(De ANÁLISIS)

El exfiscal Enrique Martínez falleció este viernes 14, en horas de la noche. En este escrito, buena parte del capítulo XVII del libro Sicarios de la caja, de Daniel Enz, que muestra buena parte de la investigación que hizo Martínez, para dejar al descubierto las maniobras del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, con millones de dólares de la corrupción, desviados hacia bancos del Uruguay y que terminaron con su condena por enriquecimiento ilícito en 2006. Es un simple homenaje en memoria del exfiscal y una enseñanza para las nuevas generaciones de fiscales de esta provincia, que tanto deberían aprender de la historia reciente de Martínez.

El hombre moreno y corpulento rompió en lágrimas el día que hizo la elevación a juicio, pero no se lo quiso contar a nadie. Prefirió emocionarse en silencio y confiar en que su trabajo había llegado a buen puerto. De hecho, esa condición de tipo reservado siempre lo destacó en su carrera. Ese trabajo final presentado en octubre de 2003, después de casi seis años de trabajo intenso, soportando las más variadas presiones y amenazas, había sido lo más importante, en sus 18 años de carrera. El fiscal Enrique Martínez era consciente también que nadie o casi nadie se lo iba a reconocer. Ni en la ciudad de La Paz, donde hacía ya mucho tiempo estaba ni en Paraná o el resto de la provincia. Es más: consideraba que su decisión por llegar hasta el final con la acusación a Domingo Daniel Rossi por enriquecimiento ilícito, en función de sus cuentas millonarias en el Uruguay, le iban a costar caro políticamente. Nadie que se mantiene con la firmeza y convicción en su trabajo, asciende en su carrera en Entre Ríos. O le pasa a unos pocos elegidos, que logran saltear esa capa de mediocridad o envidia que siempre supera lo meritorio. Y eso le ocurrió. Martínez se terminó jubilando como fiscal, cuando tranquilamente podía haber ocupado cargos superiores, en función de su trayectoria, pasión de trabajo, inteligencia y honorabilidad. Nadie más quiso saber de su nombre y menos de su historia, marcando un hito en la jurisprudencia, al lograr que una jueza del vecino país ordene la apertura de las cuentas bancarias del exvicegobernador, aún antes de su procesamiento judicial. Y Martínez lo logró.

La larga tarea de investigación iniciada a poco de producirse la revelación de la revista Análisis, en julio de 1997, tuvo sinsabores, amenazas y costos personales para el fiscal Martínez. El primer abogado de Domingo Daniel Rossi fue el Pompi Olivera, un hombre de extrema confianza del exvicegobernador. La primera vez que llegó Rossi con Olivera a la oficina del fiscal, para ponerse a consideración de la justicia, le fue directo a Martínez, sin eufemismo. 

—¿Qué necesita para archivar la causa y así solucionamos todo de una vez? -preguntó Rossi.

—Que me traiga un certificado del banco uruguayo Surinvest, que demuestre que ni usted ni sus familiares más directos tienen cuenta alguna en esa entidad. 

—¿Nada más que eso? ¿No precisa otra cosa, doctor? -insistió Rossi.

—No preciso nada más, señor Rossi.

Rossi se dio media vuelta y se adelantó para salir de la pequeña oficina del edificio judicial de La Paz. Olivera partió detrás del exvice, pero hizo tres pasos y retornó hasta donde estaba el fiscal Martínez.

—Doctor, 100 mil dólares estaba dispuesto a darle a usted mi cliente, a cambio de que archive y no se avance más -le dijo.

—A mi no me compra nadie. Ni Rossi, ni usted, ni nadie. ¿Entendió? -respondió Martínez, levantando un poco la voz.

Olivera volvió a girar y esta vez se marchó. Sabía que no tenía más nada que decir. Martínez no quiso denunciarlo a Rossi y al abogado, porque lo iban a apartar de la causa. Y el fiscal estaba decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Tenía pruebas suficientes para demostrar que Rossi era un corrupto y se había hecho millonario con dineros públicos. Al poco tiempo Olivera se apartó de la defensa -después de una conocida pelea- y asumió en su lugar Carlos Neumann, un abogado inescrupuloso, sin filtro, que casi todos los días decía barbaridades del fiscal Martínez por las radios de Santa Elena y La Paz. Era una forma de amedrentarlo, de asustarlo y hacerle tirar la toalla. O sea, una vieja técnica de Rossi que siempre aplicó en su vida, de modo personal o a través de abogados defensores que no dudan en seguirle el juego perverso de la mentira, la locura y la impunidad. Pero estaba equivocado con Martínez.

En una oportunidad, Rossi, Olivera y el entonces diputado provincial Emilio Aroldo Castrillón (PJ) se encontraban en una mesa del bar, pegado a la ventana, frente a la plaza principal de La Paz. Cuando Martínez pasó despacio con su automóvil, Rossi se envalentonó y le gritó algunas barbaridades. Martínez escuchó perfectamente lo que le había dicho. Detuvo su vehículo en medio de la calle, se bajó y fue hasta la mesa. “Rossi, si usted me tiene que decir algo en la cara, sale afuera y me la dice. Pero salga solito, porque yo estoy solo”. Rossi quedó más pálido que de costumbre. No dijo una palabra y agachó la cabeza. Martínez saludó verbalmente y se fue. El único que le dijo “hasta luego, doctor”, fue Castrillón.

El legislador peronista iba todas las semanas a verlo a Martínez, como queriendo interesarse por el devenir de la causa. Estaba claro que iba enviado por Rossi, para filtrar algunos datos que le pudieran servir. El fiscal siempre le dio datos falsos, que siempre le llegaban, tal cual él se los había pasado a Castrillón. Era un momento de divertimento para Martínez. Le quedaba claro el rol absurdo de Castrillón.

Al fiscal, el grupo de tareas de Rossi le hacía seguimiento todo el tiempo. Había una persona en el juzgado que les avisaba dónde iba cada día y cuáles eran los movimientos del expediente. Y eran muy precisos para indicarle la vez que se llevaba el expediente de la causa Rossi, desde Fiscalía, para intentar alguna maniobra de coacción.

Martínez estuvo los primeros seis meses de la causa sin poder ver a sus hijos, porque no quería que nadie pudiera determinar dónde vivían después de la separación del fiscal con su madre. No obstante, los chicos eran custodiados por personal civil de la Policía de Entre Ríos, a la entrada y a la salida de la escuela en La Paz, por cuestiones de seguridad. Porque las amenazas no eran solamente para el fiscal, sino también para cada uno de los integrantes de su familia, con lujo de detalles de movimientos y horarios. Cada vez que retiraba el expediente era seguido minuciosamente por una o dos personas. Sabían que el fiscal era de tomar testimoniales a altas horas de la noche o la medianoche, para que nadie se entere quién era el testigo que declaraba y pudiera así evitar las presiones. Una vez intentaron provocarle un accidente automovilístico, cuando venía de Paraná, después de reunirse con el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Morales. Sabían perfectamente a qué hora había salido del edificio de Tribunales de la capital entrerriana y lo esperaron, en horas de la noche, en la intersección de la ruta a La Paz y Santa Elena. Martínez venía solo con el expediente de la causa Rossi y cuando pasó, salió un coche y se le puso atrás, muy pegado al suyo. Era un Renaul 19, color blanco. Martínez aminoró la marcha y el Renault 19 lo pasó, para ponerse bien delante del fiscal. Martínez decidió pasarlo y minutos después el Renault 19 volvió a ponerse delante, tratando de provocar alguna mala maniobra para morder la banquina o desestabilizarlo. El fiscal calculó cuánto quedaba para el acceso a La Paz, volvió a pasarlo y aceleró la marcha. El Renault también trató de alcanzarlo, pero Martínez se metió en la estación de servicio y detuvo el vehículo frente a un surtidor. El perseguidor nunca bajó la velocidad y así pasó junto al coche del fiscal, generando preocupación entre los trabajadores de la estación y luego tomó la ruta a Feliciano.

—¿Usted venía corriendo con ese tipo? -le preguntó el playero.

—No, no sé quién es. Pero quedó claro que era un tarado -respondió el fiscal, sin aportarle ningún otro dato.

El fiscal Martínez viajó tres veces a Paysandú, a reunirse con las autoridades judiciales del vecino país. Siempre iba cambiando la forma de llegar al Uruguay. A veces iba en colectivo, saliendo desde Paraná, pero las dos últimas veces optó por ir en avión desde la capital entrerriana, por cuestiones de seguridad. Tenía temor de que algo le pasara e intentaran robarle el expediente. Sucedían demasiadas cosas raras a su alrededor. Y no quería dejar nada librado al azar. Iba hasta Aeroparque Jorge Newbery, en Capital Federal y allí lo esperaba un exjefe de Prefectura Naval, que había estado destinado en La Paz años anteriores y tenía una agencia de seguridad en Buenos Aires. Era de suma confianza del fiscal. Llegaba al aeropuerto y lo esperaban dos guardaespaldas, que lo escoltaban hasta tomar el avión a Montevideo. Ya en Uruguay, Martínez tomaba un colectivo a Paysandú y regresaba por el mismo camino. Llegaba a Aeroparque, lo aguardaban otros dos guardaespaldas, que quedaban junto a él hasta que tomara el avión a Paraná. La última vez que viajó, cuando la justicia uruguaya decidió abrir el secreto bancario de las seis cuentas de Rossi -desde 1990 hasta mediados de 1997-, el juez uruguayo dejó el original del expediente en su caja fuerte y se lo mandó por correo diplomático. "Usted, por ahora, solamente lleve fotocopia", le dijo.

Martínez se tomó un colectivo en el mismísimo Paysandú, que lo trajo hasta la capital entrerriana y Martínez fue directo a verlo a Morales a su despacho en Tribunales. “Esta es la copia de la documentación, Daniel. La original llega a La Paz por correo diplomático. Consideramos que era lo más conveniente”, le indicó. Morales lo felicitó por lo realizado y fue muy escueto en su comentario. “Tarea cumplida, Enrique”, le indicó, con una sonrisa en los labios.

