Deuda social: un diagnóstico sobre las políticas socio-sanitarias en la capital entrerriana

De ANALISIS DIGITAL

Recientemente, el Colegio de Asistentes Sociales de Entre Ríos (CASPER), por la situación del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf), presentó un informe titulado Menos niños, menos pobres, más recursos. En el mismo, se planteó que “según el Censo 2001, la población total de Entre Ríos era de 1.158.147, y para el Censo 2010, la población total de Entre Ríos fue de 1.235.994 habitantes”.

Además, se detalló que la población menor de 14 años para el Censo 2001 dio una cifra de 344.661 y para el año 2010, la población de 0 a 14 años resultó ser de 324.299. Es decir, que la población total se incrementó en la cantidad de 77.847 habitantes, mientras que la población de 0 a 14 años decreció en 20.362. De tal manera, del 29,8 por ciento de la población total pasó a representar el 26,2 por ciento de la población total.

Ahora bien, según la misma fuente, en mayo de 2001, los indicadores sociales arrojaron que en el aglomerado Paraná (la información de Concordia es sustancialmente más grave), se encontraban bajo la línea de pobreza el 30 por ciento de los hogares y el 40,3 por ciento de las personas, mientras que bajo la línea de indigencia se hallaban el 10,3 por ciento de los hogares y el 13,1 por ciento de las personas.

Para el segundo semestre de 2010, en el mismo aglomerado había 7,4 por ciento de hogares bajo la línea de pobreza y 9,5 por ciento de personas en dicha situación; y bajo la línea de indigencia, se encontraban el 3,1 por ciento de los hogares y el 3,2 por ciento de las personas.

Ello permite apreciar, en nueve años, un sostenido descenso de las personas bajo la línea de pobreza e indigencia respectivamente.

Como es posible advertir en los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, el valor agregado provincial casi se duplicó entre el 2003 y 2010, lo que permite inferir que en la provincia hubo una importante generación de riqueza, y por lo tanto, puede decirse que se vivieron años de prosperidad. Entonces, si en los últimos diez años la cantidad de niños disminuyó en valores absolutos, si la provincia experimentó un crecimiento constante, ¿cómo se explica que el organismo de protección al niño, el adolescente y la familia, no puedan dar respuestas a cuestiones que le competen en términos normativos, políticos e institucionales?, se preguntó el Colegio.

Asimismo, según la información de otras fuentes, en noviembre de 2012, Paraná contaba con 10.094 niños y niñas que no poseen cobertura de Seguridad Social, y que como única fuente de atención tienen el sector público, a saber: escuelas, comedores, hospitales y centros de salud, de atención primaria de dependencia provincial. Esta población infantil sumada a 1.098 embarazadas existentes, poseen una amplia red de atención sanitaria compuesta por 25 centros de atención primaria, 20 de dependencia provincial y 5 de dependencia municipal. Sin embargo, dichos efectores no trabajan en forma de red con capacidad resolutiva, ni en forma geo-referencial respecto a la cobertura de su propia población, ni en forma interinstitucional en donde la salud, la escuela y/o el jardín, actúen como un centro de desarrollo infantil para realizar un seguimiento pormenorizado del crecimiento y evolución en forma integral del niño y de las embarazadas.

Es así como los determinantes en salud que influyen notablemente en la calidad de vida de la población más vulnerable, no poseen un modelo articulado que los identifique en primera instancia y los aborde operativamente en segunda instancia.

La articulación intersectorial con participación social y comunitaria en los diferentes niveles de diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones, es clave para ir logrando resultados en las familias y la comunidad. Es por eso que deben integrarse las estrategias y acciones sanitarias al desarrollo del resto de las intervenciones y programas dirigidos y articulados desde la política social.

Solamente mirando las respuestas sociales a nivel sanitario y social realizadas para enfrentar la pobreza, particularmente las políticas sociales con asistencia alimentaria, seguramente se coincidirá que las mismas son aisladas e insuficientes, a veces ausentes y/o espasmódicas, desarticuladas intra y extrasectorialmente. Además, tienen escasa capacidad desarrollada para medirlas y se supone que son ineficaces e ineficientes, porque a pesar de no poder descifrarlas, sabemos del peso actual de los problemas nutricionales que siguen afectando a un número importante de la población.

El Ministerio, el municipio y los planes

Desde diciembre de 2011 hasta la actualidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se desentendió de la “cuestión social” habitual, derivando a cada uno de los municipios la atención de la misma. Esta situación, a simple vista no suena ilógica desde el punto de vista de la descentralización y de la posibilidad de atender las temáticas sociales por los propios organismos que se encuentran en el territorio.

En tanto, desde el municipio de Paraná no hubo respuestas de gestión ante situaciones de riesgos socio-sanitarias presentadas por los profesionales de todos los centros de salud ante factores de riesgo de vida de un niño, una embarazada o un anciano. Es más, según aportaron fuentes del sector a este medio, mucha documentación recepcionada y enviada con ficha médica e informe socioeconómico se perdió. En esta situación, las personas llegan a deambular en la búsqueda de una solución efectiva.

