Por Luis María Serroels (*)

Al margen de las razones que determinaron los procedimientos que involucran a Cristina Fernández –de larga enumeración- y cuyos operadores K boicotean buscando ensuciar a la justicia, es importante observar a un grupo perfectamente adiestrado para enlodar a los jueces, procurar su destitución y allanar el camino para barrer cualquier problema que moleste a los fiscales. Una figura principal que destila odio contra los magistrados y se empeña en apoderarse del Poder Judicial, otrora militó en la Unión Cívica Radical y hoy se posa en una banca de diputado oficialista.

Es pertinente ahondar el atropello traducido en el plan desesperado para salvar a la principal corrupta de que se tiene memoria en la política argentina.

Numerosas identidades de ilustres figuras del kirchnerismo que forzosamente debieron cambiar de domicilio para radicarse en sendos penales, dan cuenta de operaciones en gran escala con destino final a una arbitraria destitución.

¿Qué ordenamiento judicial tan flexible y magnánimo demanda el oficialismo para la actual vicepresidenta, siendo que el rosario de imputaciones es imposible de enfrentar?

La Cámara de Casación Penal es blanco de críticas, seguramente porque el tribunal tiene a su cargo unas diez causas vinculadas por corrupción. Cristina Fernández sabe muy bien que su destino inexorable es enfrentar a varios tribunales, de allí que sus adláteres agotan cuanto atropello tienen a mano para una empresa cargada de dificultades, porque junto a ella están involucrados ex funcionarios y dirigentes K (hay 8 causas ya elevadas a juicio oral, vinculadas a casos de corrupción).

Si CFK lograse zafar de cualquier forma, ¿Lázaro Báez y su clan soportarían sus interminables días de cárcel mientras los depositarios finales del fruto de la corrupción gozasen de una felicidad indescriptible? Claro que quedan aún las causas por el Pacto con Irán (encubrimiento agravado relacionado con el atentado en la sede de la AMIA), sin olvidar las vinculadas con Los Sauces y Hotesur, donde además están  comprometidos Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero (ambos no gozan de fuero alguno).

Según un amplio informe publicado por el periodista Daniel Santoro  en la edición de Clarín del último domingo, Leopodo Moreau, como presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, presentará juicios penales contra jueces en base a un informe sobre supuestas irregularidades en la oficina de escuchas de la Corte. Se menciona al miembro del cuerpo, Ricardo Lorenzetti.

Claro que lo que se ventile no hará zafar a la vicepresidenta de la lista de cargos. Cuando ambos Fernández maquinaron en mayo de 2019 el juego de la falsa reconciliación, nadie ignoraba que lo que se quería asegurar era la preservación de los fueros.

Vale repasar casos que pueden aportar al tema de tres mujeres depositarias de altísimas responsabilidades presidenciales, aunque con resultados diferentes tratándose  de soportar el peso de una celda.

Habitualmente se habla de un proceso, juicio político, o por su término en inglés, impeachment. Se trata de una acusación, la denuncia y el proceso. En definitiva, significa destituir del cargo a un mandatario/a. Una revocatoria de mandato.

Bien valen sendos ejemplos: Se dio el caso de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, sometida al proceso del impeachment, que desató múltiples enfrentamientos y supuestas maniobras adjudicadas a políticos: sobornos, cuentas bancarias en el exterior y hasta fuga del país vía aérea.

La mandataria terminó destituida tras cinco años y medio en el cargo mediante un juicio político. El impeachment determinó que Michel Temer se convierta en presidente hasta el final del mandato (2018). La ex mandataria fue acusada por cometer crímenes “de responsabilidad”.

Tras el impeachment decidido, el Senado de Brasil, el 31 de agosto de 2016, por responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y decretos sin aprobación del Congreso, le imputó el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno (prohibido por ley).

Otro caso es el de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez, quien quedó detenida hace unos días acusada de promover un golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales. La mencionada señaló que “esto es un atropello, como ex mandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró. La ex mandataria consideró que se trataba de “un acto de abuso y persecución política”, imputando al gobierno “de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”.

Morales pidió “que se investigue y sancione a los autores y cómplices”, aunque sin mencionar a su sucesora interina. La ex mandataria “habló del plan del gobierno del MAS para instalar una dictadura en Bolivia”. Pero nos basta con la convulsionada política, para aspirar a dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos y más democracia.

Todo esto sirve para tratar de comprender la situación de nuestro país, en donde Cristina Fernández diseña una arquitectura judicial para rodear al presidente de las herramientas para evitar condenas en base a sabotear las leyes y perseguir a magistrados límpidos y valientes.

Dilma Rousseff y Jeanine Añez pueden discutir las reglas y códigos, pero no echar jueces por la ventana.  El que juega con fuego inexorablemente se termina quemando.

¿Es Cristina Fernández una mujer inteligente? No hay dudas. Aunque no siempre es garantía de corrección política y limpieza de conducta. La buena memoria suele convertirse en un escollo para los que buscan borrar un paso descalificador. Los inocentes corren ante los jueces y fiscales para limpiar su moral. Quienes proyectan arrojar a la calle a los hombres probos para zafar de la condena que deviene de la corrupción, es la mejor admisión de los inmorales.

¿Cómo se interpreta que desde el Poder Ejecutivo y con gran desfachatez se admita disponer de línea liberada para manejar a los jueces y los popes de la Suprema Corte han hecho silencio?       

¿Es admisible que un ministro de Justicia se arrogue facultades que son privativas de los jueces?  ¿En qué plan de gobierno se consignaba que se disponía de las prebendas para borrar la corrupción kirchnerista?

A media semana se supo que Cristina Fernández había decidido no cobrar su haber como Vicepresidenta de la Nación. Hoy, jubilada como ex presidenta y pensionada por ser viuda de un ex presidente, percibirá la más que jugosa suma  mensual de $2 millones. Claro que este monto es muy inferior al que embolsó por vía de la corrupción.

(*) Especial para ANALISIS