Morales no podía creer lo que tenía en sus manos. En la documentación se veían claramente los movimientos de Rossi en todas sus cuentas. Eran cerca de 48 millones de dólares que transitaron por las diferentes cuentas bancarias del exvicegobernador, entre 1990 y 1997. El mayor movimiento aparecía registrado en tiempos del proceso licitatorio del frigorífico regional Santa Elena. Es decir, entre 1990 y 1993, fundamentalmente, en que hubo dos grupos empresarios girando alrededor de los intereses de Rossi y de Busti. Estaba claro que ingresaba dinero en dólares de cuentas equis, supuestamente vinculadas a los negocios empresariales y en pos de lograr determinados beneficios a la hora de la primera o la segunda licitación concretada con el frigorífico. “Es pura ingeniería contable”, dijo un perito del Poder Judicial, cuando Morales se lo mostró al día siguiente. Incluso, hasta se detectó cómo se desviaban fondos también hacia una cuenta con sede en un banco de Nueva York, a la que la justicia nunca pudo llegar. Tampoco se intentó, porque ello iba a demorar más la causa. Con lo que tenían en documentación eran suficiente y contundente para cercarlo a Rossi y dejar al descubierto todas sus mentiras. Porque el exvice seguía negando todo, pese a la cuantiosa documentación lograda en bancos uruguayos, por la propia justicia de dicho país. Pero para Rossi era “toda una mentira para perjudicarlo”. O sea, la negación por la negación misma, para seguir engañando a todo un pueblo al que siempre le mintió. Tanto él, como los que estuvieron a su alrededor y apostaron a seguir con el circo, como si nada importara.

*****

Rossi estaba preocupado por el avance de la causa en su contra y por algunas circunstancias que podrían complicarlo aún más. Una de ellas era la muerte de Ignacio Blanco, en 1999, quien había oficiado como testaferro de varios de sus movimientos. Temía que aparecieran papeles que lo pudieran comprometer, tanto a él como a su abogado Neuman. Blanco era un hombre muy humilde y había sido elegido por Rossi y su abogado Neuman, para aparecer en sus maniobras. 

Blanco nunca pensó, seguramente, que por sus manos iban a pasar millones de dólares, a partir de una negociación con la JP Morgan Chase, el segundo mayor banco de los Estados Unidos. Quizás nunca se enteró, por la maquiavélica maniobra comandada por Neuman, quien en mayo de 1989 -cuando Rossi era el número dos del poder provincial, detrás del gobernador Jorge Busti- fue el autor del borrador del decreto para la primera licitación del entonces Frigorífico Regional Santa Elena (FRSE), que estaba en manos del Estado. Neuman era el representante de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) en el directorio del frigorífico, compuesto además por Raúl Benítez, Gualberto Garamendy, Alfredo Albacetti, Armando Olivera y Emilio Castrillón como síndico. "Este negocio es nuestro", le dijo Neuman a Rossi y éste, ni corto ni perezoso, le dio el okey para avanzar contra viento y marea. El borrador de Neuman establecía la enajenación del 100 por ciento del paquete accionario del FRSE mediante el llamado a licitación pública nacional e internacional prevista para las privatizaciones y/o concesiones de empresas productivas o de servicios públicos en el ámbito de la provincia. Entre algunas de las condiciones de venta preveía que los adjudicatarios asumían todos los derechos y obligaciones contractuales a cargo del FRSE, sus deudas y créditos, con excepción de la deuda con el Banco de Entre Ríos y el Banade 2003 (Banco Nacional de Desarrollo), las que serían canceladas con el producido de la licitación.

El borrador de Neuman se transformó en palabra santa; fue el decreto que determinó la primera licitación del frigorífico, para la llegada de Malleco. El 28 de septiembre de 1989 -es decir, pocos días después de la llegada de Carlos Menem al poder, que puso en marcha las vergonzosas privatizaciones en el país, a través de su ministro Roberto Dromi- la empresa Malleco Sociedad Anónima le envió una nota al entonces titular de Economía de Entre Ríos, Mario Mathieu, para interiorizarse sobre la venta del FRSE. Estaba firmada por Horacio Walter Austin y José María Taboada, como presidente y vicepresidente de Malleco SA. Allí indicaban que la firma estaba integrada por personas "con larga y reconocida trayectoria en la industrialización de productos cárneos y sus derivados". En realidad, mintieron, porque Malleco únicamente tenía como objeto social negocios inmobiliarios y comerciales como consignatarios de hacienda y recién ampliaron el rubro, incluyendo la "industrialización de productos cárneos" después que se conoció el decreto 3.941/89 del 23 de agosto de 1989, para la venta del frigorífico.

A Taboada y Austin los conocían perfectamente Rossi y su grupo de amigos, ya que estos tenían un pequeño frigorífico, denominado Puerto Nuevo, en una localidad de Buenos Aires y hacían buenos negocios con la planta industrial de Santa Elena. "En realidad era un negocio muy bien armado que tenían con Raúl Benítez y Rossi, ya que utilizaban de pantalla a Austin y Taboada y por allí comercializaban lo del Santa Elena", explicó un ex trabajador del FRSE. "Austin y Taboada eran empresarios de poco giro económico con sus firmas y con Malleco", acotó.

El plan de Rossi y Neuman se tenía que cumplir a la perfección. Por eso fue que no dejaron nada librado al azar. Malleco no tenía que pertenecer más a Austin y Taboada. Había que llegar a la adjudicación con la empresa en manos propias. El 14 de noviembre de 1989 se formalizó el contrato de cesión y venta de acciones de Malleco S.A. entre Austin, Taboada y Eduardo Gatica -como vendedores- e Ignacio Blanco como comprador, con las firmas certificadas por la escribana Luisa E. Osella de Urría, de Capital Federal. Le transfirieron la totalidad del paquete accionario, constituido por 150.000 acciones nominativas no endosables. El precio de la cesión estaba conformado por la suma de 15.000 dólares, abonados en efectivo en ese acto y por "el contrato de designación de Agentes de Ventas al Exterior con carácter de exclusividad de toda la producción cárnea del FRSE a favor de los vendedores", según consta en la cláusula cuarta. En la cláusula novena se establece que "los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de Malleco renuncian a sus cargos".

El "nuevo dueño" de Malleco había sido concejal del PJ en la primera gestión comunal de Rossi en Santa Elena y, en esos días, era el humilde administrador del hospital del pueblo. Pero el plan Rossi-Neuman establecía otro aspecto. Austin, Gatica y Taboada debían permanecer en el directorio, para no dejar al descubierto la maniobra. Prueba de ello lo constituyen cartas posteriores enviadas, en abril de 1990, al propio gobernador Jorge Busti.

Con Blanco como único dueño e insolvente, nadie duda de dónde provino el dinero para llevar adelante el proyecto Malleco, en su idea de quedarse con el frigorífico. La firma de Rossi-Neuman llegó a ofrecer 44 millones de dólares en una primera instancia, pero luego elevó la oferta a 53.360.000 millones de dólares. En las negociaciones con la JP Morgan, los nuevos dueños de Malleco llegaron a pagar, en efectivo, 1.404.600 dólares, según consta en la documentación, ya que compraron títulos de la deuda pública externa argentina, que serían tomados a valor nominal en la eventual compra de la planta industrial, por un valor de 13.116.832 dólares, que estaban a disposición en una cuenta de Nueva York.

Malleco resultó adjudicada con una contratación directa, pero a posteriori el Tribunal de Cuentas tumbó la operación, al no poderse comprobar la situación patrimonial de la firma, lo que abrió el obvio manto de dudas en torno a la potencialidad del grupo. Lo anecdótico fue la desazón del entonces vicegobernador Domingo Daniel Rossi. "Bueno, no se dio y espero que en la licitación próxima haya una mejor propuesta. Espero que los que se quedaron con gran parte del dinero del país vengan a invertir y a no dejar trabajadores en la calle", afirmó, en un extenso reportaje publicado en la revista Análisis el 18 de mayo de 1990.

-¿El gobierno no quedó mal con Malleco? -se le preguntó.

-Ellos están preocupados, porque han quedado desprestigiados y gratuitamente (...) Malleco venía aquí y se asociaba con la Municipalidad, con los trabajadores, con los productores, pero bueno, siempre hay alguien que pone piedras en el camino. Fíjese que hace poco, en un programa periodístico, me preguntaron si yo era socio de la firma Malleco. ¡Es una risa! Para eso debería dejar de ser vicegobernador...

Nunca hubo dudas de que a Rossi lo traicionó el inconsciente.

No son los únicos papeles que muestran la presencia de Blanco como testaferro. Su nombre también consta en el expediente "Martínez Malvasio, Juan Carlos - Su denuncia", que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción de La Paz, a cargo de Carlos Trajtemberg. La causa refería, específicamente, a irregularidades con el manejo de dinero, cometidos en el hospital de Santa Elena, en el que Blanco era su administrador y, la médica Marina Beatriz Choternasty su directora. Esta última siempre fue considerada, también, una persona de estrecha confianza de Rossi. La defraudación registrada en el nosocomio, entre 1988 y diciembre de 1999, puede superar los 200.000 pesos. Buena parte de ese dinero aparecía en los papeles como abonado por trabajos que nunca se hicieron. Uno de los principales testigos que denunció tal situación prestó declaración testimonial en junio del 2002 y el 2 de septiembre de ese año murió en un extraño accidente sucedido. 

Rufino Martínez – de él se trata- era dueño de una parrilla en Santa Elena. Tenía 71 años. Concurrió a declarar al Juzgado de Instrucción de La Paz el 11 de junio del 2002, en la causa del hospital de Santa Elena. Tenía que responder una pregunta específica de la justicia: si en algún momento, desde 1996 en adelante, hizo trabajos para el nosocomio, como reparación de heladeras, arreglos de cerraduras o limpieza del tanque de agua, entre otras cosas.

-¿Pero por qué me pregunta eso, si yo soy comerciante? -inquirió sorprendido.

-Bueno, porque figura documentación, según la cual usted cobró un determinado monto por cada uno de los trabajos que supuestamente habría realizado en el hospital -le aclaró uno de los miembros de la justicia.

-No, están equivocados, yo nunca hice trabajo alguno de ese tipo para el hospital. La única relación que tenía era que, cuando llegaba alguna delegación, lo enviaban a comer a mi parrilla. Me pagaban por eso únicamente. Desconozco los otros cheques; nunca cobré nada de eso que me dicen, porque no me correspondía.

Martínez indicó que quienes lo contrataban eran la directora Marina Choternasty o Ignacio Blanco; que le avisaban previamente para que preparara la comida y que tras la presentación de la boleta, recibía el pago correspondiente.

La declaración testimonial de Martínez causó preocupación en sectores allegados a Rossi porque dejó al descubierto una maniobra de fraude con fondos públicos y nadie quería señalarla con todas las letras, a excepción también de la docente Ana Pemayón, exesposa de Carlos Neuman, que declaró en términos similares el14 de junio del 2002.

