Nelio Calza, ex funcionario y ex diputado nacional por el PJ, será citado a prestar declaración de imputado en las próximas semanas en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En el Ministerio Público Fiscal se está concluyendo el período de recepción de pruebas y de realización de evaluaciones contables, según pudo saber ANÁLISIS.
Entre otros cargos públicos, Calza fue concejal en Concordia, presidente de Sidecreer y del Instituto del Seguro y diputado nacional. Oriundo de Concordia, es uno de los principales referentes del Frente Grande, que en el proceso electoral en curso después de muchos años dejó de ser aliado del Partido Justicialista (PJ) y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La investigación penal preparatoria fue llevada adelante por el entonces fiscal Juan Malvasio, que hoy es juez. Lo sucedió al frente de la pesquisa el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Según pudo saber este medio, se están terminando de recepcionar distintas pruebas y se está concluyendo el análisis contable correspondiente. Luego, se pondrá fecha para la declaración, que se estima será en septiembre u octubre.
La labor investigativa mostró movimientos bancarios y cambiarios como compra de títulos públicos y múltiples adquisiciones de moneda extranjera entre 2009 y 2018. Sobresalen en 2017 operaciones por más de 178 mil dólares y se investiga puntualmente la constitución de plazos fijos en ese mismo año por parte de Calza y de la firma Río Salado SRL, de la que el ex legislador posee el 98 por ciento.
Entre otros bienes, se le adjudican a Calza una embarcación denominada Rey Power, integrada al patrimonio en 2015, y más de 15 vehículos, incluyendo camionetas, sedanes y utilitarios de distintas marcas.
Algunos de los vehículos incluidos son dos Chevrolet S10 doble cabina; una Renault Trafic, cuatro Volkswagen Polo, un Chrysler Cruiser, dos Volkswagen Bora, un Volkswagen Passat, un Volkswagen Golf; un Peugeot 207, un Renault Fluence, un Peugeot 206, un Nissan Visia, un Fiat Palio y un Fiat Duna.
También se investiga la propiedad de inmuebles vinculados a Calza en Paraná, Concordia, la ciudad de Santa Fe y en la zona rural de la comuna de María Luisa, en el departamento Las Colonias, en la vecina provincia.
En detalle, el dirigente incorporó en Concordia bienes inmuebles ubicados en las calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón. En Paraná, en las calles Güemes y Azcuénaga. En Santa Fe, cuatro departamentos y otras propiedades situadas en calles Cayetano Rodríguez, Balcarce y Belgrano; y un campo en Las Colonias.
Como es habitual en las investigaciones por enriquecimiento ilícito, también se alcanza al grupo familiar de los imputados. En este caso, en el legajo se pidieron informes sobre el patrimonio y los ingresos de la esposa de Calza, Flavia Roxana Marchetti, y los hijos mayores de edad Lucio y Ornella Calza.
Mediante numerosos oficios, se pidieron informes que hoy están siendo analizados. Los requerimientos para determinar ingresos y patrimonio fueron, entre otros destinos, a la Administración Tributaria Municipal (AFIM) de Paraná, a la Dirección de Catastro de Santa Fe, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto del Seguro, la Dirección General de Liquidaciones de la provincia, Anses, la Dirección Administrativo Contable de la Gobernación, el Concejo Deliberante de Concordia, Sidecreer, Dirección de Catastro de Concordia y Dirección de Catastro de Paraná.
La causa contra Calza se originó a mediados de diciembre de 2016 por una denuncia radicada en Tribunales por el entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
La presentación del legislador radical, que en ese período realizó numerosas denuncias que terminaron en causas de envergadura por distintos hechos de corrupción, apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri.
De allí se desprendieron legajos que involucraron a Calza y a su sucesor al frente de la empresa estatal, Juan José Canosa, que terminó condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y también enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito.
