El ex juez Beades recordó casos resonantes que conmovieron a Entre Ríos

-A usted lo nombraron fiscal del STJ en 1980 y en 1984 pasó a ser juez de Instrucción. Uno de los primeros casos resonantes que tuvo fue la búsqueda de NN, es decir de desaparecidos en la dictadura. ¿Hasta dónde se pudo llegar?

-La causa que se abrió en Paraná recayó en mi juzgado y lo más trascendente que hicimos, a raíz de una denuncia que se había hecho, fue investigar la existencia de tumbas NN en el cementerio local. Efectivamente detectamos una y se hizo la exhumación del cadáver. Eran solo huesos. Había algunos pedazos de tela.

-¿Pero había algún nombre?

-No había nada. Los restos fueron retirados por el personal médico forense y trasladados a Tribunales y sometidos a distintas pericias. En esa época no existían los procedimientos de ADN y mucho no se pudo avanzar. Ese NN siguió siendo siempre NN.

-El tema tuvo mucha repercusión. Era el retorno de la democracia. ¿Tuvo presiones?

-Ninguna. Para nada. Ni de un lado para que investigara ni de otro para que dejara de investigar. Debo reivindicar que pude realizar mi labor con total libertad, aunque no hubo resultados.

-Un año después le cayó el secuestro de la empresaria Susana Marcos, que fue asesinada y arrojada en Puerto Márquez, en La Paz. ¿Por qué arrancó por usted? ¿No se entendía que era un secuestro extorsivo?

-Ignoro porqué. La denuncia de la desaparición se radicó primero en la Policía provincial porque no se sabía a qué se debía. Luego se supo que era un secuestro extorsivo y el cadáver apareció en la zona de Puerto Márquez. Recuerdo que tenía atado como un riel para que se sumergiera, pero de todos modos emergió y fue encontrado. A partir de ahí era obvio que no era un simple secuestro, sino una figura más grave y complicada.

-Silvano Santander fue el abogado de los acusados, después condenados, denunció de manera muy firme los apremios ilegales que habían sufrido sus defendidos. ¿A eso lo llevó adelante usted?

-Recayó en otro juzgado porque al advertir yo lo que había ocurrido y la calificación legal que el hecho podía merecer, declaré la incompetencia de mi juzgado y lo remití a la Justicia Federal. El juez federal en principio no aceptó y la causa terminó para ser dirimida en la Corte Suprema, que dijo que yo estaba en lo cierto y, en consecuencia, derivó el expediente a la Justicia Federal, donde terminó tramitándose y fueron condenados los imputados. Lo que puede haber surgido paralelo a eso o como extracción de eso, que son los supuestos apremios ilegales no sé en qué juzgado puede haber recaído. En el mío no fue, así que de esa causa no podría llegar a hablar.

-Después le llegó el asalto al Hospital Roballos, ocurrido en 1990, que provocó una gran conmoción en la sociedad porque fue un episodio muy violento, donde asesinaron al cabo de policía Vicente Tarnowsky.

-Era el día de pago y por eso sabían que en el Roballos estaba el dinero para los sueldos del personal. Cae esa banda, porque realmente era una banda con toda una logística y todo perfectamente estudiado, con autos que habían dejado en las inmediaciones para poder huir prestamente del lugar. Apareció el cabo Tarnowsky que estaba de guardia y a quemarropa lo ultimaron y huyeron. Recuerdo que una vez que me avisaron me constituí de inmediato en el Roballos, ordené que se fueran practicando las medidas de rigor y se levantaran todos los rastros posibles. Ahí comenzó la investigación que, abreviando un poco en el tiempo, lamentablemente quedó trunca.

-¿Por qué? ¿Entiende que se movieron factores políticos o extrajudiciales que impidieron llegar al esclarecimiento? Hubo gente que vio, pero había mucho miedo.

-Por las características del hecho, puedo asegurar que el personal todo del hospital, y sobre todo de la parte administrativa, del director al que tenía que pagar los sueldos, quedaron aterrorizados. Hay que comprender esa situación. Se hicieron una serie de imputaciones, entre ellos la de Carlos Balla, y en una rueda de personas nadie fue reconocido. Concretamente, Balla no fue reconocido por ninguno de los que estuvieron.

-Tenían las caras cubiertas.

-Exactamente, y eso desfiguraba las facciones. Hay que reconocer que el miedo, sumado a la rapidez y la violencia con que actuaron, y al hecho de entrar con medias en la cabeza, todo eso contribuyó a que fuera una especie de misión imposible el poder identificar físicamente a los responsables. Hubo algunos detenidos, incluso gente de Santa Fe que se trajo para acá.

-Marcelo Chalaliche y Gabriel Giménez.

-Si, con el agravante de que no me acuerdo cuál de los dos, el día del hecho había estado en el hospital con una pierna quebrada o sea que era medio difícil la imputación.

-Usted era un juez que tenía las puertas abiertas. Quien quería hablar con usted podía hacerlo. Balla intentó alguna vez en ese momento conversar. Era comisario de la Policía de Entre Ríos.

-Nunca. Para nada. