Prostíbulos

Estos locales ya habían sido allanados por la División Trata de Personas de la Policía el año pasado, la cual secuestró elementos probatorios que indicaban que allí se ejercía la prostitución regenteada por terceros.

Los allanamientos se realizaron a fines de junio de 2011, en el marco de la ordenanza Nº 8.955 que prohíbe la habilitación de cabarets y whiskerías en el ejido municipal. La Policía indicó los lugares donde se ejercía la prostitución y se dijo que la entrada principal es el bar pero son prostíbulos.

“Siete de estos locales estaban habilitados como bares pero ya caducaron las habilitaciones y hoy siguen trabajando en forma clandestina, a puertas abiertas, sin ningún tipo de habilitación”, se señaló desde la Policía el año pasado.

Antecedentes

El allanamiento de burdeles en junio de 2011 lo pidió la Policía al juez de Instrucción Nº 5 Ricardo Bonazzola, en el marco de la ordenanza Nº 8.955, al cual se le elevó un informe luego de los allanamientos. “Se secuestraron elementos relacionados a la prostitución: libros de pases, registros de alternadoras, preservativos, elementos para juegos sexuales, DVD, videos”, enumeró el comisario. Los elementos llevaron a la Policía a deducir que “no se trata de un bar común y corriente, que es un prostíbulo, que hay habitaciones. No son bares como ellos dicen, y cuya habilitación caducó”, aseveró. “Acá en la División está todo secuestrado, hicimos memorandos en todos lados. Al Intendente (José Carlos Halle) le hicimos un informe completo de que siguen funcionando, que se secuestraron elementos, que se identificaron alternadoras, que se identificaron clientes. Al defensor del Pueblo también se informó. Todo está informado, les pedimos que tome intervención en el tema”, se dijo a El Diario en julio de 2011.

Comedor

El comedor que funcionaba en el Club Social, en Peatonal San Martín, por carecer el mismo de habilitación para funcionar y poseer decoración realizada con materiales ignífugos, sin exhibir matafuegos ni plan de evacuación del lugar.

Federico Amore, director de Habilitaciones Comerciales, informó que ayer personal municipal concurrió a hacer “una inspección de rutina, tras una investigación realizada por la Agencia Fiscal Municipal”. De acuerdo con los datos que manejaba la Agencia, el comedor del Club Social no tenía habilitación para funcionar. Ayer, “quienes explotan el comercio no pudieron exhibir la documentación que avale su actividad como bar con elaboración de comida, además de otras cuestiones de riesgo para el público, por lo que se ha procedido a la clausura preventiva”, señaló el funcionario. En tanto, Nicolás Luna, director de Inspecciones Comerciales, puntualizó en cuanto a la ausencia de medidas de seguridad que el local “poseía materiales ignífugos, y no había matafuegos, tampoco cuentan con plan de emergencia para evacuar” en caso de siniestro.

Los funcionarios recordaron que “las habilitaciones provisorias no existen”, y que los comercios “o tienen habilitación o no la tienen; tampoco existen los emplazamientos provisorios por 5, 10 o 15 días. Si algún ciudadano tiene noticia de irregularidades en algún comercio en particular, lo invitamos a hacer las denuncias correspondientes”, finalizaron.

Al bar que funciona en el tradicional lugar ubicado en la peatonal de la ciudad llegaron el 27 de enero por la noche tres inspectores y el subdirector de la Agencia Fiscal Municipal. En la tarea de contralor se detectó que tanto la habilitación, los sellos y firmas que permitían el funcionamiento del local eran apócrifos. Los inspectores hablaron con el concesionario del bar, quien reaccionó llamando por teléfono a un hombre al que puso al habla con uno de ellos y le dio la orden de dejar sin efecto el operativo. Luego de la negativa, los inspectores y el funcionario recibieron amenazas de muerte e intimidaciones por parte de dos empleados municipales que irrumpieron en el local gastronómico. El caso fue denunciado en la Fiscalía 5 y se indicó que la persona del otro lado de la línea que envió a los empleados a amedrentar al personal que cumplía sus funciones sería un ex funcionario de la repartición encargada del control comercial, actual directivo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y verdadero dueño del bar. Tres días después, los agresores se presentaron en el despacho del funcionario y reiteraron las amenazas de muerte.