Según el texto se avanzará en exigirle una capacitación en derechos humanos a los “patovicas” que custodian estos lugares de recreación juvenil, así como promueve la conformación de empresas para que estos trabajen en relación de dependencia.

Para Sbresso, este último punto “es un granito de arena para el combate al trabajo en negro”. La norma también establece que policías, gendarmes, no podrán trabajar de civil en dichos locales. Solo podrán hacerlo uniformados y cumpliendo con horas adicionales.

"Este proyecto de ordenanza viene desde hace varios años, anterior al dictado de la ley nacional que regula la actividad”, comentó Sbresso a Diario Río Uruguay. "Cuando sale la ley nacional lo que hicimos fue chequear que los lineamientos sean exactamente los mismos, para no ir en contra posición con una ley de esta naturaleza”.

Luego, continuó precisando que “esta ordenanza se había aprobado hace un tiempo atrás, pero tuvo un veto del Departamento Ejecutivo por algunas cuestiones formales”, dado que “necesitábamos aclarar mejor quien sería la autoridad de aplicación”. De tal manera, “ajustada la nueva norma a lo requerido, fue aprobada por unanimidad” el jueves pasado por el Concejo Deliberante de Concordia. Para Sbresso, la normativa “viene a regular un aspecto que tenía una laguna en la ciudad”.

La seguridad en los boliches

La concejal aclaró que la ordenanza “va a tener un tiempo para entrar en vigencia, porque hay gente que se esta desempeñando en esta actividad, y se le tiene que dar un tiempo para ir ajustándose a la nueva reglamentación”.

Con esa flexibilidad, los llamados “patovicas” deberán estar registrados y la Municipalidad les otorgará un carnet, el que deberán exhibir mientras realicen su tarea.

Por otra parte, deberán realizar una capacitación, “que no digo que la gente que esta desempeñando no lo sepa, sino que siempre viene bien refrescar y reforzar estos contenidos, que son contenidos esenciales en derechos humanos”, expuso Sbresso. Se trata de contenidos referidos a “resolución de conflictos de forma no violenta, en derechos constitucionales, en el verdadero sentido de lo que es el derecho de admisión”.

Otro punto es que quienes actúen en función del control y seguridad dentro de un boliche o local bailable “debería estar en relación de dependencia, ya sea con el organizador del evento o con una empresa que se dedique a explotar este tipo de servicio, con lo cual jerarquizamos este tipo de actividad, y sumamos un granito de arena a lo que es el combate del trabajo en negro”, explicó la edil.

“Creemos que este tipo de trabajadores tiene que estar en regla, y lo mejor es que estén inscriptos por un organizador o una empresa que se dedique a esto”. Subrayó que estas personas “no van a poder estar inscriptos en este registro personal de la Policía, la Gendarmería, ni ninguna fuerza de seguridad”.

Finalmente, para el caso de efectivos de esas instituciones públicas “si ellos pretenden estar de seguridad en algún espectáculo público o privado, lo van a poder hacer, pero estando uniformados, con los adicionales que correspondan, pero no en forma privada ejerciendo en una fuerza pública”, se aclaró.