Lo extraño fue lo que le sucedió a Martínez a los pocos días. Eran las 19.10 del 21 de julio de ese año -es decir, casi de día todavía-, cuando el comerciante cruzaba a pié por la avenida Presidente Perón, en Santa Elena. En el semáforo ubicado a 200 metros, el joven Rafael Alcides Castro, de 20 años, acompañado por Víctor Emanuel Lúquez, reanudó la marcha de su moto Honda XR 250cc. No había nadie en el lugar. Castro dijo que nunca superó los 35 km de velocidad, que aminoró la marcha, pero igual lo enganchó del brazo a Martínez, con el manubrio de la moto, porque se quedó parado". El hombre sufrió "politraumatismo, traumatismo de cráneo facial con fractura múltiple de maxilar inferior y luxación del hombro izquierdo", según el informe policial del médico Miguel Ángel Manccinelli. Martínez murió varios días después: el 2 de septiembre del 2002, como consecuencia de las graves heridas recibidas.

Castro fue procesado por "homicidio culposo", lo que luego fue confirmado por la Cámara del Crimen de Paraná que integran Felipe Celli, Juan Sobrero y Juan Ascúa. Castro no acudió a defensor oficial: su abogado fue Rogelio Olivera, el mismo que alguna vez también defendió a Domingo Daniel Rossi. 

Nunca se pudo determinar si fue o no una vendetta. El único procesado por el hecho tiene como abogado a un ex defensor de Rossi.

En ese expediente judicial también constaba un informe del Registro Público y General de Comercio de Montevideo (República Oriental del Uruguay), donde se señalaba la existencia de la firma Darmort Sociedad Anónima (las tres primeras letras significarían Daniel Rossi), creada el 25 de junio de 1997, con un capital social de 100.000 dólares. Es decir, 17 días antes de la publicación de la revista Análisis, cuando se denunció por primera vez que Rossi tenía dinero en el Uruguay. Los socios fundadores de Darmort eran Fernando Juan Castagno Schickcndantz y Marcelo Pereira Darriulat, ambos residentes en Montevideo y el objeto social de la firma es la de inversiones en títulos, bonos, acciones, operaciones agropecuarias, comerciales e industriales. Desde el 29 de octubre de 1997 hasta el 17 de marzo de 1998, se designó como presidente a Carlos Neuman. A partir del 18 de marzo de dicho año, el presidente designado fue Ignacio Blanco.

El tema es que tanto Schickcndantz como Darriulat son personajes conocidos en Uruguay y Argentina, en el ámbito de los negocios de lavado de dinero, aunque sus nombres saltaron a la luz pública 10 años después. Pero Rossi demostró que era un adelantado a la hora de vincularse con testaferros de guantes blancos. 

El nombre de Castagno Schickcndantz apareció en 2001, como miembro de ocho empresas sospechadas de lavado de dinero, según los registros de la Comisión especial para investigar delitos vinculados al lavado de dinero, dentro y fuera de las fronteras del país, que entre otros era integrado por Elisa Carrió, Cristina Fernández y Graciela Ocaña. Pero once años después, en marzo de 2012, Castagno Schickcndantz volvió a surgir en en operaciones de lavado de dinero en Argentina y España en la investigación en torno a las irregularidades de la empresa Ciccone Calcográfica, vinculada al exvicepresidente Amado Boudou. El dato surgió de registros comerciales, financieros y legislativos en cinco países. Castagno Schickcndantz era uno de los socios de la firma uruguaya que aparecía como controlante del 50 por ciento de The Old Found SA, a través de la empresa Dusbel SA.

En tanto, en 2015, los nombres de Fernando Juan Castagno Schickcndantz y Marcelo Pereira Darriulat, surgieron en la investigación en torno a las cuentas del Banco Pastor de España, utilizadas para desviar 458 millones de euros. Sucede que uno de los fundadores de la empresa uruguaya Belfast Link -titular de las cuentas del banco gallego investigadas- está también detrás de la firma Dusbel.

Años después, en 2017, la investigación judicial sobre el envío del dinero sucio cobrado por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, en el marco de la causa por corrupción Lava jato, también rozó a Castagno Schickcndantz. 

El Lava jato fue una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 2.640 millones de dólares. Fue considerada como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil y también comprendía lazos con Uruguay y Argentina.

La confesión de los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, que eran colaboradores de la investigación Lava Jato, también permitió vincular a Vinicius Claret Vieira Barreto con el abogado uruguayo Oscar Enrique Algorta Rachetti, dueño del estudio Algorta y Asociados. Algorta estuvo vinculado a la operación Lava Jato desde sus inicios, cuando su nombre apareció junto a uno de los primeros funcionarios de Petrobras indagado y apresado: el exgerente Néstor Cuñat Cerveró. Algorta aparecía como presidente de la sociedad anónima Jolmey, un holding que intermedió en la compraventa de un departamento de Cerveró en Rio de Janeiro. Jolmey fue fundada el 12 de abril de 2007 por el estudio de Fernando Juan Castagno Schickendantz y traspasada a Algorta el 5 de agosto de 2008. Este dato no es menor, si se tiene en cuenta que Algorta adquirió una empresa creada por otros para llevar adelante negocios que se investigaban en la Justicia de ambos países. 

Lo cierto es que el dinero que tenía a su nombre el examigo de Rossi, Ignacio Blanco, tal como figuraba en los papeles, jamás apareció. Y la familia Blanco tuvo que vivir como pudo, peleándola día a día. 

Rossi nunca más les habló. En el juicio sucesorio de Blanco, que se tramitaba también en La Paz, no se pudo registrar ninguna cuenta bancaria a nombre del exadministrador fallecido en julio de 1999, ni de su esposa ni de sus hijos. La respuesta quizás la tenía Rossi, pero nadie le preguntó demasiado. 

El fiscal Martínez pudo avanzar como nadie en las cuentas bancarias de Rossi en el Uruguay, pero otras cosas le costaron. Por ejemplo, el campo que el exvicegobernador había comprado y puesto a nombre de su suegro, padre de su segunda mujer, Patricia Díaz. Se trataba de don Ramón Moncho Díaz, que era un hombre de condición humilde, sin dinero para tal operación inmobiliaria. Eran 400 hectáreas de tierras de la familia de Adolfo Ramos, que eran de los más acaudalados de La Paz. Tenían caballos y practicaban hipismo. El campo estaba cerca de la zona de Quebracho. Cuando el Flaco Ramos se murió, la familia se fue de la ciudad.

El fiscal lo citó a declarar a Ramos y cuando le preguntó si habían hecho la negociación con Domingo Daniel Rossi, les negó todo. “Nosotros se lo vendimos al padre de su mujer. A Rossi no lo conocemos”, les dijo. El punto en cuestión era que el suegro del intendente no tenía forma de justificar tamaña inversión. No obstante, para no afectar a su suegro y ante el reclamo insistente de su hija, Rosi se lo habría transferido a nombre de Ricardo Garbero, una persona de Bovril, estrechamente ligado al exvicegobernador. Garbero fue denunciado ante la justicia, por irregularidades cometidas en el Hospital San Miguel de Bovril, según un informe del Tribunal de Cuentas. También fue una de las personas que testimonió a favor de Rossi en el juicio oral. Pero no pudieron seguir avanzando desde el Juzgado de Instrucción de La Paz.

La otra traba que tenía Martínez y le preocupaba era la férrea oposición que le hacía el vocal de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia. Cuando avanzó la causa contra Rossi, lo que fue avalando el juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg, Carubia pidió que se lo investigue “por mal desempeño”. Era porque consideraba que el juez había cometido violación de secretos al usar los datos de la esposa de Rossi para la causa. Pero la denuncia de Carubia fue desestimada. El vocal del alto cuerpo también le recriminó al fiscal general, Héctor Daniel Morales, las atribuciones investigativas que se estaba tomando Martínez, para llegar a las cuentas de Rossi. Pero Morales tampoco le asignó importancia a su reclamo. Sabía perfectamente cada uno de los movimientos de Martínez.

El mismísimo Rossi, en una entrevista periodística había reconocido, por esos días, que tenía una buena relación con Carubia, quien supuestamente estaba “preocupado” por la forma que se estaba trabajando judicialmente la causa e incluso contó de reuniones que había tenido con él en Paraná, en “un departamento de calle Catamarca”. 

*****

En octubre de 2003, el fiscal Enrique Martínez terminó su trabajo y concretó la elevación a juicio para el pronto juzgamiento de Domingo Daniel Rossi. Habían pasado 6 años del inicio de la investigación. Eran varios los puntos salientes del extenso escrito:

—El informe hacía hincapié en que Rossi tuvo “un enriquecimiento patrimonial apreciable que no se condice con los haberes que percibía por el ejercicio de dichos cargos públicos” (como intendente y como vicegobernador), y requerido formalmente en fecha 11 de febrero de 1999 a justificar la procedencia de dicho incremento patrimonial, lo hizo en forma insuficiente y sin respaldo documental alguno en fecha 10 de marzo de 1999”. 

—Se apuntaba a lo “no acreditando, el abultado y desproporcionado patrimonio, que se ve reflejado, fundamentalmente, en los Informes producidos por el ING Bank, sucursal Paysandú (ROU) y Banco Surinvest, sucursal Montevideo (ROU), los cuales resaltan la existencia de importantes y exageradas sumas de dinero, que intentó disimular con la participación de Fermina González (madre), María Alba Rossi (hermana) e Isolina García (excónyuge), a quiénes colocó como titulares de las cuentas y/o plazos fijos referidos”.

—Específicamente, Martínez resaltaba: 

l)- Informe del ING Bank, Sucursal Paysandú (ROU). Mediante el cual y en respuesta al Exhorto N° 389, dicha institución crediticia informa documentadamente la existencia de los siguientes activos financieros: a)-Nº 311723 (depósito a plazo fijo) abierto en fecha 12/06/89 a nombre de Domingo Daniel Rossi González y/o Isolina Guadalupe García de Rossi, por la suma de U$S 19.000, el que fue cancelado en fecha 03/07/97 contando con un activo de U$S 272.464,33); b)- Nº 261.092 (depósito a plazo fijo) abierta en fecha 03/07/97, a nombre de Fermina González González y/o María Alba Rossi González por la suma de U$S 262.464,33, cancelándose dicho plazo fijo con el retiro de los fondos que ascendían a U$S 263.662,19, en fecha 04/08/97. Que, de un breve análisis que se haga al informe aludido, éste demuestra en primer lugar la existencia de importantes sumas dinerarias que Rossi poseía en la ciudad de Paysandú (ROU), a su nombre, pese a las innumerables y repetidas desmentidas por él realizadas de que no tiene ni tuvo cuentas, plazos fijos, etcétera, en el exterior. En segundo lugar acredita también la maquinaria distractiva puesta en marcha por el involucrado Rossi al traspasar la titularidad de esos abultados fondos dinerarios a nombre de su madre y de su hermana, vínculos parentales que se encuentran suficientemente probados en autos”.  Y que “dicho traspaso y consecuente cambio de nombres de los titulares de aquellos activos bancarios resultan coincidentes con las fechas en que se originan las desavenencias matrimoniales del procesado con su ex cónyuge y co-titular primigenia de los plazos fijos, Isolina Guadalupe García. Pero hete aquí que, y pese a la maniobra urdida por el encartado, incurre éste en un gravísimo “error”, cual es el de colocar como titulares de importantes sumas de dinero a personas -madre y hermana- que por su actividad normal y habitual y situación económica, jamás podían contar con tan cuantiosas sumas dinerarias, y esto así, conforme se encuentra acreditado en autos. La señora madre del investigado -Fermina González- es pensionada, y su hermana -Maria Alba Rossi- jubilada docente, circunstancias éstas que no merecen entonces, ningún tipo de consideración, resultando en consecuencia el elemento suficiente para considerar en forma consistente que dicho dinero era propiedad única y exclusiva de Domingo Daniel Rossi. Llama la atención a este Ministerio Público que durante el ejercicio de las funciones que le competían a Rossi por los altos cargos públicos que desempeñó como vicegobernador e intendente -en dos oportunidades-, ocupados por voluntad electoral de la ciudadanía, haya podido, en primer lugar, ahorrar semejantes sumas de dinero, y en segundo lugar que las mismas fueran depositadas en el exterior y a nombre de personas interpuestas, lo que no se condice con la ética, moral y las obligaciones que el desempeño de sus funciones le imponían, y surge claro entonces que con el despliegue de esa conducta -depositar en el exterior- el imputado evidentemente algo estaba ocultando”.

