La Caja de Jubilaciones en la boca de todos.
De ANÁLISIS
En los últimos días el gobernador de la provincia mostró los límites dentro de los que debe administrar la escasez. Reiteró que la crisis que atraviesa la provincia es inédita, tal vez más profunda que la generada por la pandemia. Observa que la sumatoria de situaciones sin resolver en las últimas décadas, impactan y condicionan a la estructura y funcionamiento del Estado, generando un efecto dominó que podría golpear incluso a la actividad privada, lo que quiere evitar a toda costa. “El contexto explica las decisiones”, una definición antológica de Frigerio, que apenas asumió debió hacer frente a una deuda millonaria en dólares tomada por la gestión anterior.
Buscando acomodarse, readaptando los objetivos de gobierno ante a la incomodidad que le provoca el abandono de la Nación a las provincias, busca avanzar en reformas que le den una sobrevida al sistema previsional entrerriano. No es sencillo. Sectores del oficialismo no ocultan el malestar que provoca una oposición que, sin hacer autocrítica sobre la falta de trabajo en el tema durante años, lo que generó un sistema previsional fatigado, se monta en la movilización que encaran sectores sindicales. Añaden que, sin mantener contacto alguno con sus bases, buscan aprovecharse de la coyuntura. Deslizan que se trata, sobre todo, de los que apostaban a un derrumbe prematuro del gobierno que encabeza Javier Milei.
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones siga funcionando, sostener el 82 por ciento móvil y mantener la edad para acceder al beneficio, siguen siendo premisas que el actual Ejecutivo entrerriano no abandona, aún a sabiendas que le exigirán los mayores esfuerzos para encaminar modificaciones legislativas que, apenas conocidas, encontraron fuerte resistencia en gremios y, reiteran, son aprovechadas por sectores partidarios opositores. Tratan, encrespando ánimos, de generar desgaste a la administración entrerriana, pero con el esfuerzo de otros, echando con ello un manto de olvido sobre una clara falta de gestión.
Sostener la Caja, un tema con historia
Cuando el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, presentó un crudo detalle de la situación del organismo casi no sorprendió. Es que desde hace demasiado tiempo todo el arco político (con mayor o menor énfasis) reconoce la fragilidad de un sistema que nació siendo rechazado, pero con el tiempo echó raíces y unifica tras de sí dirigencia o entidades que suelen estar en las antípodas.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se movilizó para manifestarse en contra del proyecto de ley que debe discutir la Cámara de Diputados de la provincia. Encabezados por su secretario general, el ex diputado José Allende, delegados de toda la provincia se movilizaron frente a la sede del organismo previsional, ubicado en calle Andrés Pazos de la capital entrerriana. También la Asociación de Trabajadores del Estado hizo lo propio y va con la misma agenda que vocea insistente Oscar Muntes, su secretario general, lanzando advertencias en la misma dirección.
Como décadas atrás, se conformó una intersindical que nuclea a las representaciones de los trabajadores del Estado provincial (de al menos dos de sus poderes) y de los municipales.
Frente a este panorama el Poder Ejecutivo ratificó su postura y objetivos en el marco de una reunión del gabinete provincial realizada ayer. Poniendo el tema bajo el paraguas de una agenda de desafíos, la información oficial mostró apoyo de legisladores oficialistas de ambas Cámaras a la reforma propuesta buscando herramientas para encontrarle una salida al sistema jubilatorio, lo que preanuncia un debate de aristas interesantes.
Indefiniciones
Si bien la necesidad de reformar el sistema e inyectarle recursos se viene planteando en forma recurrente, todo queda en ciernes. No aparecen las definiciones. Desde el archivo se puede recordar algún encuentro del ex gobernador Gustavo Bordet, en el año 2016, con legisladores nacionales entrerrianos, hablando en torno a la necesidad de lograr que la ANSES realice compensaciones por no haber transferido la Caja a la órbita nacional.
La deuda acumulada se volvió tan importante que este año el gobernador Rogelio Frigerio realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), porque agotó -en este punto- la búsqueda de una salida desde la definición política. La Fiscalía de Estado que comanda Julio Rodríguez Signes monitorea las acciones que apuntan al recupero de 154.000 millones de pesos.
