La cuestión energética marcará a lo largo de 2023 el pulso de la discusión y de la gestión política de la dirigencia del país con cargos ejecutivos y legislativos tanto como la vida cotidiana de los usuarios, cuyos gastos en consumos de luz y gas dependen de las decisiones de esas autoridades. De hecho, el tema ya viene signando la agenda política, en especial en Entre Ríos.

Los habitantes de la provincia se vieron sacudidos a comienzos de año por unos incrementos en sus tarifas eléctricas que nadie esperaba, y eso que la quita de subsidios nacionales, junto con la posibilidad de continuar recibiéndolos si uno completaba el formulario del gobierno nacional, estuvo harto difundida durante mucho tiempo desde el año pasado. Pero la eliminación de esa asistencia estatal a alrededor de la mitad de los hogares entrerrianos, sumada a una suba en los costos de distribución de la electricidad en la provincia por parte de la Empresa de Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) y las distintas cooperativas, acumularon un nivel de aumento que afectó fuertemente en bolsillo de decenas de miles de familias, así como de industrias y comercios de distintas escalas.

El impacto provocó repercusiones: se expresaron contra el tarifazo desde federaciones empresarias hasta asociaciones de almaceneros, se congregaron asambleas de vecinos en algunas ciudades, como en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, y hubo manifestaciones a las puertas de Enersa en Paraná. El disgusto con los montos que figuraban en las boletas de la luz iba creciendo y era tal que el gobierno provincial debió suspender otro aumento más que estaba previsto a partir de febrero. El 31 de enero el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) resolvió “suspender transitoria y excepcionalmente el traslado a los usuarios finales del servicio público económico eléctrico provincial la implementación del cuadro tarifario previsto”. La suspensión respecta al factor que depende de la Provincia y no de la Nación o los municipios, que es el Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo precio se sostendrá, en principio, hasta el 30 de abril.

Otra muestra del peso de la cuestión energética en la agenda política fue la decisión del gobernador Gustavo Bordet de eliminar el componente impositivo provincial de la tarifa eléctrica en Entre Ríos, señalada desde hace años por el arco opositor como una de las facturas más encarecidas por tributos de todo el país. El marco del anuncio fue nada menos que su discurso ante la Asamblea Legislativa del 15 de febrero, acto que el primer mandatario provincial aprovecha cada 365 días para informar los principales lineamientos y las más importantes políticas que regirán su nuevo año de gobierno que comienza. La decisión se oficializó luego en el decreto 374, difundido el 4 de marzo, en el que Bordet también invitó a los municipios de la provincia a suprimir sus respectivas tasas comunales de la factura de luz que pagan sus vecinos.

El cargo provincial que eliminó el gobernador alivia alrededor del 13% de la tarifa en los consumos de entre 151 y 400 kilowatts hora (kWh) por mes y el 18% en aquellos superiores a 400 kWh, precisaron especialistas en facturación eléctrica consultados por diario Uno. Hasta ahora, esa recaudación se destinaba al Fondo de Desarrollo Energético (FDEER) con el que el Ejecutivo provincial solventaba obras eléctricas y gasíferas, y que ahora se financiarán con el Tesoro.

La disputa con Nación

Bordet aprovechó el decreto de eliminación tributaria provincial para pasar factura al gobierno nacional por la quita de subsidios: “Actuamos para ayudar a las familias entrerrianas ante el impacto que significó la quita de subsidios producto de la segmentación tarifaria”.

Mientras el gobernador lidiaba con los efectos locales que provocó la abolición nacional de subsidios, delegó en su embajador en el Senado de la Nación, Edgardo Kueider, el armado de una “ofensiva” en Buenos Aires para disputar recursos y costos con el gobierno nacional. El primer chisporrotazo se había dado promediando el año pasado cuando el legislador cuestionó duramente al Presidente Alberto Fernández por excluir a Entre Ríos de la ley de “Zonas Cálidas”, que atenúa la quita de subsidios energéticos a las provincias que pasan más calor en verano. Kueider amenazó con no apoyar el Presupuesto 2023 del Ejecutivo, que finalmente aprobó, pero dejó el antecedente del malestar entrerriano en relación al tema energético.

Después, el senador presentó un proyecto de “Ley de Tarifas” que, según afirma, pretende reducir las escandalosas desigualdades y asimetrías entre lo que pagan por la energía los usuarios que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano) y lo que abona el resto de los argentinos que, en esta cuestión, tienen la mala suerte de vivir en las provincias. “Es oportuno y urgente sancionar el proyecto ahora”, calificó Kueider en diálogo con diario Uno.

Explicó que si se aprueba la ley Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista de electricidad, pagaría más la energía que le compra a la represa de Salto Grande, lo cual aumentaría los excedentes y las regalías que recibe Entre Ríos. “El proyecto prevé que ese aumento de recursos vaya directamente a reducción de tarifa eléctrica”, aclaró el legislador.

Por otro lado, introduce el “Factor K”, una fórmula que equilibra el costo de transporte y distribución mayorista que pagan las empresas del AMBA (las polémicas Edenor y Edesur, que vienen dejando sin luz a cientos de miles de porteños y bonaerenses estas semanas de ola de calor) y de las provincias, por ejemplo Enersa. “Entre Ríos pagaría menos y Buenos Aires más”, prometió Kueider.

