Por Daniel Sobrero (*)
En primer lugar estimo pertinente pedir disculpas al lector por los errores de redacción que haya cometido al confeccionar esta nota pero es tal la indignación que la noticia me produjo, que amerita sacrificar la forma para acentuar su contenido. A tenor de lo informado y comentado, por “Análisis Digital” en su edición de ayer, el Senado Provincial aprobó sorpresivamente, sin debate y por unanimidad, una resolución que “impide que el pueblo conozca quienes son sus asesores contratados y el destino de los subsidios que otorgan” Se pretende de esta manera, legalizar con resultado incierto, una situación ya condenada por la opinión pública y en vísperas (es de desear) de que la Justicia se pronuncie definitivamente sobre un caso similar, sospechosamente demorado y sumamente gravoso para las arcas del Estado. Esto así, digamos inicialmente que el ocultamiento del destino dado al dinero proveniente de los impuestos pagados por el pueblo es manifiestamente antirrepublicano ya que sus gobernantes son simples agentes del pueblo, elegidos por el pueblo de tiempo en tiempo y responsables ante el pueblo de su administración, según la clásica definición de Aristóbulo Del Valle.
La clandestinidad que los senadores pretenden imponer como característica de las designaciones y subsidios que otorgan genera merecidas sospechas sobre el destino dado y, como lógica consecuencia, aleja de la política a las mujeres y hombres mejor dotados moral y técnicamente.
Es indudable entonces que el desprecio que un sector, mayor o menor, despierta en parte de la población ciertos políticos, encuentra en situaciones como las que hoy comento, amplia justificación. Nutrir graciosamente a las instituciones de la República, de parientes y afines, de algún candidato frustrado, en lista de espera o próximo a jubilarse, perjudica la gestión, pavimenta el camino a la corrupción y merece el repudio popular. Lamentablemente, en 1986, el segundo gobernador de la nueva etapa democrática, en uno de los primeros actos de su gestión, vetó con fundamentos mínimos e insustanciales, el Estatuto del Empleado Legislativo sancionado por la Legislatura anterior que, con las debidas actualizaciones constituiría una barrera para los excesos que ocurrirían más tarde.
Victoria 19 de septiembre de 2024
(*) Exsenador provincial UCR Victoria