—2) Informe del Banco Surinvest S.A., sucursal Montevideo (ROU). “En respuesta al exhorto diplomático librado suministra en forma pormenorizada y detalladamente las innumerables e intrincadas operaciones bancarias realizadas por el inculpado, a través de interpósitas personas, reflejando las abultadas y extraordinarias sumas de dinero con que contaba a partir del 26 de mayo de 1990”. Se consignó, por ejemplo, que la cuenta Nº 5508247 existió en nuestro banco y estaba a nombre de García, Isolina y/o González, Fermina. La misma fue abierta el día 28 de mayo de 1990.

La cuenta Nº 1137777 se encontraba registrada a nombre de González, Fermina y/o Rossi María Alba…”. Se indicó que del informe bancario queda claro “la inexistencia de cuentas a nombre de Rossi e inexistencia, también, de personas registradas como apoderados o autorizados para el manejo de dichas cuentas, no se erige como un elemento relevante para descartar de plano que Rossi era el titular de dichas cuentas”. Se destacó además que la Cuenta Nº 1137777 registraba al momento de su cierre un haber de U$S 1.293.228 y la cuenta Nº 5508247 llegó a tener, en sus innumerables movimientos, un haber 1.533.712,78 dólares, “lo que indica fehacientemente un importante incremento patrimonial, que en modo alguno se condice con la calidad de funcionario público del imputado y con su posible capacidad de ahorro; y menos aún, con la situación económica de quienes actuaban como interpósitas personas, surgiendo consecuentemente de ello, y conforme lo tengo dicho antes que ahora, que evidentemente la titularidad de dichos dineros correspondían a Rossi”.

Y acotaba el fiscal. “Es dable destacar que de la información suministrada por la entidad bancaria surgen innumerables movimientos de fondos en las cuentas a nombre de los familiares directos de Rossi, los que alcanzan cifras varias veces millonarias, reflejado esto a través de los cuantiosos depósitos y retiros efectuados en las cuentas antes indicadas. Que además, de los resúmenes de cuentas indicados, surge la existencia de un importante número de plazos fijos y cuentas vinculadas, donde se ingresaba dinero -en diferentes sumas- y se lo regresaba a la cuenta a la vista, logrando con ello evidentemente un rendimiento bonísimo e inmejorable de las colocaciones dinerarias, obteniendo como renta sumas millonarias en dólares, las cuales por aparecer como extraordinarias y exorbitantes, resulta imposible atribuírselas en propiedad a quienes el procesado Rossi colocó como titulares de los referidos plazos fijos ó cuentas, habida cuenta que su madre Fermina González, su hermana María Alba Rossi y su excónyuge Isolina García, por sus ingresos y real situación económica -suficientemente acreditada- no pueden probar siquiera mínimamente la propiedad de tan importantes y millonarias sumas de dinero”.

—Más adelante, Martínez se refirió a la justificación patrimonial que hizo Rossi al declarar en la causa. Se recordó que el 10 de marzo de 1999 presentó “un memorial mediante el cual pretende justificar el patrimonio que “prima facie” se le atribuía. En dicho memorial Rossi efectúa una serie de incomprensibles, cinematográficas y vanas consideraciones por las cuales pretende justificar el abultado patrimonio que se le atribuía, expresando, sin reconocer como tampoco negar la existencia de las cuentas uruguayas informadas, que conforme a un trabajo de treinta años, en diferentes actividades privadas y públicas, logró, y por su capacidad de ahorro, acumular un capital superior al millón de dólares, y en este sentido refiere a lo “ganado” cuando era empleado del frigorífico, en la explotación de un taxi, como conductor de ambulancia, como transportista, como empleado de la Proveeduría del Sindicato de la Carne en Santa Elena, justificaciones éstas que aparecen groseras y nada creíbles, y que por su contenido me eximen del más mínimo análisis y consideración, a lo que debe sumarse que dichas aseveraciones ni siquiera fueron intentadas de comprobación por parte del requerido mediante documental alguna”. 

—“A partir de ello, lo único que Rossi ha podido acreditar son sus ingresos como funcionario público, toda vez que los registros impositivos nacionales informaron que Domingo Daniel Rossi no figura ni figuró como contribuyente por actividad privada alguna, y su única inscripción es a los efectos de la emisión de cheques, que nada tiene que ver con la cuestión en tratamiento. No debo dejar de mencionar que entre los ingresos como funcionario con los que pretende justificar su patrimonio, Rossi incluye, a mi modo de ver en forma irregular, la apropiación de los “Gastos Reservados” que correspondían a su investidura pública como vicegobernador, pero que, a mi criterio y modesto entender, no pueden ser considerados parte de sus haberes, no obstante esta humilde apreciación, tal circunstancia no es materia de investigación en los presentes autos. Del mismo modo deben considerarse los aportes dinerarios que recibiera Rossi para aplicarlos a las campañas políticas, y pese a su esfuerzo por acreditar los mismos como parte de su patrimonio al haber traído testigos que corroboraran sus afirmaciones, aquellos en forma genérica, vaga y sin documental alguna que respalden sus dichos, afirman -subjetiva y parcialmente- haber dado ó entregado a Rossi diferentes sumas de dinero, pero solamente aplicables a un destino proselitista, por lo que entonces va de suyo que ese dinero ingresó ó no a su peculio personal, no obstante el claro y contundente destino político al estaban asignados. Lo expuesto me permite afirmar entonces que aquellos testimonios no pueden ser valorados ni considerados con seriedad. Sin perjuicio de lo irracional del memorial' justificativo y de la mendacidad que surge de su contenido, a efectos de salvaguardar las legítimas garantías constitucionales que le asisten al imputado, y pese a no contar con documental alguna en las que se puedan sostener las afirmaciones por él realizadas, se ordenó, previo pedido del Ministerio Público Fiscal, la realización de una pericia contable, la cual, y es válido así manifestarlo, no fue objeto de observación alguna por parte del inculpado ni objeciones al resultado final de la misma, como tampoco ofreció, Rossi, perito de parte a fin del control y/o cualquier tipo de impugnación al trabajo técnico, pese a la intervención que Rossi poseía”. 

—En la conclusión de su informe, el fiscal Martínez indicó: “Que, acorde a lo que se viene exponiendo, y conforme al mérito de los elementos probatorios colectados en autos supra referidos, cabe concluir que la justificación que realizara Domingo Daniel Rossi de su patrimonio, ante el requerimiento debida y legalmente efectuado, resulta hartamente insuficiente con relación al acervo patrimonial, apreciable y desmesurado, atribuido, el que se encuentra acabadamente acreditado en autos, no cabiendo duda alguna sobre la existencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable no justificado de su parte; incremento patrimonial acontecido, dada las fechas que se informan, durante el ejercicio de la función pública por parte del procesado, esto es como intendente de la ciudad de Santa Elena (ER) durante los períodos comprendidos entre los años 1983/1987 y 1991/1995, y como vicegobernador de la Provincia de Entre Ríos en el período 1987/1991, utilizando interpósitas personas (madre, hermana y excónyuge) para disimular el mismo, las que en modo alguno pueden justificar -siquiera mínimamente- la propiedad de las millonarias, extraordinarias y exorbitantes sumas de dinero registradas a sus nombres en los bancos extranjeros y que fueran informadas por estos.

En definitiva, la materialidad del hecho criminoso endilgado, como la autoría responsable por parte de Domingo Daniel Rossi se encuentra ardua, contundente y suficientemente probados en autos, a partir, y atento al ilícito que se le atribuye, que consiste en la no justificación, entendido como falta de acreditación de la procedencia del enriquecimiento-, no contestar el requerimiento ó la imposibilidad cierta de probar esa procedencia -insuficiencia de la justificación-; en la especie, debemos necesariamente ubicarnos en este último supuesto, en tanto y en cuanto, y como ya ha quedado reflejado en la formación de esta pieza procesal, Rossi en forma insuficiente ha pergeñado vanamente una especie de justificación, que a la luz de las probanzas reunidas resulta deficiente, ya que ni siquiera mínimamente ha podido acreditar la veracidad de su pretensa justificación. Y así, surgiendo claro y contundente la inexistencia de los ingresos no justificados en forma convincente por el investigado en su escrito de Justificación de Patrimonio ya analizado, emerge entonces con meridiana claridad que los ingresos por éste denunciados y acreditados mediante la documental lograda y que obran en la causa, resultan holgada mente inferiores a las millonarias y extraordinarias sumas de dinero informadas por los bancos uruguayos, ignorándose cuál es el verdadero origen de los fondos, acreditando dicha circunstancia entonces la existencia de un incremento apreciable, lo que se obtiene haciendo una ecuación entre los normales ingresos del funcionario y la magnitud del enriquecimiento; es decir, el aumento patrimonial debe ser razonable y directamente proporcional a las posibilidades de crecimiento económico que el cargo implique, razonabilidad y proporcionalidad que en la especie no se da”.

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En diciembre de 2003 Rossi asumió un nuevo mandato en la Municipalidad de Santa Elena. Una de sus primeras obsesiones fue convencerlo al gobernador Jorge Busti -que había empezado su tercera administración- para que la nueva cárcel que iba a realizar el gobierno entrerriano se concretara en Santa Elena. Pero finalmente no lo consiguió.

