Roberto Schunk
El informe del Comité de Expertos del G20 sobre desigualdad global confirma algo que en Argentina conocemos mejor que nadie. La riqueza no “gotea”, se acumula. Y se acumula arriba.
Los grandes patrimonios en el mundo crecieron durante dos décadas por encima de cualquier indicador económico real, mientras los salarios, las jubilaciones y pensiones, la producción regional y las políticas sociales van quedando rezagadas.
Qué plantea el G20 y por qué nos sirve a los entrerrianos
El informe del Comité de Expertos del G20 es contundente:
-La desigualdad es global y está creciendo a un ritmo incompatible con la democracia.
A nivel mundial, entre 2000 y 2024, el 1% más rico poseía el 41% de la totalidad de la nueva riqueza generada, mientras que la mitad más empobrecida de la población solamente el 1%.
La desigualdad de la riqueza es mucho mayor que la desigualdad de los ingresos. El 1% más rico ha registrado un aumento de su riqueza promedio de 1,3 millones de dólares estadounidense desde el año 2000, mientras que la riqueza de una persona perteneciente a la mitad más empobrecida del planeta solamente aumentó en un promedio de 585 dólares durante el mismo período (en dólares constantes de 2024).
Una de cada cuatro personas en el mundo (2300 millones) sufre inseguridad alimentaria moderada o grave (es decir, se ve obligada a saltarse algunas comidas de forma regular). Desde 2019, esta cifra ha aumentado en 335 millones.
-Los Estados necesitan nuevas fuentes de financiamiento, no más ajustes.
-Los países deben avanzar en impuestos progresivos sobre grandes patrimonios, impuesto a la herencia y mayor autonomía fiscal de los estados subnacionales.
Esto es exactamente lo que Entre Ríos necesita. No porque lo diga el G20, sino porque la provincia no puede sostener su desarrollo con la estructura tributaria actual, en donde de cada $100 que recaudamos, $84 provienen de impuestos indirectos que graven el consumo y las transacciones y solamente $16 de impuestos directos, perjudicando a los pequeños y medianos productores, a las PYMES en general, y al consumo interno de amplias franjas de nuestro pueblo, golpeando siempre a los mismos.
Mientras tanto, las familias con campos de millones de dólares, con patrimonios extraordinarios y con herencias que consolidan fortunas de generación en generación, permanecen prácticamente sin tocar.
Esto no es casualidad, es la estructura misma del sistema tributario. Un sistema que castiga el consumo popular y deja prácticamente intactas las grandes fortunas.
Por eso hay que decirlo con todas las letras: La desigualdad se combate con poder político, con decisión y con impuestos a los que más tienen.
La Constitución entrerriana no sólo habilita esta reforma: la ordena
El artículo 79 de la Constitución de Entre Ríos no es un adorno jurídico ni una sugerencia blanda, es un mandato:
-Establece que el sistema impositivo debe basarse en impuestos directos, es decir, sobre la riqueza real y no sobre el consumo.
-Ordena gravar con mayor intensidad lo superfluo y proteger lo esencial.
-Invita a que la provincia diseñe su propio esquema fiscal sin esperar a la Nación.
La Constitución ya dijo lo que hay que hacer. Lo que falta es voluntad política.
Aldo Ferrer tenía razón: sin densidad nacional no hay desarrollo
La densidad nacional implica:
-La cohesión social.
-La calidad de los liderazgos
-la estabilidad institucional y política
-la existencia de un pensamiento crítico y propio sobre la interpretación de la realidad.
-políticas propicias al desarrollo económico.
Ferrer lo explicó mejor que nadie: un país –y una provincia- sólo se desarrolla cuando tiene la capacidad de decidir sobre sus recursos. Autonomía económica, proyecto propio y un Estado fuerte que pueda planificar.
¿Puede Entre Ríos planificar con un Estado que no recauda lo que corresponde?
¿Puede soñar una provincia con justicia social (como manda la Constitución en el artículo 67 segundo párrafo) si sostiene todo con impuestos al laburo y al consumo?
Sin densidad fiscal, no hay densidad nacional y sin densidad nacional, no hay desarrollo.
Los ultrarricos, los grandes patrimonios y las herencias millonarias: ahí está la clave
La militancia tiene que asumirlo con claridad estratégica:
-los millonarios pueden aportar más.
-las grandes herencias deben tributar.
-los patrimonios extraordinarios no pueden seguir siendo intocables.
Porque cuando no aportan los de arriba, pagan los de abajo, cuando no pagan los grandes, ajustan los chicos. Cuando no tributan los dueños de fortunas heredadas, cae el peso sobre el docente, los enfermeros, el comerciante y el productor pequeño y mediano.
Esto no es redistribución, es equilibrio básico.
¿Quién tiene que impulsar esto? Nosotros. Ahora.
El gobierno provincial puede y debe tomar la iniciativa.
La Legislatura tiene el marco constitucional.
Pero la política no avanza sola: avanza cuando la sociedad empuja
La militancia, los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, los centros comunitarios, la dirigencia estudiantil y toda persona que crea en la justicia social deben convertir esta agenda en un clamor. Porque si no se toca la riqueza concentrada, todo lo demás es simulacro.
La desigualdad no se corrige con discursos, se corrige, entre otros, con impuestos a quienes más tienen, con leyes claras, con un Estado fuerte, con conductas irreprochables y con decisión política.
Entre Ríos tiene la obligación -legal, económica y moral- de hacerlo.
Y el momento es ahora. No dentro de diez años. Ahora.
(*) ex secretario de la Producción de Entre Ríos
