Por Cecilia Goyeneche (*)

Hace un año empezó a debatirse en ámbitos legislativos la posibilidad de reducir el ámbito de aplicación de los juicios por jurados, con la idea de evitar las demoras que se han generado en el trámite de este tipo de juicios.

La ley provincial de Juicio por Jurados incorporó este sistema de juzgamiento de manera obligatoria para todos los delitos cuya pena máxima sean de 20 o más años de prisión o reclusión, así como sus tentativas. Así, hoy se juzgan a través de jurados populares no sólo los homicidios y sus tentativas, sino también los abusos sexuales agravados, delitos contra la libertad de la mujer, secuestros, entre otras figuras graves.

Hoy, un año después, la cuestión sigue siendo tratada en la Legislatura y en la discusión han aparecido algunas voces del escenario nacional que se oponen a cualquier contracción de esta competencia. En estos días se publicó una nota del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en la cual se exponen algunos datos –que observo como erróneos- sobre los cuales pretendo detenerme. En toda discusión es bueno tener a disposición las cifras reales que ayudan a evaluar adecuadamente cada una de las posiciones y sus efectos en los hechos.

Según lo informado en Elentrerios.com, el informe del Inecip indica como “Dato 2” que “Entre Ríos no afronta una carga de juicios por jurados desproporcionada”, señalando que “la provincia se encuentra en la mitad de una tabla -con 34 debates- que tiene en el punto más alto a Buenos Aires con 108 juicios y el más bajo, Mendoza, con ocho”.

Es evidente el sesgo de los números ofrecidos. Los 108 juicios por jurado de la provincia de Buenos Aires equivalen, si hacemos una traslación numérica que tenga en cuenta la dimensión poblacional y de estructura judicial de uno y otro lugar, a la realización de aproximadamente 8 debates anuales en Entre Ríos (no 34). Esto se observa en la misma estadística ofrecida por Jufejus (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales), en la que se muestra a Entre Ríos liderando el ranking de Juicios por Jurados por cada 100.000 habitantes, y muy lejos a Buenos Aires.

Ni bien abrimos la página del Poder Judicial provincial, en la pestaña de los Juicios por Jurados, somos informados que desde 2020 hasta mayo de 2025 se realizaron en Entre Ríos 128 juicios por jurado (en promedio, dos juicios por mes). Durante 2024 se realizaron en la provincia 34 juicios por jurados, lo que muestra una tendencia -natural- a aumentar la eficiencia en la realización de estos debates.

Lo relevante, sin embargo, está omitido en la nota del Inecip. Para saber si hay un exceso de carga de juicios por jurados en la provincia, es indispensable conocer el total de causas que fueron enviadas para su juzgamiento por jurados populares (más de 420 causas), a ese número restarle el de aquellas que se han ido resolviendo (por juicio o por juicio abreviado), y observar si es gestionable la realización de los juicios pendientes y cuánto demandaría esto al ritmo que se viene trabajando.

Según los datos oficiales, el STJER informó hace un año que, al 28 de junio de 2024, en Entre Ríos se encontraban pendientes de realizar 139 juicios por jurados.

Ahora, al mes de junio de 2025, la misma oficina del STJER informa que tiene pendientes de juicio por jurado 155 causas.

Vale decir, pese a que se ha agilizado la realización de debates y se han realizado juicios abreviados (133 informados a junio 2024), nos encontramos con que el número de causas pendientes de juicio sigue acrecentándose (pasado un año, el sistema judicial, lejos de reducir el número de pendientes, lo aumentó en 16 causas).

O sea, no sólo existe un cuello de botella de causas, sino que además no se observa capacidad de reducirlo y el cúmulo sigue incrementándose. Recordemos: se trata de 155 causas que refieren a hechos de homicidios, homicidios agravados, privaciones de libertad agravadas, abusos sexuales agravados, etc.

De allí que sea necesario controvertir al Inecip cuando afirmó, como “Dato 5”, que “los casos pendientes pueden gestionarse sin necesidad de esta reforma”, y que “más del 50 por ciento de los casos elevados a juicio en Entre Ríos finalizan con juicio abreviado”.

No es así. El número de juicios por jurados pendientes (155 causas), es neto de juicios abreviados. Sobre esas 155 causas, la posibilidad de llegar a un acuerdo de abreviado es muy escasa. Lo desincentiva precisamente la expectativa de que el juicio se realizará muchos años después, y a su vez, que la aceptación de un acuerdo de abreviado necesariamente importa la asunción de penas privativas de libertad largas a aplicar de inmediato. Ese combo hace que la realización de un acuerdo de juicio abreviado en estas causas sea casi imposible.

En definitiva, los números del sistema de juicios por jurados en la provincia demuestran que, si se previera juzgar anualmente 34 causas por jurados populares (el número alcanzado en 2024), se debe contar con una dilación o demora de más de 4 años y medio para juzgar todos los hechos hasta ahora en espera. Esta previsión, según la tendencia, irá generando cada año más demoras, dado que ingresan más causas a juicio de las que el sistema puede procesar. La proyección es de un in crescendo constante de dilaciones.

Es urgente

La situación actual es la de no juzgamiento de muchos de los hechos más graves que se han cometido en la provincia (homicidios, femicidios, abusos sexuales agravados). Sus presuntos autores, en la mayoría de los casos, esperan el juicio en libertad. No son juzgados, aunque tienen derecho a un juicio pronto. No son juzgados, aunque hay capacidad del sistema de jueces profesionales para hacerlo.

Las víctimas de estos hechos esperan sin respuesta durante años.

Las chances de impunidad se incrementan cada día que pasa sin realizarse el debate oral. No se trata de la impunidad de hechos menores, sino de las más graves afectaciones de derechos cometidas en los últimos años, un ámbito en el que nuestra provincia tiene deberes especiales de diligencia.

Los números muestran un estado de cosas que merece la atención de los legisladores.

(*) Ex procuradora Adjunta y ex fiscal Anticorrupción de Entre Ríos - Publicado en El Entre Ríos