Las provincias que tienen represas en sus territorios reciben regalías provenientes del precio al que Cammesa vende su energía a las distribuidoras. Esa compensación es actualmente del 12% y el proyecto de Kueider la sube al 20%. También dispone que ese incremento se use para abaratar la tarifa eléctrica de los usuarios de Entre Ríos.

Otro artículo ordena que a la represa sobre el río Uruguay se le pague su electricidad a un valor igual al precio promedio del Mercado Mayorista. “Salto Grande cobra hoy 700 pesos por cada megavatio de energía generada, o sea unos 3 dólares, mientras que el precio promedio de venta en el mercado ronda 10 veces ese valor. Si se equipara, subirían 10 veces las regalías”, aseguró Kueider.

La diferencia entre lo que cobra Salto Grande la electricidad que genera, y lo que pagan las distribuidoras de Entre Ríos por esa misma energía cuando vuelve a la provincia, es difícil de creer. Según explicó el legislador concordiense, la Provincia compra a 13.000 pesos el megavatio que la represa vende a 700. El proyecto de ley no modifica ese valor, pero con el ahorro en transporte y distribución y el aumento de regalías, Kueider calculó que el MW se compraría a 9.000 pesos, “un 30% menor al precio que se compra hoy”, estimó.

A todo esto, el proyecto suma la reducción del IVA en las boletas: usuarios residenciales pasarían de pagar el 21% al 5%, e industrias, comercios y pymes bajarían del 27% al 10,5%. A su vez, la ley “invitaría” a provincias y municipios a reducir sus impuestos y tasas respectivas y eliminaría las tasas y contribuciones que cobran las distribuidoras,

En suma, “todo esto reduciría un 40% el costo actual al usuario. Sería la tarifa diferenciada tan pretendida por los entrerrianos”, vaticinó el senador.

La “estrategia” de Kueider para negociar

El enojo expresado por el senador peronista contra el gobierno nacional mutó este año directamente en la ruptura del interbloque oficialista en la Cámara Alta. Junto a otros tres integrantes del Frente de Todos y una senadora cordobesa, Kueider armó “Unidad Federal”, la bancada de cinco senadores que le quitó quórum propio al FdT. La maniobra disparó especulaciones sobre la relación del Bordet y la Casa Rosada. Aunque el mandatario salió pronto a mostrarse despegado de la jugada (“las fracturas solo contribuyen a generar grietas”, tuiteó), en la política local se sabe que el exsecretario General de la Gobernación es su mano derecha. Más allá de la interna nacional del PJ, dentro del Congreso el nuevo bloque le da al entrerriano para negociar el apoyo del oficialismo a sus “banderas”: los proyectos de Tarifas y de Salto Grande.

Kueider aseguró que su prioridad es conseguir la sanción del primero, y luego ir por la represa. Y volvió a justificar que la ruptura no excede la “estrategia” parlamentaria. “No cae simpático en algunos sectores, pero no me interesa, porque es la única forma que encontramos de poner sobre la mesa estos proyectos de ley”, dijo a UNO. Esto es, “cambiando la composición de las mayorías y sentarnos a discutir en otras condiciones los temas que interesan a las provincias y no solamente los que importan al centralismo porteño”, remarcó.

La cuestión Salto Grande

Bordet y Kueider también aprovecharon la discusión tarifaria para instalar nuevamente el debate sobre la represa hidroeléctrica de Salto Grande, con la que Entre Ríos provee de electricidad al resto de la Argentina, más exactamente al 7% del consumo total de esta energía en el país. “Es injusto que nuestra provincia no reciba beneficios acordes al aporte que hace al sistema energético nacional a través de la represa Salto Grande, y más aun siendo que ha quedado excluida de los beneficios de la zona cálida del país”, definió el gobernador al comunicar la quita del impuesto provincial.

Poco después de presentar la Ley de Tarifas, y de armar un nuevo bloque peronista, Kueider presentó el proyecto de “Provincialización de Salto Grande”. Se trata de la misma avanzada que intentaron en el Senado Héctor Maya en los noventa –y que terminó en veto de Carlos Menem– y que promovió Sigrid Kunath durante el gobierno de Cambiemos, iniciativa que no cobró mucho vuelo.

Unos días antes, Bordet había puesto el tema en agenda. Durante una recorrida por Concordia, había advertido: “La represa de Salto Grande tiene que ser patrimonio de los entrerrianos. No podemos estar pagando la energía eléctrica como la pagamos cuando somos generadores y podemos abastecer tres veces el consumo que tenemos en la provincia. La operación y mantenimiento tiene que ser de los entrerrianos”. Asimismo, apeló a “la voluntad política de la Nación y que los legisladores de la oposición”.

El proyecto transfiere a Entre Ríos “a título gratuito” y ad referéndum de la Legislatura provincial “el dominio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la porción que le corresponde a la República Argentina”.

La ley llegaría para “reconocer el dominio originario de Entre Ríos sobre un recurso natural como es el río Uruguay”, una atribución que la Constitución de 1994 reconoce a las provincias.

Aclara, por otro lado, que los empleados y empleadas del Complejo Hidroeléctrico “no verán “afectados” sus derechos y salarios.

De aprobarse el proyecto, la provincia acordaría con Uruguay un nuevo Convenio y Protocolo de administración de la represa. Es primordial el acuerdo del gobierno oriental con el traspaso.

Las tarifas tienen un peso especial en el bolsillo de la población, que a su vez es, quizás, “el” factor decisivo a la hora de definir el voto. En un año electoral, Entre Ríos tiene con qué protagonizar una parte de la agenda política, al menos en lo legislativo.