N.B. de ANÁLISIS DIGITAL

El abogado defensor de Pedro Báez hizo una pormenorizada alegación este viernes. Explicó que los organismos autónomos de contralor son constitucionales, y que intervienen en todos los actos administrativos que suponen gasto de dinero público. Según recalcó Ignacio Díaz, las observaciones que hacen estos organismos pueden lograr la suspensión del acto administrativo. Además, recordó que no se puede ejecutar ningún pago si el expediente no está aprobado por todos los entes descentralizados de control. “Ningún acto administrativo puede evitar este control. El Tribunal de Cuentas (TdC), por ejemplo, no hace un control posterior como se cree. En las contrataciones de alta significación económica, el control debe hacerse desde el origen del acto administrativo”, dijo. “El gobernador hace el pedido pero para acceder a la ejecución del gasto hay que pasar los controles”, acotó.

A lo largo de las audiencias, las alegaciones técnicas de los abogados se van mezclando con definiciones políticas y cuestionamientos a fiscales y jueces. “Estamos en presencia de una causa penal donde ni siquiera se convocó a integrantes de estos órganos. Eso nos hace presumir que fue correcta su actuación, porque si no, por negligencia o dolo deberían estar acá”, señaló y subrayó que “sería un absurdo establecer la improcedencia del recurso planteado. El derecho es uno solo”. Concluyó con una metáfora: “Por prestarle atención al árbol perdí la atención en el bosque”.

“Se está negociando algo”

Lo dijo el codefensor Candelario Pérez. Junto a Barrandeguy asiste a Sergio Urribarri. “Los abogados que defendemos a funcionarios vemos que nada del Derecho Administrativo tiene validez, porque hay presunciones y prejuicios. Por eso, todo lo dicho por el Dr. Díaz no tiene validez pero adhiero igual”, aseguró.

El abogado refirió a la palabra “retorno”, utilizada por los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio. “Está mal utilizada, es un concepto vulgar”, calificó. “El Poder Judicial se pone firma con el control a lo administrativo pero en la propia justicia y en lo jurídico vamos para atrás”, denunció y pidió: “Armonizar la actividad de la Justicia con la administración pública. Esto está trayendo dolores de cabeza en el ámbito nacional”, alertó y abogó por “no ingresar en un camino clandestino porque si es así, nuestras defensas no van a tener efecto, sino tenemos que pensar que se está negociando algo”. “Lo digo con preocupación y respeto”, acotó.

Barrandeguy, por su parte, dijo que no piden el sobreseimiento de sus pupilos. “Creemos que hay errores serios”, apunto, en referencia a la resolución de Bonazzola y acusó que se citaron fallos con un “sentido contrario”. Invocó resoluciones de los congresos nacionales de tribunales de cuentas. “Nadie ejerce el rol que debe ejercer y después aparecen estas cosas”, deslizó. “Entendemos que el fallo -de Bonazzola- es de gravedad institucional”.

En tanto, Vartorelli adhirió al planteo. Todos hicieron reserva del caso federal.

“Los defensores recortan los hechos”

Por otro lado, el fiscal Gonzalo Badano pidió que se confirme la resolución atacada. Afirmó que el fallo de Bonazzola es “razonable”. “Los defensores recortan el alcance de los hechos”, anunció y repasó sintéticamente las investigaciones acumuladas. “El Tribunal de Cuentas no puede actuar como una barrera de contención. Los organismos de control no pueden ser un obstáculo. Tienen la tarea de prevención, pero si fracasan en esa tarea corresponde la intervención de la Fiscalía, porque así está encomendado en la propia Constitución”, consideró.