El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, decidió postergar su resolución con respecto a la situación procesal del exdiputado provincial José Allende, investigado desde 2012 por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según informó en el programa Cuestión de Fondo, que se emite por Canal 9 Litoral, Zoff citó a declaración testimonial a los tres contadores públicos que analizaron la evolución patrimonial del dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Esta semana se esperaba que el juez resolviese si procesaba, dictaba la falta de mérito o sobreseía al exlegislador peronista, que junto a sus dos hijos, su actual y su expareja, declararon en tribunales en el marco de la causa por enriquecerse con fondos públicos.

Zoff dejó transcurrir los 10 días de plazo considerados “ordenatorios” y resolvió que los autos salgan de despacho y llamó a declarar a los tres peritos contables que dictaminaron en la causa que ya lleva 13 años en el Poder Judicial.

Hay dos peritos contables, uno oficial y otro de parte, que sostienen que Allende no se enriqueció ilícitamente. Este dictamen es contrario a lo que dijo el propio exdirigente político, quien reconoció en 2020 en un juicio abreviado que no prosperó que se había apoderado de fondos públicos para convertirse en millonario. Es más, en esa ocasión el hombre oriundo de Nogoyá reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares. Por ende, se comprometía a entregar al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares).

Del otro lado del mostrador hay un perito del Ministerio Público Fiscal que opina lo mismo que el imputado.

En tribunales, ante el juez Zoff, estuvieron los hijos de Allende, Julio y Victoria; la exesposa Diana María Cristina Traverso y Adriana Guadalupe Satler, actual pareja. Todos se llamaron a silencio. El único que declaró sin contestar preguntas fue Allende, quien hizo un monólogo que giró alrededor de las pericias favorables.

Tras escuchar a todos y con los autos en despacho (eso significa que está para resolver), Zoff decidió profundizar y citar a declarar a los peritos que actuaron en el caso.

El miércoles 4 de junio declara Diego Saconi, contador público de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, quien sostiene que los números patrimoniales de Allende están bien.

Al otro día, el jueves 5, será el turno de Héctor Enrique, contador público del Ministerio Público Fiscal, quien detectó irregularidades en el patrimonio del millonario exlegislador.

Por último, el viernes 6 declara Andrea Calello, contadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), perita de parte, nombrada por la defensa de Allende, que firmó que el dirigente de UPCN no tiene inconsistencias en su patrimonio.

Una vez culminada esta etapa, otra vez Zoff tendrá que tomar una decisión con respecto a la situación procesal de Allende y su familia. Obvio que esa medida puede ser recurrida por los defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi o por los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat.

La causa se tramita con el antiguo Código Procesal Penal. Y a lo largo del tiempo ya han pasado varios jueces y fiscales que no han logrado resolver nada. Es más, la investigación penal comenzó a partir de la denuncia periodística de la Revista ANÁLISIS en 2012 y desde allí ya pasaron 13 años sin novedades.

A lo largo de los años, Allende intentó dos abreviados para sacarse de encima esta causa sin tener que ir a un juicio oral y exponer a su familia. Sin embargo, no prosperaron. Uno fue en 2016, pero se dice que Sergio Urribarri no quiso que uno de los suyos reconociera un delito tan grave como es haberse enriquecido con dineros públicos.

Una tasación oficial de la justicia, efectuada en 2016, determinó que Allende tenía entonces bienes por más de 2,5 millones de dólares, pese a que algunos inmuebles no aparecieron en el relevamiento realizado en Paraná y Capital Federal. La cifra exacta fue de 2.512.965 dólares, publicó Análisis.

El segundo traspié fue en 2020 cuando el juez Elvio Garzón rechazó el abreviado. El informe del enriquecimiento ilícito, según el Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el exdiputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares.

Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de una mansión en calle Juan José Castelli 10, valuada en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.

A la vez, se le imponía una multa de 3 millones de pesos, equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos. Y una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero no prosperó.