A esto se le suma que el propio Ministerio de Desarrollo Social, instauró en noviembre un “reempadronamiento” de los actuales planes sociales alimentarios como el Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF-FAF), cuyos fondos presupuestarios son enviados desde Nación, y son destinados a los actuales inscriptos.

Este beneficio dinerario es depositado en la tarjeta Sidecreer. Se trata de un monto de 85 pesos mensuales. Para obtenerlo, hay que presentar un certificado médico sobre el estado nutricional sobre quien lo pretende, y un informe socioeconómico.

Este reempadronamiento tuvo una deficitaria organización, y no se tuvieron en cuenta los centros de salud ubicados en cada área programática de la ciudad para actuar de referencia.

El resultado fueron cientos y cientos de beneficiarios quedaron afuera del actual plan.

Otro reempadronamiento actual lo constituyen los actuales beneficiarios de la Ley 4035, también con una deficitaria comunicación a los mismos.

Cabe aclarar que este programa dinerario se sustenta con los aportes que cada trabajador del Estado realiza. Está destinado a ancianos discapacitados, embarazadas y personas con vulnerabilidad extrema.

En enero de este año, muchos beneficiarios se vieron sorprendidos con que los habían dejado fuera del sistema de la 4035. La retribución dineraria consiste en 180 pesos. Al ir a reclamar, se encontraron sin demasiadas explicaciones: se les dijo que como muchos de ellos percibían la Asignación Universal, ya contaban con un beneficio. Actualmente, se tomó conocimiento de que 1.500 personas quedaron sin esta retribución económica.

Tres casos: los resultados del sistema

En el invierno de 2012, falleció Cristian, un niño de 7 meses, para quien se había tramitado ayuda por su situación de vulnerabilidad extrema, pero la ayuda nunca llegó.

Otro tanto suma la historia de Nancy, una mamá con cuatro hijos que vive en el barrio Gaucho Rivero, y que en la actualidad tiene uno de los niños internado en el Hospital San Roque. Esta mamá percibe el beneficio desde que sus dos hijas de 6 y 9 años murieran calcinadas en su precaria vivienda, en 2008, producto de un incendio con una vela.

En esa época Nancy se encontraba embarazada y sufrió quemaduras graves, pero pudo salvarse quedando con secuelas de este hecho traumático. Sobrevivió hasta acá con la ayuda de los vecinos, del comedor de las monjas y del subsidio de la 4035 sumado a la asignación por sus dos hijos.

Sin embrago, hace pocos días, se enteró en el Hospital San Roque, donde acompaña a su pequeño, que le habían sacado el beneficio.

Por otro lado, María Laura, embarazada de cinco meses y con cuatro hijos vive en el barrio El Morro. Al igual que Nancy, hoy se encontró con que no iba a percibir más este ingreso. Su casa es muy precaria, y apenas subsisten con la Asignación Universal.

En ninguno de estos hogares hubo festejos de Navidad y Año Nuevo porque para el 25 de diciembre se habían inundado, y para el 1 de enero no tuvieron dinero.

Precariedad del hábitat y vulnerabilidad social

La provisión de chapas en estos tiempos de post inundación fue muy escasa, la igual que el suministro de alimentos. Los ciudadanos pobres e indigentes debieron realizar largas colas de espera para poder recibir algunos bolsones después de las inundaciones. En muchos, casos no obtuvieron respuestas.

Hoy el mayor determinante en las situaciones de vulnerabilidad social que impactó en los cuadros de morbilidad y mortalidad infantil por causas evitables, lo constituye la precariedad del hábitat. Esto se puede constatar a través del seguimiento y vigilancia de casos de morbi mortalidad infantil en hogares de Paraná.

Los trabajadores de la Salud aún tienen dificultades para reconocer que la inequidad distributiva condiciona los perfiles diferenciales de vida, y que en el actual contexto de desigualdad, un grupo importante de población tiene limitado el acceso a los alimentos. De ello resulta el deterioro sanitario que debe asistirse.

La actualidad además está signada por profundos cambios epidemiológicos, y se está iniciando un periodo crítico en la ya deteriorada nutrición de nuestra población. Este síndrome nutricional de la clase media, se puede ver asociado a los siguientes hechos sanitarios: alta prevalencia de retraso crónico de crecimiento, una epidemia de desnutrición oculta, un incremento de la obesidad y de población con enfermedades crónicas degenerativas. Se estima que cinco de cada diez chicos que asisten a control se encuentran con bajo peso, retraso de crecimiento y/o anemia.

Por ultimo, vale recordar que desde hace tiempo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que asiste técnicamente a distintos gobiernos del mundo para el desarrollo y la protección de la niñez, señala que tres cuarta parte de las enfermedades que afectan a la población pueden evitarse si estas dispusieran de viviendas sociales dignas, agua potable, de un apropiado sistema de disposición de excretas y de nutrición adecuada.

Entre Ríos es una de las dos provincias con focos de incendios activos.

Relanzaron la Línea 137 para acompañar ante situaciones de violencia y acceso al derecho.