En septiembre de 2004 se jubiló Arturo Landó como camarista y por ende quedó una vacante en el tribunal que lo enjuiciaría a Domingo Daniel Rossi. El tribunal estaba integrado por Landó, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. Lo peor que le pudo pasar a Rossi fue que esa vacante la ocupara el entonces juez Correccional Jorge García. El exvicegobernador no lo conocía a García, pero el magistrado de Concepción del Uruguay sí sabía perfectamente quién era Rossi y cuál era su historia de negociados y corrupción. 

Un mes después hubo una noticia fuerte para el intendente de Santa Elena: el fallecimiento de su abogado y amigo, Carlos Neuman, con quien había delineado buena parte de la estrategia de defensa para el juicio, junto a Julio Federik, que se incorporó a fines de 2003. Neuman, de 55 años, falleció en su domicilio, como consecuencia de un coma diabético. Era asesor del intendente en el municipio, donde estaba residiendo. Hacía más de 15 años que estaban juntos con Rossi. Dos meses antes también falleció Rogelio Olivera, el primer abogado de Rossi cuando se inició la causa por enriquecimiento ilícito.

Un año antes, comenzó a avanzar la idea del desembarco de Sergio Taselli, para quedarse con el exfrigorífico regional Santa Elena. El empresario, para muchos considerado “el Yabrán de Néstor Kirchner”, llegó de la mano de Mario Montoto, exmontonero, exsecretario y apoderado legal de Mario Firmenich, CEO de Codesur (Corporación para la Defensa del Sur), dedicada a la venta de armamentos -representa, entre otras, a una de las mayores fábricas de armas de Rusia-, y al mantenimiento de naves de guerra de superficie y submarinos. En Codesur revistan en retiro activo exmilitares del Ejército y la Marina. 

Mientras perpetraba su fructífera incursión por Río Turbio, Taselli aceleró la construcción de un verdadero holding, que incluía Trenes Metropolitanos, Frigorífico Santa Elena, Parmalat, Materfer, Aceros Zapla, Petroquímica Bermúdez, Agrinac, redes distribuidoras de energía eléctrica. Bajo todos los gobiernos, desde Carlos Menem a Néstor Kirchner, pasando por Eduardo Duhalde y Fernando De la Rúa. Siempre al asalto de empresas quebradas y habitualmente sin desembolsar un solo peso o pagando un precio simbólico de un peso; bastaba, al parecer, con recibir subsidios a cambio de su promesa de hacerse cargo de los pasivos, pero a veces se olvidaba de lo que prometía y optaba por la quiebra lisa y llana.

La llegada de Taselli fue un especie de acuerdo entre el flamante gobierno de Kirchner y Jorge Busti. El exgobernador, a cambio, le pidió que el exsenador provincial Raúl Abraham Taleb, oriundo de Diamante, pasara a ser embajador argentino en Cuba. Y así ocurrió.

Como no podía ser de otra manera, a Rossi no le importó demasiado quién o quiénes estaban detrás de Taselli y se jugó a muerte por su llegada a la vapuleada planta industrial. Reactivar la principal fábrica de la región le daban un rédito político y levantaba su alicaída imagen, más aún a pocos meses del juicio oral por delitos de corrupción.

En la Navidad de 2004, Taselli formalizó ante el Banco de la Nación Argentina una oferta de tres millones de pesos, pagaderos en cuatro años, para adquirir el predio del exfrigorífico regional Santa Elena, del que ya era propietario de la maquinaria. La presentación, enviada a la titular de la entidad crediticia, Felicia Miceli, fue elevada por Mario Joris, uno de los apoderados de Taselli, en nombre de la firma Santa Elena Alimentos SA, sobre la que tenía injerencia el cuestionado empresario, aunque no figuraba en la sociedad. Joris, exfuncionario de Carlos Reutemann, era socio del entonces diputado nacional Jorge Giorgetti (PJ-Santa Fe), en una sociedad de hecho con sede en Rafaela, de donde ambos eran oriundos. El acto de traspaso del frigorífico se concretó en septiembre de 2005, en la sede de La Paz del Banco de la Nación Argentina. Rossi no podía ocultar su alegría.

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A principios de 2006 comenzaron los movimientos para organizar la acusación judicial contra Rossi. 

El fiscal de Cámara, José María Chemez lo llamó a Enrique Martínez y le pidió si lo podía ayudar en el juicio, al conocer más en detalle cada uno de los elementos de la abultada causa. 

--Yo no tengo problemas, doctor. Para mi será una satisfacción. Lo haré con gusto y el tiempo que usted lo precise -contestó el fiscal Martínez. 

Chemez y el fiscal se reunieron en Paraná, vieron la causa y Martínez se puso a total disposición para los días siguientes y el propio juicio.

--¿Y usted qué condena le pediría? -le preguntó Chémez.

--Yo pediría 4 años de pena. Así va a la cárcel por un tiempito por lo menos. Es mucho dinero el que se dilapidó de los fondos públicos.

El fiscal Chémez le agradeció su opinión y quedaron en volver a encontrarse en días siguientes. Nunca más lo llamó. Evidentemente, alguien de más arriba dio esa orden y había que cumplirla a rajatablas.

El 2 de mayo de 2006 fue el día de inicio del juicio contra Rossi. Ese día, un contingente de aproximadamente 600 personas de Santa Elena llegaron después de las 10 de la mañana a Paraná para apoyar al intendente. Casi todos, militantes barriales de Rossi y empleados públicos municipales. Lo hicieron en varios colectivos, que se estacionaron en calles Salta y Andrés Pazos, por lo cual los seguidores del jefe comunal debieron recorrer a pie buena parte de la zona céntrica y arribaron cerca de las 11 a las puertas de Tribunales. Con banderas, pancartas y una camioneta con equipo de sonido desde donde realizaron proclamas y cuestionamientos a la revista Análisis, por denunciar los hechos en 1997, permanecieron en las escalinatas del Palacio de Justicia, con pancartas, carteles y banderas que se desplegaron en el lugar. Y al término de la audiencia recibieron a Rossi con aplausos, para partir en caravana por las calles de la ciudad. La marcha -liderada por Rossi y los legisladores justicialistas Emilio Castrillón y José Angel Allende (líder también de UPCN), entre otros, se dirigió por calles Santa Fe y Cervantes hasta llegar hasta donde estaban los colectivos en los que arribaron a Paraná.

En Santa Elena, mientras tanto, se vivía un clima tenso y algo violento. Algunos periodistas de la ciudad denunciaron presiones, amenazas y hostigamiento constante en días previos al juicio.

Uno de los testigos citados a declarar en Tribunales, Oscar Berecochea, recibió amenazas y su domicilio particular fue apedreado en horas de la madrugada, previo a su presencia en Paraná. 

Berecochea es un exempleado del frigorífico Santa Elena, durante la etapa de instrucción su testimonio fue importante, puesto que se presentó espontáneamente en el Juzgado de La Paz para desmentir a Rossi, sobre lo que ganaba como encargado de la Proveeduría de la planta, puesto que él ocupó el mismo lugar. Para avalar su testimonio, el hombre llevó incluso copia de los recibos. En tanto, el periodista radial Carlos Furman, que ha recibido incesantes amenazas por su labor, estaba con custodia policial permanente en su casa.

La sala de audiencias se llenó totalmente ese día. Había numerosos amigos y allegados a Rossi cubriendo cada una de las butacas del lugar. Entre ellos, los dirigentes Irma Turdó y Héctor Luis Hairala, que se ubicaron en primera fila. “Vinimos a acompañar al compañero Rossi”, dijeron cuando alguno les preguntó e incluso no se privaron de saludar al imputado. Turdó, exasesora comercial en las embajadas argentinas de Paraguay y Uruguay en las dos administraciones de Carlos Menem, era una “vieja amiga” de Rossi desde poco antes de que éste asumiera como vicegobernador. La señora cumplía aún por esos días funciones no determinadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Hairala fue por varios años hombre de confianza de Rossi, pasó por la Dirección de Derechos Humanos en la gestión de Mario Moine (PJ) e integraba la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación.

Rossi declaró en el segundo día del juicio oral. Lo hizo por espacio de más de una hora. Comenzó a testimoniar luego de que el fiscal José María Chémez y los integrantes del tribunal rechazaran un planteo de su abogado Julio Federik, quien solicitó la nulidad de la acusación, porque, a su entender, no se especificaba el monto del dinero por el cual se considera que se enriqueció en forma ilícita y eso vulneraba el derecho de defensa. Al comienzo de su indagatoria, Rossi ratificó que por primera vez haría uso de la opción de declarar ante el tribunal para contar “mi verdad y la absoluta verdad”. Reconoció que hubiera preferido que el juicio se realizara "en Santa Elena" (donde nunca existió sala juzgadora ni juzgado penal), pero que no siendo posible pidió “que comprendan a la gente que vino. Ellos no están para reclamar, sino para acompañar, para apoyar con la esperanza de que esto tenga un final feliz”, acotó. Por eso pidió: “Ojalá que Dios ilumine a todos en este proceso”, mirando al presidente del tribunal, Jorge García, que ni se inmutó con la frase.

Rossi comenzó haciendo un racconto de sus inicios como trabajador del frigorífico cuando tenía 14 años, de la mano de su padre, que era jefe de personal de la planta. Recordó que en sus inicios le gustaban las motos, y que luego cambió por los autos por pedido de su madre. Contó que primero se compró un Ford Falcon y que luego lo cambió “por un Torino amarillo, totalmente novedoso para la época”. Luego habló de su acercamiento al Sindicato de la Carne y a la Juventud Peronista, su trabajo como camionero para el frigorífico e insistió en que por esas épocas “hice un importante capital”, aunque nunca dio mayores detalles.

Luego se refirió a su trabajo como titular de la Proveeduría del Sindicato de la Carne, que dependía del entonces frigorífico regional Santa Elena, que según dijo, lo catapultó a la arena política con “apenas 28 años”. Aseguró haber aceptado el ofrecimiento porque “era muy grande el acompañamiento de la gente”. Como ante el detalle de todas las campañas políticas de las que tuvo que participar, insistió en que “cuando empezamos a movilizarnos, yo era quien manejaba los recursos y los elementos de la campaña”, y también recordó que su exesposa Isolina García también trabajaba “en la Sección Bioquímica del frigorífico, por lo que eso era otro ingreso que teníamos”.

“En ese momento, estando solo porque el radicalismo había ganado en la mayoría de los departamentos, tuve que decidir mi futuro en la política o si pasar cuatro años y volver a la actividad privada, para lo cual tenía que prepararme. Pero me decidí por la política, porque yo había llegado a la función pública con lo que había hecho en la actividad privada. Y la política ha sido mi vida en estos años”, relató Rossi.

