El terremoto político y judicial desatado por los audios de Spagnuolo demuestra que las filtraciones son el presente y futuro del periodismo y que su uso gana aceptación como herramienta para denunciar y combatir la corrupción. Hace menos de tres años la filtración de Lago Escondido fue descalificada por la justicia como un mero robo de información y el juez interviniente no tomó una sola medida para investigar los hechos denunciados. Hoy con el Spagnuologate ya tenemos 15 allanamientos, detenidos, celulares secuestrados, prohibiciones de salida del país, sobres incautados con cientos de miles de dólares y esto recién empieza.
Es cierto: no es lo mismo Spagnuologate que Lago Escondido. No es lo mismo Marcelo D’Alessandro que Diego Spagnuolo . D'Alessandro era el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta cuando el hackeo de su celular derivó en la filtración de Lago Escondido, así llamada por la estancia lujosa donde el ministro había ido a vacacionar, junto a un grupo de magistrados, gentileza del grupo Clarín. Spagnuolo es el recientemente renunciado exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), abogado y confidente del presidente Javier Milei.
No es lo mismo. Una cosa es ser acusado de recibir dádivas de un multimedio, ponerse de acuerdo con un grupo de jueces, un fiscal y un agente de inteligencia para mentir con facturas truchas, colusionarse con un miembro de la Corte Suprema para redactar y hacer aprobar una ley, y cobrar coimas a un concesionario de la ciudad, como mostraría la filtración de los chats y audios de D’Alessandro. Otra cosa bien distinta es robarle a personas con discapacidad, así de simple y así de miserable, como mostrarían los audios de Spagnuolo.
Tampoco son iguales los actores. Lago Escondido involucra nada menos que al macrismo, al multimedios y a la “familia judicial”, instituciones de peso en los tribunales federales donde se dirimen estas cuestiones. Spagnuologate en cambio involucra a Karina Milei, hermana y jefa de gabinete de presidente, sin dudas un personaje poderoso pero quizás no tan influyente como el team Lago Escondido en Talcahuano o Comodoro Py.
Y tampoco es igual la reacción de los involucrados ante la publicación de la filtración. En el caso de Lago Escondido D’Alessandro y los jueces inmediatamente se victimizaron y alegaron que los chats habían sido no solo robados, sino además adulterados. En cambio en el caso de Spagnuolo, al menos durante los cruciales días que siguieron a la publicación de los audios, el funcionario se llamó a silencio y el gobierno lo echó y también se mantuvo en silencio. Casi una admisión de culpa.
Pero más allá de las diferencias, el hecho es que ambos escándalos se destaparon por un hackeo, probablemente realizado por un servicio de inteligencia, probablemente por razones políticas. Ambas filtraciones muestran y documentan actos de corrupción. En 2022 la justicia no investigó lo que las filtraciones mostraban. Ni siquiera se tomaron el trabajo de peritar los teléfonos para ver si los chats habían sido adulterados. Esto, a pesar de que varios periodistas dieron fe de que los intercambios publicados en los que ellos aparecían eran verídicos. Y ni siquiera importó que el juez que descartó investigar la filtración, Sebastián Ramos, aparecía en los chats de D’Alessandro intercambiando favores e intimidades con el entonces ministro.
“Ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", falló el propio Ramos, “Seba” para D’ Alessandro, en enero de 2023. "No existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos". (Un año más tarde el Consejo de la Magistratura, por seis votos a cuatro, también desestimó la oportunidad de abrir una investigación.)
Pero mientras “Seba” apuraba una resolución favorable a su amigo “tano”, el sitio Chequeado.com citaba al experto Manuel Garrido, ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación, para que diga lo obvio: cualquier juez con voluntad de investigar Lago Escondido podría haber usado la información revelada sin necesidad de valerse de las capturas de pantalla hackeadas. “En este caso ya había una causa en curso por el delito de dádivas y la investigación podría apuntar a corroborar todos los elementos propios de ese delito prescindiendo de los chats, tales como el viaje, el acta de vuelo, la validez de las facturas, movimientos de dinero, testigos en el lugar, información verificable en registros virtuales, secuestro de celulares de los involucrados, por ejemplo. Todo eso tendría una fuente independiente de los chats y no invalidaría la prueba que se pueda obtener,” señaló Garrido.
Si el impacto judicial de Lago Escondido fue casi nulo, el impacto mediático, dado lo que estaba en juego, fue limitado. Los principales medios y periodistas del multimedios y La Nación.com pusieron el foco de su cobertura en la investigación del hackeo, la indignación del funcionario y los magistrados involucrados y la detención de un hacker misionero que habría intervenido el teléfono de D’Alessandro a pedido de un cliente anónimo. En tanto la difusión del contenido de los audios recayó en medios cercanos al kirchnerismo como Tiempo Argentino, Página 12, Ambito Financiero y Cohete a la Luna.
Hoy el panorama es bien distinto.
Los audios filtrados de Spagnuolo revelan supuestas conversaciones sobre un esquema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos y servicios, canalizado a través de una droguería, Suizo Argentina, S.A. En las grabaciones, Spagnuolo habría mencionado una exigencia de un 8% de comisión en contratos de medicamentos, con un 3% destinado a Karina Milei.
Luego de que Spagnuolo fuera apartado de su cargo el miércoles a la noche, el fiscal Franco Picardi abrió una causa que cayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Picardi y Casanello se movieron rápido. Los principales multimedios del país se hicieron eco de la noticia y esta vez se enfocaron en las coimas y los coimeros. Chequeado.com hasta se animó a publicar el resultado de un estudio de una consultora que demostraría que los audios no fueron adulterados. La causa avanza, el escándalo crece y nadie habla de hackeo ilegal o robo de información.
Ya no hay vuelta atrás. Antes se podía argumentar, como hizo el juez Ramos, que la información de interés público sobre corrupción pertenece al ámbito privado de los delincuentes que abusan sus cargos públicos para enriquecerse de manera ilegal. Pero el Spagnuologate marca un antes y un después en el uso de filtraciones para perseguir a corruptos. La investigación de Picardi y Casanello demuestra que la información no se puede robar: se sabe o no se sabe. Y una vez que se sabe, cualquiera haya sido la vía de acceso, si es de interés público no se puede censurar, ni retrotraer al ámbito privado. Es como querer meter a la pasta de dientes de vuelta adentro del tubo.
Las filtraciones son el futuro del periodismo. Como objetivo y como método. Como objetivo, porque sólo muestran lo que un poder quiere ocultar. Nada de publicidad o propaganda. Y como método, porque por definición la filtración implica la publicación de datos o documentos verificables. El documento filtrado no es un antídoto infalible para las fake news y la posverdad pero ayuda a desmalezar información corroborable. La filtraciones son necesarias para que circule la información de interés público retenida por un interés particular. Y son necesarias también para que el libre debate de ideas exista en la sociedad. Si la información no circula las democracias mueren.
Fuente: Página12
