Familiares de Daniel Sebastián Oviedo, una de las víctimas fatales del fentanilo contaminado (Infobae)
Jésica Bossi
Aún no se sabe el alcance de la peor tragedia por intoxicación de medicamentos que ha envuelto a la Argentina y registra, por ahora, cerca de un centenar de muertos. Para encontrar un caso similar, por el correlato mediático y político, hay que remontarse a la década del 90, cuando la ingesta masiva de propóleo adulterado, que contó entre sus afectados a la actriz Alicia Bruzzo, se cobró 25 vidas. Ese escándalo llevó a Carlos Menem a crear por decreto, el 20 de agosto de 1992, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Desde entonces, el organismo se ocupa del control de la fabricación, importación y comercialización con el objetivo de garantizar que los productos sean seguros y de calidad para la población. Su función quedó bajo la lupa a partir de la investigación por el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma, cuyo dueño, Ariel García Furfaro, ostenta un historial de pésimos antecedentes en la industria farmacéutica y un trayecto sinuoso dentro del kirchnerismo.
¿Cómo pudo funcionar su empresa durante casi ocho años sin mayores problemas? La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal, trabaja desde hace un mes en el análisis de la responsabilidad de los funcionarios nacionales vinculados a las tareas de vigilancia a pedido de la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta.
La fiscalía solicitó que emita un dictamen en base a unos 300 expedientes administrativos de Anmat sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ambos de García Furfaro, durante los últimos seis años. Es decir: apunta a esclarecer si hubo irregularidades en los mecanismos de fiscalización no sólo durante la gestión de Javier Milei, sino que también incluye en el plazo delimitado al mandato de Alberto Fernández.
El equipo de la PIA está por terminar la lectura completa de todo el material. Los archivos remitidos –en especial, algunos expedientes- cuentan con frondosa documentación. Luego de eso, deberán extraer conclusiones para sumar como prueba a la investigación del caso, que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, quien trazó como propósito primario establecer la responsabilidad del laboratorio en relación a los fallecidos.
El ministro de Salud, Mario Lugones, espera el resultado de un sumario interno que ordenó para precisar si hubo fallas en el accionar oficial, especialmente del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dirigido por Gabriela Mantecón Fumado. Debe dar explicaciones de por qué si realizó una inspección en la planta entre fines de noviembre y principios de diciembre, en la que se observaron “deficiencias significativas, clasificadas como críticas y graves”, recién llegó a manos de la titular de Anmat, Agustina Nélida Bisio, el 12 de febrero. ¿Se pudo haber clausurado directamente in situ al finalizar la fiscalización a fines de 2024? En la Casa Rosada, aún sin confirmación, dan por descontado que alguna cabeza del área de control rodaría porque de haber avanzado automáticamente se habría evitado la distribución de las ampollas en malas condiciones.
En un país serio García Furfaro no podría haber vendido ni un caramelo. Pasó de ser verdulero a adquirir el laboratorio Apolo, en Rosario, que en 2016 voló literalmente por el aire por la explosión de una caldera. Poco tiempo después, el 12 de julio de 2017, aparece en el registro de audiencias oficiales en una cita con el entonces director de Anmat, Carlos Chiale, con motivo de “presentación de nuevas autoridades” de HLB Pharma. En ese momento, estaba en proceso de adquisición de la firma que había pertenecido a la familia Bernabó y que hacía tiempo experimentaba dificultades económicas.
Rápidamente encontró una veta comercial en las soluciones inyectables, y ya en pandemia se convirtió en uno de los pocos importadores de fentanilo (hoy son 12), un potente opiáceo que en su uso medicinal se proporciona como anestésico o sedante. Operó al amparo del kirchnerismo y tuvo la audacia de subirse a una comitiva a Rusia, en 2020, para negociar la elaboración de la vacuna Sputnik, un proyecto trunco por el rechazo de Moscú.
“El tipo prácticamente regalaba las ampollas. En los inyectables, los procesos de control de calidad son caros: si vendés barato es porque te salteás procesos, si no, no te da la cuenta”, describe un empresario del sector. Era vox populi, por citar comentarios que circulan dentro del rubro, que en los sueros que repartía en algunas provincias se veía a simple vista la formación de hongos.
En este caso, las miradas para explicar la catástrofe apuntan al estado del agua y a los filtros, un riesgo para infecciones como las que ocurrieron si no se dan los cuidados de esterilización adecuados. No hay dudas de que la contaminación bacteriana se produjo dentro del laboratorio, así lo confirmó el propio acusado, quien deslizó sin aportar fundamentos que podría ser a raíz de un sabotaje interno.
Si bien no hay dudas de la responsabilidad de HLB Pharma en la fabricación negligente del medicamento, el proceso técnico para comprobar la causalidad entre la aplicación del fentanilo y la muerte del paciente es complejo. Hay dos medidas de prueba en curso: una la realiza el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia y la otra el Instituto Malbrán. Este último tiene como plazo final este miércoles, a las 9 de la mañana, para la entrega de resultados de la pericia sobre los lotes 31202 y 31244.