Recordó que “en esos años la política partidaria estaba sostenida por los aportes de los gremios y de los particulares. No se puede hacer política sin recursos”, acotó y aseguró que “para hacer una campaña provincial hay que tener tres o cuatro veces más de lo que se me pide a mí que justifique”. Pero luego reiteró que era él "quien administraba los fondos" ya que su tarea como vicegobernador era menos comprometida, mientras Jorge Busti era el encargado de gobernar la provincia. “Yo estaba a cargo de las cuestiones políticas y partidarias”, dijo y agregó que “los recursos que quedaban seguían para otras campañas”. Rossi recordó también que a fines de la década del '70 accedió a una vivienda de 54 metros cuadrados del Banco Hipotecario Nacional que pagó en cuotas; y que en 1990 -en que ya era vicegobernador- se compró su primer automóvil cero kilómetro a través de un plan. También se refirió a la venta del exfrigorífico Santa Elena, concretada al Grupo Constantini, asociado al Citibank. “Se hablaba de que cuando se vendió la planta alguien pudo haber cobrado una comisión. Pero eso fue en 1991”, dijo Rossi al tribunal. Recordó que en 1993 se hizo cargo del Partido Justicialista y que “durante la campaña de 1994 manejamos todos los recursos”.

Más adelante hizo referencia a su regreso a la Intendencia de Santa Elena en 2003, a pesar de “la campaña de desprestigio en la que se basó la oposición. Pero, señor presidente y señores jueces: ¡El 60 por ciento de la gente me ha honrado con su voto!”, remarcó. 

Enseguida tuvo un par de reprimendas del presidente de tribunal porque cuestionó la actuación del juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg, y por embestir contra el periodismo: “La revista Análisis me dedicó más de 50 tapas en las que me han demonizado, pero no pudieron hacerlo ante mi pueblo, donde me conocen. Tal vez quieren con ello influenciar el resultado de este juicio”, dijo. A lo que García le respondió serio: “Quédese tranquilo Rossi, yo ignoro todo eso y no leo diarios ni revistas”.

Por último, insistió en que “yo no llegué a la política con lo puesto. Por supuesto que si se toma lo que he hecho desde 1991 no puedo justificar mis ingresos. Pero si se toma mi actividad privada y mi trabajo como intendente y como vicegobernador, podré demostrar lo que gané”, y aseguró que “tengo una tranquilidad de conciencia absoluta de que no he hecho nada fuera de la ley. Ojalá Dios los ilumine y me permitan demostrar los ingresos que he tenido desde 1983, porque si eso pasa no necesito de los fondos reservados ni de las campañas políticas”. La audiencia finalizó a los pocos minutos sin que Rossi contestara preguntas. “Prefiero no hacerlo por ahora”, dijo y se fue adonde lo esperaban aquellos que habían llegado dos horas antes desde Santa Elena, marchando por las calles de Paraná.

En el juicio también declararon la exesposa de Rossi, Isolina García y su amiga y exesposa de Carlos Neuman, Ana Pemayón, que fueron las primeras denunciantes del exvicegobernador. 

Pemayón fue la primera en prestar declaración. La docente, que vivió en Santa Elena hasta el 2005, relató que “todo comenzó con un llamado telefónico” por el cual Isolina García se enteró de la existencia de “un papel con un número de cuenta, firmado por ella, para realizar una extracción de 50.000 dólares. Ella dijo desconocer la existencia de cuentas y que quería investigar”, acotó. Por esto, recordó que viajaron a Buenos Aires, “a la sede del Banco Surinvest, que estaba en el edificio del Argengroup, donde se constató que había una cuenta, donde aún había 10.000 dólares”.

También mencionó que se enteraron “de la existencia de cuentas en el Uruguay” por lo que viajaron a Montevideo y llegaron al ING Bank, adonde no se les “brindó mayor información, aunque reconocieron la existencia de una cuenta a su nombre”. Allí, Isolina García “dejó constancia de su presencia para averiguar sobre el tema”, según contó Pemayón. Al ser consultada por el tribunal sobre los motivos esgrimidos desde la entidad bancaria para negar esa información, Pemayón dijo que “todo el tiempo le reprocharon cómo, si era la titular de las cuentas, no sabía de su existencia, a lo que ella explicaba que no sabía nada y que le extrañaba que se usara su nombre”. 

Cuando se le preguntó sobre la forma en que accedió a la documentación probatoria de la existencia de las cuentas, contó que la recibió de manos de su exmarido, Carlos Neumann, quien “se encontraba muy enfermo” y que le advirtió que “en algún momento me iban a servir”. Si bien nadie se lo preguntó ni la testigo lo dijo, al parecer en 1997 existía un marcado distanciamiento de Rossi con Neumann, por supuestos negocios. Años después, Neumann se transformó en defensor del exvicegobernador. En tanto, sobre las explicaciones de Isolina García de la situación, Pemayón aseguró que “decía que nunca se le informó de las cuentas; que se sentía estafada porque se usó su nombre y que no sabía quien manejaba la cuenta y si se falsificaba su firma”. Más adelante, dijo que conoce a Rossi “de toda la vida y de la militancia”.

Respecto a la situación patrimonial del imputado Rossi, antes de acceder a la función pública, aseveró que “aparentaba una situación como el común de la gente de Santa Elena”. “La ciudad de Santa Elena creció en torno al frigorífico, y la mayoría somos de origen muy humilde, o de clase media”, explicó.

También reconoció haber recibido “presiones económicas”, “que venían por el lado de mi exmarido”, quien “se reservó el derecho de hacer un contrato de manutención de los chicos, y el derecho de decidir cuánto sería el monto y cuándo lo pasaba. Me decía que si no desistía de hablar nunca recibiría ayuda para mis hijos”, se explayó. “Y por el lado familiar, como tengo tres chicos, venían amenazas continuamente de quitarme la patria potestad y la tenencia”, agregó.

Al término de las preguntas del tribunal, la querella -que encabezaba el titular de la Oficina Anticorrupción, Luis Pedemonte- solicitó que reconozca la documentación obrante en la causa, en especial aquella que tenía que ver con el primer viaje que realizaron a Uruguay tras la pista del dinero. En tanto, el abogado defensor Federik planteó como contradicción de la testigo “la ocasión y la razón” por la que el abogado Neumann le entregó los papeles comprometedores a su exesposa y recordó que en la etapa instructoria Pemayón declaró que “recibió los papeles como prueba para presionar a Rossi”. De todas formas, el presidente del tribunal le indicó que “no se advierte" tal contradicción. Asimismo, Federik destacó que Pemayón inició contra su defendido “una acción civil” y un acción penal por calumnias e injurias ya que “al defenderse, Rossi lo hizo de una manera injuriosa”, pero terminó retractándose de sus dichos.

Isolina Guadalupe García comenzó su testimonio relatando que “luego de la separación de Rossi” recibió un llamado de Ana Pemayón, quien le informó sobre la existencia de las cuentas bancarias, y le aclaró que no se lo había hecho saber antes “por ser la mujer de Rossi. Me pidió que nadie tenía que vernos y por eso nos encontramos en una tienda”, contó. Luego, recordó que al enterarse de la situación viajaron a Buenos Aires, adonde confirmó la existencia de una cuenta y retiró dinero, y a Montevideo, en donde le negaron información amparados en el secreto bancario. “Después de eso hice la exposición judicial en Paraná, y luego me llegó la citación del juez Carlos Trajtemberg donde ratifiqué lo dicho anteriormente”, destacó. De inmediato el juez García le recordó que en su momento presentó una nota retractándose de todo lo expuesto anteriormente, a lo que la exesposa de Rossi replicó que “tenía presiones. En el momento de hacer esto no me sentía en mi persona”, remarcó.

“Cuando me entero que había mucha plata a mi nombre, quería limpiar mi honestidad, sentía mucha presión y estaba mal. La plata venía de algún lado, pero nosotros vivíamos normal. Además veía que mis hijos estaban mal, tenía presiones de acá y de allá, a tal punto que me interné 10 días en Puiggari y luego de eso hicimos el escrito con Pompy Olivera”, dijo Isolina García, en referencia a quien también fuera abogado de Rossi hasta el 2004.

Más adelante admitió haber recibido “amenazas” aunque dijo desconocer “si eran de Rossi”. “Eran bastante bravas; tiraban papeles por debajo de la puerta o realizaban llamados telefónicos en que nos acusaban a todos de ladrones o cosas similares”. En este marco, reconoció que “tenía un poco de miedo pero seguí la investigación porque quería saber cuánta plata estaba a mi nombre”.

Consultada sobre la situación económica de su familia, graficó: “Nos alcanzaba para vivir, nunca salí del país y nunca tuve, ni tengo pasaporte”. De todos modos, reconoció haber viajado con su exmarido a Uruguay y Buenos Aires, y admitió que “si me pedía el DNI se lo daba porque era mi marido y le tenía confianza”.

Por su parte, el fiscal Chemez solicitó precisiones sobre la propiedad de la casa de Paraná, ubicada en calle Colón, a lo que la testigo dijo que “era una casa de fin de semana” y que si bien creía que era propiedad de su marido, por unos papeles que encontró por casualidad se enteró que en realidad la vivienda estaba a nombre de su excuñada, María Alba Rossi. Al respecto, aseveró que su excuñada “vive normal” aunque consideró que “podría haberla comprado”. Consultada sobre si la situación económica de Rossi le permitía tener ahorros, respondió: “Vivíamos normal”.

Ante las consultas de Federik, Isolina García relató que “cuando trabajaba en el laboratorio del frigorífico era soltera”, y que luego de siete años solicitó “licencia sin goce de sueldo porque Rossi asumió como intendente”. Además, dijo que antes de ejercer cargos públicos “Rossi era el gerente de la proveeduría de Santa Elena” y reconoció que en esa época el lugar “creció e incluso funcionaba un supermercado. Santa Elena vivía prácticamente de la proveeduría y se proveía todo de ahí”, añadió.

También dijo que “cuando Rossi fue intendente no hubo modificación en el nivel de vida” de su familia y tampoco cuando fue vicegobernador. Asimismo, indicó que al enterarse de la existencia de las cuentas estaba separada de Rossi “hacía un año y medio o dos” y que al pedirle explicaciones a su exmarido, éste le contestó que “era plata de la campaña y no me correspondía nada”.

Por último, ante una pregunta del camarista Herzovich, dijo no recordar si le preguntó a su exmarido por qué las cuentas estaban a nombre suyo si se trataba de dinero proveniente de campañas políticas. Y comentó que al divorciarse no realizó ningún reclamo sobre el dinero de las cuentas, ya que “no había mucho, y me dejó una casa y 450 pesos mensuales”.

