La violencia en el fútbol dejó al descubierto nuevas diferencias entre el kirchnerismo y el sciolismo, a raíz de un proyecto de ley para penalizar a los barrabravas que fue debatido este martes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa presentada por el entonces diputado Martín Insaurralde, quien hoy se muestra junto al gobernador bonaerense Daniel Scioli, para castigar con prisión de dos a ocho años a los barrabravas y de dos a seis años a los responsables de la reventa de entradas, según publicó Parlamentario.com.
El proyecto fue defendido ante la comisión por el secretario de Deportes de la Provincia, Alejandro Rodríguez, y un grupo de funcionarios del área, en una reunión presidida por Patricia Bullrich (Unión Pro). En ese marco, Rodríguez indicó que “la intención” de Scioli al momento de disolver el COPROSEDE y crear la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) en 2012 “no fue la de perseguir a los barras, sino a los dirigentes”. “La conformación de los barras viene de décadas y en connivencia con la dirigencia deportiva, política y sindical”, denunció el funcionario, quien advirtió que en ese sentido “hay un vacío legal por la falta de una figura jurídica dentro del Código Penal”.
Sin embargo, la kirchnerista Diana Conti le respondió que “el derecho penal no es una solución mágica” y consideró en cambio que, “como siempre, son los jueces los que hacen un uso selectivo de la aplicación del derecho penal”. “El Frente para la Victoria no está de acuerdo con este proyecto de Insaurralde, que lo presentó sabiendo que el Frente para la Victoria no lo iba a avalar”, disparó la bonaerense, y agregó que la tipificación del delito de “barrabrava” en el Código Penal implicaría una “estigmatización brutal”.
El secretario de Deportes se mostró sorprendido por la reacción del oficialismo y negó que se estigmatice a los barrabravas, al ejemplificar que “no se incluye en el Código al ladrón, sino al hecho delictivo”. “Es una herramienta que necesitamos imperiosamente”, insistió.
De todos modos, la Comisión de Legislación Penal acordó trabajar sobre los proyectos relativos a penalidades y sanciones administrativas, mientras otra comisión comandada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, elabora un proyecto integral.
Esa comisión trabaja desde diciembre del año pasado y está integrada por Bullrich; el presidente de la Comisión de Deportes, Mauricio Gómez Bull (FpV), y otros diputados rotativos, en reuniones que se llevan adelante cada 15 días y donde son convocados funcionarios de diferentes provincias.
Los proyectos de ley que apuntan a la violencia en el fútbol pertenecen a todos los bloques políticos y abordan la problemática desde diferentes aristas. Por ejemplo, el radical Hugo Maldonado propone crear una comisión bicameral en el ámbito del Congreso para trabajar el tema.
Sobre el proyecto del sciolismo, la macrista Silvia Majdalani propuso incrementar las penas para que sean de cumplimiento efectivo, es decir, a partir de los tres años, y también apuntó la posibilidad de reducir el número de 10 personas que el texto establece para que la pena sea aplicable.
Por el mismo bloque Cornelia Schmidt-Liermann reclamó el “compromiso de la AFA” y pidió convocar a asociaciones de la sociedad civil, mientras que Christian Gribaudo opinó que “con responsabilizar a los presidentes de los clubes puede parecer que nos queremos sacar el problema de encima”.
Ivana Bianchi (Compromiso Federal), ex esposa del jugador Juan Gilberto “Búfalo” Funes, reveló que en este flagelo “también están implicados los jugadores, a quienes les sacan dinero para reportarle a los barras”.
Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN) cuestionó las “reacciones espasmódicas” del Congreso cada vez que se abre el debate cuando sucede un hecho de violencia en espectáculos deportivos. Además, la diputada y ahora precandidata presidencial coincidió con Conti al asegurar que “la salida por lo punitivo no resuelve el problema”, y añadió que “los mismos que se llenan la boca hablando de los barras son los que después son sus financistas”.
El radical Oscar Aguad se sumó: “no es un problema de aumento de penas, sino de complicidades”, señaló. “La violencia en el fútbol no es la causa, es la consecuencia de un accionar delictivo. El tema central son las mafias”, denunció.