Por Larisa Pérez (*)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con este fallo, se consuma una sentencia de enorme gravedad institucional, no solo por su impacto personal sobre una dirigente política central en la historia reciente del país, sino por lo que representa para el régimen político argentino: la imposición de una proscripción judicial.

El fallo fue emitido por una Corte integrada por solo tres miembros, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, cuando la ley prevee que debería estar compuesta por cinco. Esta conformación atípica no es un dato menor. Se trata de una minoría —tres personas— con un poder descomunal, suficiente para definir el rumbo político e institucional de un país entero.

Esta debilidad ya muestra uno de los síntomas de la profunda crisis del régimen que subsiste, al restarle legitimidad a las decisiones solo con tres miembros. Pero aunque fueran cinco, siete o más, el problema de fondo persiste: el carácter aristocrático del Poder Judicial argentino está arraigado en cada uno de sus aspectos.

Los jueces de la Corte no son elegidos por el pueblo. Su designación es el resultado de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Senado, un mecanismo completamente ajeno a la voluntad popular. Una vez nombrados, ocupan sus cargos de por vida, sin revocabilidad ni control democrático y gozando de privilegios materiales descomunales: sueldos millonarios que ascienden a ocho millones de pesos como mínimo, jubilaciones privilegiadas, y una inmunidad de hecho frente a cualquier rendición de cuentas. Son, en toda regla, una verdadera casta política. Pero una casta que ni siquiera tiene que pasar por las urnas.

Este sistema está diseñado para garantizar que el Poder Judicial sea más permeable al lobby empresarial y político que a las necesidades y los derechos de las mayorías populares, las cuales gobiernan desde la distancia de sus despachos. Y cuando este sistema actúa en conjunto con jueces amigos del poder económico, operadores judiciales vinculados al macrismo y grandes medios hegemónicos que condenan antes que los tribunales, el resultado es una maquinaria perversa donde los juicios se arman desde los titulares, y las sentencias se escriben antes de que los acusados puedan defenderse.

Sin dudas la corrupción atraviesa a los distintos gobiernos, pero tampoco hay dudas de que recorre asimismo al Poder Judicial, por lo cual, se ve comprometido el proceso de investigación y juzgamiento, como fue en este caso. La condena a Cristina Kirchner es el resultado de ese entramado: un proceso judicial cargado de intereses políticos desde su inicio hasta su desenlace, amplificado por un periodismo de guerra que instaló sentido común antes que argumentos jurídicos, y cerrado con un fallo de una Corte Suprema cuya legitimidad democrática es, como mínimo, cuestionable. No es justicia: es proscripción.

Y lo más grave es que esta proscripción no es un hecho aislado. Forma parte de una avanzada más amplia contra las libertades democráticas. Lo vemos en el ataque sistemático a la libertad sindical, en la criminalización del derecho a la protesta, en el intento constante de disciplinar a quienes piensan distinto.

Por eso, más allá de las posiciones personales sobre Cristina Kirchner, lo que está en juego es mucho más profundo: el derecho de la población a elegir libremente a sus gobiernos. Cuando el Poder Judicial lo atropella, confirma su naturaleza como instrumento de poder, con rasgos cada vez más autoritarios.

A pesar de los reiterados discursos de la expresidenta remarcando estos rasgos, en ninguno de sus tres gobiernos, que serían cuatro incluyendo al de Néstor Kirchner, hubo una decisión profunda de avanzar en reformas sobre este poder tan antidemocrático, ni siquiera mínimas. Al revés, los gobiernos de los partidos tradicionales al asumir buscan consolidarse mediante sostener y alimentarlo, tener jueces favorables o aliados, y el kirchnerismo no fue la excepción.

Frente a esta condena de la Corte es urgente la manifestación que rechace y cuestione este Poder Judicial: empezando por la movilización independiente convocando al paro activo en cada sindicato, exigiendo a las centrales como la CGT y CTA, con asambleas y un plan de lucha para derrotar la proscripción, y continuando por poner en discusión las bases del sistema judicial que responde a los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, contra las necesidades de las grandes mayorías populares y sus derechos más elementales.

(*) Abogada, columnista de La Izquierda Diario