La diputada nacional incorpora documentación reunida en los últimos meses con el fin de que se incorpore a la causa y fortalecer la investigación judicial en curso.
La diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) presentó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, documentación vinculada a la causa que dicho Juzgado tomó sobre al acopio irregular de azufre en el Puerto de Ibicuy.
El material fue transportado por la empresa PTP Warrant S.A mediante el buque B/M Vezhen (IMO: 9937270), proveniente del puerto de Montevideo, República Oriental del Uruguay, y descargado en el puerto de Ibicuy el 10 de marzo de 2025. Permaneció expuesto a condiciones climáticas diversas hasta el 25 de junio, generando riesgos para el ambiente, los trabajadores y la población de la zona.
En la presentación, la diputada nacional incorpora documentación reunida en los últimos meses con el fin de que se incorpore a la causa y fortalecer la investigación judicial en curso, respecto el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. y la ausencia de respuesta por parte del Gobierno de Entre Ríos a las medidas adoptadas de acuerdo a la normativa ambiental vigente y la protección de los trabajadores.
Osuna apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio como principal responsable político del hecho, al señalar que fue su gestión la que firmó el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A. para la ejecución de obras en el predio portuario. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno provincial no ha demostrado haber realizado los controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
“El Gobierno de Entre Ríos debe explicar por qué se permitió este acopio irregular y cuáles fueron las medidas de control adoptadas —si es que existieron— para proteger a la población y al ambiente”, expresó la diputada.
Entre la documentación presentada se encuentran diversos pedidos de acceso a la información pública, reclamos administrativos y otros elementos destinados a aportar en la actuación judicial.
“El rol de la Justicia será investigar este hecho y determinar responsabilidades, pero es el Gobierno provincial el que debe dar respuestas urgentes y asumir su obligación de controlar. Hasta el momento no he recibido respuesta alguna sobre los estudios de impacto ambiental requeridos por ley, ni sobre las acciones preventivas tomadas para resguardar a trabajadores, los habitantes, el Río Paraná y el ambiente en su conjunto. Lo que está en juego es la salud de nuestra gente y la protección de los recursos naturales”, concluyó Osuna.