En la última jornada del juicio declaró el contador Julio Budasoff –quien debía testimoniar en la primera jornada, pero no lo hizo por haber llegado tarde- quien explicó que fue contratado por la defensa para realizar una proyección de los ingresos del exvicegobernador y de su capacidad de ahorro. Tomando como base de datos un consumo mensual de 1.500 pesos –al que consideró “razonable”-, el profesional realizó un extenso y detallado análisis de los diversos montos que percibió Rossi en concepto de sueldos, gastos reservados y otras compensaciones, calculó la capacidad de ahorro y lo sometió al crecimiento por los intereses compuestos de los bancos. A poco de iniciada su testimonial, el fiscal Chémez solicitó que no se permita al contador finalizar la presentación de su pericia por esta vía, teniendo en cuenta que la misma no había sido finalizada a tiempo durante el proceso de instrucción. Así, Federik debió obviar las preguntas al respecto y el testigo dio los números esperados por la defensa, realizando un trayecto por las sumas cobradas dos veces como intendente y una como vicegobernador. En síntesis, concluyó que “sumando los sueldos que cobró como intendente y vicegobernador, más la pensión que cobra por haber ocupado este último cargo, la suma que ahorró es de poco más de 1.442.000 pesos”.

Durante la instrucción de la causa por enriquecimiento ilícito, el entonces diputado nacional Carlos Daud (PJ) presentó un escrito en el que reconocía haber aportado dinero para campañas proselitistas y que Rossi había trabajado como colaborador suyo en el anterior mandato como legislador provincial, el cual fue anexado durante el juicio. El testimonio que Daud brindó durante la instrucción de la causa fue incorporado por pedido de la defensa de Rossi, que lo consideraba vital. El legislador dijo que Rossi era colaborador permanente durante su primer mandato como diputado nacional y que percibió 72.000 pesos por tal tarea. Daud confirmó a la Justicia lo dicho por Rossi, pero no aportó pruebas documentales para avalar sus dichos.

También declaró Gerardo Hormaechea, quien durante la etapa de instrucción dijo que le dio 60.000 dólares a Rossi, pero en una entrevista concedida a la revista Análisis, a días de iniciarse en juicio reconoció haber dicho eso porque fue coaccionado por el intendente y desmintió tales aportes, lo cual ratificó en el juicio oral.

Después fue el turno del exsenador nacional Héctor Maya (PJ-Entre Ríos), quien de entrada dijo que desconocía por qué había sido citado a declarar en el juicio. Abrió su declaración aseverando que el financiamiento de las campañas políticas es una situación “extremadamente compleja” y realizó un detalle de las diversas instancias previas a las elecciones en que participó desde 1983, reconociendo que en algunas tuvo, junto con Rossi, “un papel importante” en los manejos económicos. Brindó incesantes especificaciones sobre los diversos candidatos justicialistas y las alineaciones entre candidatos perdedores y ganadores; recordó a Gualberto Beto Garamendy (uno de los históricos cajeros bustistas, de cuyo testimonio el tribunal desistió) como alguien que tuvo “una participación descollante” en el manejo de aportes y detalló que generalmente se reciben aportes de particulares y empresarios. También contó que en la provincia “el que diseña la campaña política siempre es el candidato a gobernador, quien adquiere plena responsabilidad de derivar el manejo de fondos a gente de su confianza”. Además, se encargó de enfatizar que todos los funcionarios políticos, legisladores o concejales deben realizar aportes partidarios y de campaña. Dijo que nunca escuchó “reproches” hacia Rossi por el manejo que realizaba de los fondos y se permitió indicar que los sucesivos triunfos electorales le significaron un voto de confianza de la gente de Santa Elena. “Nunca escuché críticas sobre ninguno de los responsables de las campañas políticas del justicialismo”, aseveró. También reconoció que “quien tiene más gravitación y fuerza política tiene posibilidad de recaudar más” y destacó que “en ese momento Santa Elena tenía una gravitación muy fuerte”. En este punto, relató que “por orden de (Jorge) Busti” para la campaña del ´87, tenía que entregarle el dinero recaudado al candidato a vicegobernador, Domingo Rossi.

Respecto a los montos específicos que se gastan en una campaña, dijo que en la última elección gastó “entre 500 y 600.000 mil pesos/dólares” en contraposición con lo gastado por la lista oficial que estimó en “cuatro o cinco veces más”, además del gasto “estable y permanente”, como el “pago a los periodistas”. Así, habló por extensísimo espacio de tiempo sobre la licuación de deudas del grupo Clarín, al que calificó como “una verdadera asociación ilícita”. Por último, dijo desconocer si Rossi pudo haber ahorrado más de 700.000 dólares como hizo saber Budasoff, ya que “a mí nunca me rindió cuentas”, explicó. De todas formas, consideró que “debe haber manejado más cantidad ya que hoy, en una campaña provincial austera, se deben manejar entre cinco y seis millones de pesos”.

Finalmente, las declaraciones menos trascendentes fueron las de Ricardo Garbero y Ricardo Sale –sólo habló durante unos cinco minutos-, quienes admitieron haber realizado aportes económicos a las campañas políticas del justicialismo. También dijeron que de dichos montos no se otorgan ni solicitan recibos que comprueben las diversas transacciones. En tanto, Oscar Berecochea, quien al igual que Rossi fue gerente de la Proveeduría de la Carne, reiteró su declaración de la etapa instructoria en la que desmintió que en ese cargo se cobraran altos sueldos o comisiones. Recordó que en su momento, para defenderse Rossi dijo que “se le pagaban porcentajes por las ventas que realizaba” en la Proveeduría, lo que descartó de plano al afirmar que “del sueldo que ganaba como trabajador especializado del frigorífico se me abonaba un plus que sería de un 10 por ciento más”. Por último, recordó que la semana anterior recibió ataques en su vivienda y afirmó que su declaración "al decir la verdad, es un homenaje a los trabajadores del frigorífico que desaparecieron por el estrés de no poder subsistir".

Finalmente Rossi volvió a pedir el uso de la palabra. Así destacó que lo dicho en su primera declaración fue confirmado por los testigos que prestaron testimonio durante las precedentes jornadas del juicio y recordó que su exesposa, Isolina García, manifestó en su testimonial que vivían “con austeridad” y que tenían una vida normal. “Podría haber utilizado los fondos del Estado para cambiar de casa o de auto pero no lo hice y en cambio viví durante 20 años en el mismo lugar”, sostuvo. Incluso destacó que su esposa, al momento del divorcio, no le reclamó “absolutamente nada del dinero porque era de la política”.

También se encargó de aclararle al fiscal José María Chemez que la vivienda de Paraná era propiedad de su cuñado, quien se desempeñó en la Municipalidad de Santa Elena durante la primera intendencia de Rossi, y aseguró: “No es mi casa”. Además, admitió que desde el ´83 tuvo “un gran protagonismo en los movimientos económicos y políticos” de las campañas proselitistas. Volvió a reconocer la existencia de las cuentas en Uruguay, a nombre de su hermana, madre y exesposa -o sea, una historia que negó por más de 10 años, engañando a propios y extraños-, destacó el hecho de no haber comprado “casas ni campos” y aseveró: “Por eso estoy acá, porque no invertí”. En este punto, reconoció que “tal vez me equivoqué y tendría que haber dado estas explicaciones durante la instrucción, pero me aconsejaron mal, seguramente”, entendió.

“Me han condenado por tener dinero y si hubiera comprado 700 hectáreas en el departamento La Paz, después de 34 años de trabajo, no hubiera estado en este lugar, porque esto es lo que me reclaman, y tengo que justificar”, sentenció el intendente, al tiempo que remarcó que “nunca se habló de qué hizo Rossi” y si tenía capacidad de ahorro.

“En el análisis profundo de todo esto verán un hombre que vive para la política, casi un servidor, y quiero venir a demostrar mi inocencia, quiero demostrar que no hice nada fuera de lo legal, que no intervine en compras de cosas materiales, no compré campos ni casas en Punta del Este”, afirmó, lo que se entendió como un claro mensaje para alguien no determinado del poder político entrerriano. A su vez se preguntó “¿por qué me eligieron tantas veces para gobernar?; no es porque sea tan brillante sino por la dedicación, por los resultados de estar en la función pública, por el trabajo y la honradez”, acotó.

Al ser consultado por la querella sobre sus ahorros, explicó que el informe que brindó el contador Julio Budasoff -propuesto por él- “en el que se establece una capacidad de ahorro de 1.400.000 pesos, es únicamente lo conseguido durante la función pública” y no se detalla “lo que se aportó durante la campañas políticas ni lo que tenía de mis 14 años de trabajo anteriores”. Más adelante, dijo que los movimientos de las cuentas los realizaba “personalmente” y que no estaban a su nombre, por lo cual lo hacía “en forma conjunta”.

Requerido por el fiscal Chémez, explicó que los movimientos en las diferentes cuentas los realizaba "a través de agencias que efectuaban las transacciones de depósito o retiro del dinero”, y contó que “ya en 1984 tenía una cuenta corriente en Montevideo adonde depositaba lo ahorrado”. O sea, a poco tiempo de asumir en su primera administración como intendente de Santa Elena. También indicó que realizó los depósitos en Uruguay porque “ya poseía una cuenta corriente y además el país estaba en una situación en la que todos retiraban los depósitos de los bancos nacionales”.

Asimismo, reconoció que “ahorraba” el dinero recibido en concepto de gastos reservados y lo “tomaba para uso personal, por consejo de los asesores de la Vicegobernación”, aunque no detalló a quién o quiénes hacía referencia. En este punto, especificó que los gastos reservados “tienen disponibilidad libre” por lo que “podría haber cambiado mi vivienda si hubiera querido”, ya que “en la Ley de Presupuesto no existe una determinación” sobre el destino de los mismos. En este tramo de la declaración, el presidente del Tribunal, Jorge García, no pudo evitar demostrar su sorpresa, al repreguntarle si se estaba refiriendo a los fondos percibidos en concepto de gastos reservados. Rossi también dijo que en las cuentas “colocaba el dinero que sobraba de las campañas” y resaltó que ese dinero “se utilizaba para la política, no para comprarme autos ni casas”.

Por último, en referencia a los dichos de su exesposa y su amiga, Ana Pemayón, sobre las presiones que recibieron luego de que la situación tomó estado público, Rossi señaló que “jamás utilicé ningún tipo de presión. Ellas iban todos los días a los medios de comunicación y finalmente se dieron cuenta que las utilizaban, también políticamente”, agregó.

En el turno de los alegatos, el fiscal Chémez solicitó que el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi (PJ) fuera condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitado por el doble de la condena y multado por una suma de 90.000 pesos, según lo establecía el artículo 22 bis del Código Penal, por considerarlo autor material y responsable delito de enriquecimiento ilícito. 

