crear la OSER, esos derechos se van a perder, así de claro.

Lo que presentan como una modernización es exactamente lo contrario. Es un retroceso de más de 30 años, que es sino la pretensión concentrar el manejo y la caja del Iosper en el gobierno de turno, y quitarles a los trabajadores la posibilidad de decidir sobre su salud.

El proyecto oficial busca como único objetivo cambiar la conducción de la obra social y que pase de los representantes de los trabajadores y jubilados del Estado provincial democráticamente electos, a dos funcionarios puestos a dedo por el gobernador, lo que desnaturaliza el sentido mismo del organismo. Y por otro lado, en lugar de echar luz sobre su funcionamiento, la nueva ley solo agrega opacidad ya que de la actual comisión fiscalizadora integrada por tres profesionales, se pasa a solo uno y también nombrado por el gobernador. Es decir, quien dirige la obra social y quien debe controlar, serán nombrados por el gobernador, y todo en nombre de la transparencia.

En 2023 el Iosper cerró con un superávit de más de 5 mil millones de pesos. Luego vino una devaluación brutal de Milei que disparó el precio de los medicamentos y llevó a un crecimiento exponencial del déficit, como nunca antes en la historia de la obra social.

Eso no es culpa de la ley actual. Eso es culpa de las políticas que ellos mismos apoyan votándoles todas las leyes a sus aliados del gobierno nacional. Gentileza que parece no ser correspondida por los diputados provinciales libertarios que ya se han expresado en contra de la disolución del Iosper. Es que cualquiera que lo quiera ver, se puede dar cuenta que lo de la OSER es un proyecto técnicamente mal hecho, en un burdo copie y pegue de la obra social de CABA.

Por otro lado, llama la atención que no haya un solo apartado que deje en claro la continuidad del sistema solidario actual, piedra basal de nuestra obra social. Tampoco un apartado donde se especifique la cobertura de los familiares de los afiliados como un derecho adquirido, lo que deja abierta la posibilidad de arancelamiento.

Los funcionarios que trajeron como interventores no entienden el funcionamiento del Iosper y menos la idiosincrasia de esta provincia. En esa antológica entrevista televisiva al interventor Gallego no supo ni pudo fundamentar cuál es el objetivo de la nueva ley de creación de la OSER. Tampoco pudo dar cuenta de lo que viven diariamente los afiliados desde que el Iosper está intervenido, y que ha redundado en un desmejoramiento de la calidad, eficiencia y prontitud de sus servicios, encareciendo sus prestaciones a través del incremento  de los coseguros. Es que esta vez el remedio es peor que la enfermedad.

(*) Senador provincial PJ-Tala