En los noventa, una década que reivindica la actual administración nacional, se empujó a las provincias a realizar cambios en el marco de un brutal ajuste que incluyó privatizaciones y el traspaso de servicios sin las partidas correspondientes para ser solventados.
Entre Ríos, en aquél entonces, no entregó la caja al Estado Nacional y encaró una reforma propia. Se modificó la ley 5.730, que en 1975 instituyó un régimen de jubilaciones para los empleados provinciales. La idea del gobierno que encabezaba Carlos Menem apuntaba a eliminar los sistemas solidarios, porque la modernidad de entonces empujaba hacia los sistemas de capitalización.
La Legislatura provincial cambió una norma que tuvo vigencia por veinte años. Entre tires y aflojes los legisladores de entonces parieron, superando una fortísima resistencia sindical, a la hoy tan elogiada 8.732. Paradojas.
Hubo debates calientes, movilizaciones importantes. Diputados y Senadores alcanzaron un consenso importante, pero que no satisfizo al Poder Ejecutivo que vetó 13 artículos en un 1993 lleno de tensiones.
El espíritu del legislador dejó en claro que cada década había que revisar un sistema que al comenzar a aplicarse tenía 24.600 beneficiarios contra un total de 40.727 activos que hacían sus aportes. En 2003, al cumplirse los diez años de la resistida reforma, había 32.200 jubilados y poco más de 46.000 aportantes. Olvidaron encarar las revisiones.
De ahí en más todas las administraciones ponían, con mayor o menor fuerza, el tema sobre la mesa. Fue central en alguna campaña para alcanzar la Gobernación de Entre Ríos. Si no había propuestas, se agitaba el fantasma del traspaso de la Caja y se alineaban (depende el punto de vista) los planetas.
En 2003 el déficit del sistema jubilatorio había crecido el 120 por ciento en relación al registrado en 1999 y así sucesivamente.
Una pelea relevante: no a la armonización
Si de resistir se trata, uno de los hitos relevantes de la defensa del sistema solidario lo constituyó la resistencia a la aplicación de un convenio que en 2008 firmó el entonces gobernador Sergio Urribarri con quien presidía la ANSES, Amado Boudou.
El 17 de octubre del año 2008 se firmó un convenio entre Nación y provincia en el que quedó plasmado el compromiso de armonizar la normativa entrerriana con el sistema nacional, “convergiendo a las leyes nacionales vigentes en materia de seguridad social”.
Lisa y llanamente significaba ir hacia la eliminación del 82 por ciento móvil. El gobierno nacional de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, aprobó el convenio de armonización a través del decreto 2100 de aquel año, que también firmaron Sergio Massa y Carlos Tomada.
Presente en tensión
Estos elementos (se podrían mencionar muchos más) recuerdan cómo la cuestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones es un tema recurrente. Todas las administraciones fueron yendo y viniendo sin lograr avances hacia una solución de fondo.
En el presente la situación es más que preocupante. En 2023 déficit fue de ciento veinticuatro mil millones. En términos porcentuales (ingresos vs. egresos) significa el 41,22 por ciento. Las medidas administrativas desplegadas por la actual administración (paliativas) lo han colocado en el 32,9 por ciento. Habrá que seguir la evolución y tener en cuenta que disminuye la cantidad de aportantes al sistema.
Quienes se trenzan alrededor del sistema jubilatorio parten del mismo diagnóstico. Desde hace muchos años, pero sin encontrarle una salida. Mientras hay un déficit creciente y los ingresos de la provincia (propios y por coparticipación) caen en términos reales, algunos intercambios suenan a chapucería.
Todas las opciones están sobre la mesa y habrá que encontrar una salida a la entrerriana. Es imposible que el Estado Nacional cambie su actitud y la Corte Suprema tomará decisiones con “sus tiempos”.
El proyecto de ley que está en la Cámara baja entrerriana, hasta ahora, generó rechazos. El titular de la Caja de Jubilaciones sostuvo que se buscará el consenso, al tiempo que anticipa que hay que tomar medidas. Un desafío, el de la Caja, que se sostiene con matices y se va renovando, en un contexto en el que es cada vez más difícil administrar la escasez, que parece ser lo único que sobra.