El fiscal reconoció que fue “muy difícil el seguimiento de las cuentas por la complicada ingeniería financiera que se armó y los movimientos que registraban”, pero consideró que si una cuenta quedaba en cero y después de tres meses sin registrar un movimiento, aparecía otra con otros ingresos, esos deben computarse como nuevos, por lo que estimó que el montó del enriquecimiento que debería justificar Domingo Daniel Rossi sería de 4,7 millones de dólares, de acuerdo a los informes aportados por los bancos uruguayos, que daban cuenta de ingresos por 48 millones de dólares y egresos por 45 millones, más un informe posterior al elaborado por el Juzgado de Instrucción de La Paz. En ese sentido, Chémez estimó que “la prueba ha sido suficientemente elocuente de que ese ha sido el crecimiento patrimonial del señor Rossi, con dinero depositado en Uruguay, que es un país celoso del secreto bancario, y a través de interpósitas personas que no tienen capacidad para generar estas sumas". El fiscal también destacó que era el “propio Rossi quien manejaba el dinero, pero que su explicación “no es razonable”.

En tanto, el titular de la Oficina Anticorrupción y querellante en la causa, Luis Pedemonte, requirió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos. Por su parte, el abogado defensor de Rossi, Julio Federik, consideró que correspondía el rechazo de la pretensión fiscal y solicitó la absolución “lisa y llana” de culpa y cargo de su defendido por “no haberse concretado ni acreditado el delito que se le imputa” y teniendo en cuenta que “está perfectamente acreditado que no hubo un enriquecimiento considerable”. 

Rossi dijo las palabras finales del juicio. Visiblemente enojado, se manifestó “sorprendido” por lo solicitado por el fiscal de Cámara porque “me están juzgando por algo que no es”. “Acepté las dos cuentas corrientes pero decir que se trata de cuatro millones de dólares no existe en el mundo; es una falsedad absoluta, y están los comprobantes en el expediente para demostrarlo”, aseveró Rossi de modo tan indignado que debió pedir “disculpas por el tono” utilizado, “pero es la emoción”, justificó.

“Me extraña lo solicitado por la querella porque son funcionarios del gobierno y tienen acceso a los comprobantes y las planillas que pueden demostrar mis ingresos mientras era vicegobernador o de los gastos reservados; me extrañan las directivas que les han dado y me extraña la actitud pidiendo condena de los funcionarios del gobierno de Busti”, sentenció el exvicegobernador. “No tienen ninguna planilla, ni documentación, es para que mañana no digan los diarios o sea tapa en alguna revista que Busti dio instrucciones de que no lo condenen a Rossi y que sea absuelto”, afirmó.

“¿Cuál es la intención que tiene este juicio?”, se preguntó el intendente para responderse acto seguido: “Lograr la condena pública –que ya lograron-, y ahora la condena penal. Siempre sospeché algo pero nunca lo dije”, admitió. “¿Quién les dio instrucciones? ¿El gobernador de la provincia; la Fiscalía de Estado?”, volvió a cuestionar, apuntándole de esa manera a la doctora Claudia Mizawak, que estaba al frente de tal organismo.

“Algunos se compraron canales de televisión, yo no compre nada”, dijo Rossi, sin dar mayores especificaciones, aunque de alguna manera le apuntaba a Raúl Taleb y a Tito Alanis, que había invertido un capital en Canal Once de Paraná. Acto seguido, agradeció “a Dios” por la presencia de los medios de prensa en el juicio porque “se van a enterar los medios nacionales”.

“Muchos se hacen los distraídos pero la política, y sobre todo los partidos políticos mayoritarios, se manejan con una enorme cantidad de dinero”, remarcó.

Por último, aseguró: “Con absoluta honradez he manejado mi vida, y de la misma manera manejé la ciudad de Santa Elena y la Vicegobernación de la provincia, con austeridad, honestidad y responsabilidad”.

El 12 de junio de 2006 la justicia entrerriana resolvió condenar a la pena de tres años de prisión en suspenso al exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi (PJ) por enriquecimiento ilícito y a ocho años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Debía así cumplir reglas de conducta durante tres años y realizar tareas comunitarias durante dos horas semanales por el término de tres años en una entidad de bien público, según lo determinó el tribunal conformado por Jorge García, Raúl Herzovich y Silvia Nazar. Así, no sólo debería dejar la Intendencia de Santa Elena sino que también debía pagar una multa de 90.000 pesos. En tanto, el tribunal también dispuso que se investigue a los testigos al actual diputado Daud y Hormaechea, por la presunta comisión del delito de falso testimonio, en función de las afirmaciones contradictorias que tuvieron.

Tras la lectura de la sentencia, el exvicegobernador aseguró que “no hay que abandonar”, por lo que dejó entrever que no pensaba renunciar a su cargo como intendente de Santa Elena, aunque luego expresó que “es muy prematuro pensar en eso en este momento”. Consultado sobre si había recibido llamados de dirigentes justicialistas o del gobierno provincial aclaró que no, puesto que “he tenido cerrado el celular”. Rossi emitió unos breves comentarios tras la sentencia. Se mostraba tranquilo y no tuvo la verborragia que había mostrado en los días previos, pero aclaró enérgicamente que no pensaba dejar la Intendencia de Santa Elena, cuyo mandato finalizaría en diciembre de 2007 y que sólo debería abandonar una vez que la sentencia quedara firme.

Afuera del edificio de Tribunales lo esperaba un grupo de no más de 100 adeptos con quienes encabezó en una improvisada marcha por las calles de Paraná, con un altoparlante que lo vitoreaba “porque la gente de Santa Elena te conoce y sabe que has dado todo por tu pueblo y al que te ha ido a buscar nunca le diste la espalda, por eso, Dany, querido, el pueblo está contigo”, se escuchaba decir a la mujer que manejaba el megáfono.

El único dirigente político que, de alguna manera, salió a defenderlo a Rossi, fue el diputado provincial Emilio Castrillón (PJ). Dijo que el exvicegobernador es “un político importante”, y se pronunció a favor de distinguir entre las instancias partidarias y judiciales. En ese sentido, remarcó que “los fallos de los jueces no se pueden atacar con actos políticos”, y agregó que existen instancias para apelar en caso de que las sentencias resulten insatisfactorias para alguna de las partes implicadas. Dijo que la “actitud de Rossi consiste en demostrar fuerza a pesar de los tropiezos”, aunque remarcó que “la gente lo quiere mucho. Siempre acompañamos a Rossi como amigo”, manifestó Castrillón y agregó que “el tiempo va a mostrar la verdad”, señaló sin titubear. 

A los pocos días el intendente de Santa Elena presentó una nota ante el Concejo Deliberante solicitando una licencia hasta el 25 de junio de 2006 y reiteró que próximamente analizaría la situación y consideraría si aún siguen firmes sus “convicciones y fuerzas para seguir al frente” de la administración municipal. Una semana después volvió a su anterior discurso. En declaraciones periodísticas dijo que no iba a renunciar a su cargo y que hubo una "imputación falsa" contra su persona en el juicio oral y público desarrollado en Tribunales. "Quiero que los fantasmas de la corrupción queden aclarados, porque jamás cometí un acto deshonesto", afirmó en una conferencia de prensa desarrollada en la capital entrerriana, durante la cual anticipó incluso que estaba dispuesto a “escribir un libro” para contar la verdadera historia. "La Justicia es la verdad histórica; debe dar las garantías constitucionales y no puede culpar con lo que no está en el expediente”.

Rossi recordó que primero se lo acusó por "algo más de 700.000 dólares" y luego lo condenaron por más de 4,9 millones de dólares, a lo que se agregaron otros 200.000 dólares, tal como se indica en la sentencia firmada por el tribunal. “Con esto no quiero cargar ni hablar de los jueces; sólo creo que no lo entendieron porque son abogados y se equivocaron, pero no me pueden imputar algo que no es. Vengo procesado por 778.000 pesos-dólares y me condenan por 5. 148.319 pesos-dólares. Hay una mala interpretación, y no tengo ninguna duda que se va a corregir en la Alzada porque no es verdad, porque es falso, no existe. Recibir una condena e imputarme algo que no es, no sólo es injusto sino también inaceptable”, remató.

Rossi no renunció e incluso participó de los actos oficiales. Pero el 9 de julio de ese 2006 fue duramente repudiado, en el acto realizado en Santa Elena, al recordarse un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia. El intendente se encontró con numerosos carteles donde se expresaba el desagrado que generaba su presencia y al retirarse fue abucheado por numerosas personas. “Andate ladrón”, le gritaron varios vecinos de la ciudad. Si bien el intendente no habló esa vez, sí lo hizo la titular del área de Acción Social de la comuna, Claudia Valle, quien también resultó reprobada por la mayoría de los concurrentes. En la plaza se encontraban referentes de agrupaciones sociales y políticas, varios de los cuales portaban pancartas y carteles con inscripciones que cuestionaban a Rossi. “Fuera los corruptos” y “Basta de delincuentes en el municipio”, señalaban algunos. Al finalizar la recordación el intendente se alejó del lugar acompañado por su gente, pero también seguido por parte del público, quien lo continuó insultando. Eso provocó la irritación de algunos de los colaboradores del intendente y se produjeron incidentes, aunque sin mayor trascendencia. En el lugar se encontraba trabajando para la FM local “2 de octubre” el periodista Carlos Furman, quien nuevamente resultó agredido con un puñetazo en una de sus orejas, lo que motivó un fuerte cruce de palabras y empujones, debido al tumulto que provocó el hecho. Furman venía siendo agredido, en los últimos meses de ese año, por allegados directos a Rossi e incluso su casa fue baleada, por lo cual tuvo que intervenir la Justicia y personal policial, quienes venían custodiándolo por orden del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia.

A los pocos días Rossi radicó una denuncia por amenazas en la comisaría local, por lo que comenzaron a citar, para dar su testimonio a las 27 personas -según registraron en el municipio- que participaron en el escrache al condenado intendente de Santa Elena, durante el acto del 9 de julio.

Recién en los primeros días de abril de 2007 Rossi renunció a su cargo de intendente. Le envió una carta al presidente del Concejo Deliberante de Santa Elena en virtud de encontrarse “inhabilitado para ejercer el cargo de presidente del DEM de Santa Elena que asumí por el voto de los santaelenenses el 10 de diciembre de 2003”. Rossi aclaró que esta situación persistirá hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte el recurso de Queja. Agregó asimismo que “en caso de ser concedido, el impedimento cesaría y nuevamente asumiría el cargo de Intendente”. La viceintendenta, Asunción Olmedo, quedó al frente de la comuna. Rossi ya no pudo retornar.