El gobierno entrerriano impulsa una drástica modificación de la ley provincial de educación sexual a imagen y semejanza de los deseos de la jerarquía eclesiástica. El proyecto, que se aprobó anoche en el Senado –donde el justicialismo tiene abrumadora mayoría–, elimina de un plumazo la perspectiva de género del texto de la ley e instaura la posición tradicional de la Iglesia Católica sobre la familia y la naturaleza biológica del ser humano. Enterado de la iniciativa, el ministro de Salud, Ginés González García, se comunicó con el gobernador Jorge Busti y le expresó su preocupación, según confirmaron voceros del funcionario nacional.

El principal propulsor de la reforma legislativa es el senador oficialista Mariano López. Al defender las modificaciones, sostuvo que son los padres en ejercicio de la patria potestad quienes tienen la misión exclusiva e indelegable de formar a sus hijos en esa materia. Con este mismo argumento, la Liga de Amas de Casa y la Asociación Pro Familia plantearon la “inconstitucionalidad” de la Ley de Salud Reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires, pero en 2003 el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad terminó rechazando la presentación por falta de sustento legal.

“La perspectiva de género llega a una concepción tan amorfa de la persona humana que da pie a todo tipo de comportamiento por perverso que sea. Las consecuencias de esta forma de pensar son aterradoramente funestas”, fundamentó el senador López.

Con esta reforma, “el gobierno le está dando algunos gustitos a la Iglesia Católica”, denunció, en diálogo con Página/12, el senador Julio Majul, del bloque opositor unipersonal Nuevo Espacio Entrerriano. Detrás del proyecto, trascendió, estuvo trabajando el obispo de Paraná, monseñor Mario Maulión.

La iniciativa modifica la ley 9501, sancionada en julio de 2003, que creó el Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual. En su momento, la normativa fue considerada “de avanzada” por plantear que la educación sexual a brindarse en las escuelas debe contemplar la perspectiva de género. La ley estableció que el diseño y la implementación de las políticas en esa materia queden en manos del Consejo General de Educación (equivalente a un ministerio en el organigrama provincial), que para ello debe convocar a un equipo técnico asesor interdisciplinario conformado por representantes de la Federación Sexológica Argentina, de carreras profesionales de salud, humanidades y ciencias sociales y ONG “con demostrada experiencia en capacitación en educación sexual”. La reforma oficialista no sólo elimina la perspectiva de género, sino también este consejo asesor de expertos.

Como paso previo a impulsar las modificaciones, el gobernador Busti desarticuló en febrero el equipo técnico –previsto en la ley– que venía trabajando desde hacía más de un año en la instrumentación de la educación sexual en las escuelas y que presidía Silvia Darichón, vicepresidenta de la Federación Sexológica Argentina y titular de la Asociación Sexológica del Litoral. “El año pasado hicimos una primera capacitación a los directores de escuelas y supervisores. Este año comenzábamos con la formación de 50 profesionales para que formaran a los maestros, pero todo se frenó”, contó Darichón a Página/12. “El nuevo equipo técnico está encabezado por una funcionaria que nada tiene que ver con la educación sexual: es titular del Jurado de Concurso del Consejo General de Educación”, objetó la diputada Lucy Grimalt, de La Red de Participación Popular, un desprendimiento del Frente Grande, que integra el Foro de Mujeres, una entidad que se conformó para luchar por la defensa de la ley 9501. Contra la reforma también surgieron voces dentro del mismo gobierno, como la de la titular del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva: “Es un retroceso terrible. La perspectiva de género no es una posición de un sector, es una política de Estado a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud, la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló Mónica Fassoni a Página/12.