En paralelo, los especialistas forenses estudian las historias clínicas de las víctimas fatales. El punto más inquietante es si es posible establecer que el ADN de las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae presentes en las ampollas es el mismo ADN que se reporte en los fallecidos. No será fácil obtener esa información de los fallecidos, si no consta en análisis de laboratorio y teniendo en cuenta que algunas personas fueron cremadas. Se determinaría, eventualmente, por “nexo epidemiológico”.
El juzgado aguarda los estudios preliminares para tomar decisiones, lo que le valió la crítica de la Casa Rosada por la falta de dinámica en la pesquisa. Hay 24 imputados –cuyos nombres están en reserva- pero que incluyen a la directora técnica del laboratorio (una farmacéutica) y a García Furfaro, a quienes no les tomaron declaración porque todo indica que lo harán como indagados y no como testigos.
El juez es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, una relación de parentesco que despierta suspicacias respecto de la imparcialidad de la causa. “¿O acaso les parece casualidad?”, sostuvo el Presidente, en un acto partidario, al hablar del “atroz encubrimiento de Furfaro, un eterno socio kirchnerista”.
Los libertarios recién se subieron al escándalo del fentanilo, llamativamente, la semana pasada. De hecho, referentes activos en redes en todos los frentes como el Gordo Dan –Daniel Parisini- teclearon por primera vez la palabra “Furfaro” en sus cuentas el jueves, cuando las denuncias en los medios sobre HLB Pharma son de abril y nunca cesaron.
El debate se recalentó por el crecimiento de la cantidad de damnificados y porque la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió un despacho en el que solicita un pedido de informes al Poder Ejecutivo. En el medio, se mezcló el “fuego amigo”: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, habló de las “fallas” de Anmat y luego debió aclarar que se refería a la “Anmat kirchnerista”.
La Casa Rosada se vio obligada, en términos comunicacionales, a contraatacar: en dos días, difundieron un comunicado oficial titulado “El Señor del Fentanilo debe ir preso”, se pronunció Milei y debutó dando entrevistas el ministro Lugones. La pregunta es por qué mantuvieron un largo silencio desde que comenzaron los casos y no hubo una contención para los familiares de las víctimas.
La particularidad de esta tragedia es que se dio en distintas provincias y centros de salud, sin información de lo que pasaba, con total falta de conexión. Por eso, la cifra de fallecidos va a seguir aumentando a medida que se difunda el episodio. Se estima que se aplicaron alrededor de 40 mil dosis contaminadas, no todas con desenlace fatal. El gobierno nacional no desplegó un acompañamiento ni medidas de coordinación con las familias afectadas, más allá de que la Salud es potestad de las provincias. Semejante drama merecía otra atención.
Desde el kirchnerismo le endilgan al Gobierno la falta de control y la “motosierra” sobre el Estado, pero no hay una sola justificación del increíble ascenso del personaje que inició su militancia en Kolina (la agrupación de Alicia Kirchner) ni de cómo llegó a sacarse una foto con Cristina en el Instituto Patria.
Cuando se vio sin protección eficiente, García Furfaro intentó por todas las vías de llegar al ministro Lugones. No sirvieron sus contactos con gobernadores o intendentes bonaerenses. Quería revertir las sanciones. Ya era mediados de abril, cuando un ex funcionario de Alberto Fernández ligado a los movimientos sociales se comunicó con Luis Barrionuevo, con quien no tiene relación cercana, y le pidió auxilio en nombre del dueño de HLB Pharma. El líder gastronómico, que no es precisamente un libertario, conoce al ministro desde hace décadas debido a que comparten participación en el Sanatorio Güemes.
Ante su consulta, Lugones le contestó: “Correte, es un delincuente”. A pesar de haber recibido una negativa del sindicalista, el intrépido García Furfaro se apersonó en el gremio y exigió ver a Barrionuevo, quien se mantuvo incólume en su oficina hasta que la inesperada visita se retiró. Claro está que su desesperación se intensificaba con los días.
En la Casa Rosada dejan trascender que la percepción social vincula directamente el desastre del laboratorio con los K. De hecho, la ex presidenta, asidua comentarista de temas sensibles en X, no dijo nada acerca de las muertes por el fentanilo. El mismísimo García Furfaro, quien a pesar de todo no se autopercibe kirchnerista, le dio un abrazo público cuando en una entrevista con TN sentenció: “Cristina es arquitecta, es ingeniera, es bióloga, es farmacéutica, es Da Vinci”.
El affaire es monitoreado especialmente por su impacto en la campaña bonaerense. Uno de los brotes se dio en el hospital Italiano de La Plata, capital de la provincia y sede de una de las más reñidas disputas políticas entre Fuerza Patria y LLA. Los familiares de las víctimas evitan la politización de la investigación, pero no bajarán el perfil ni los brazos: por estas horas, buscan encontrarse con referentes de los casos de Once y Cromañón para que les sirvan como guía acerca de cómo impulsar su reclamo de Justicia en medio del dolor.
(*) Infobae
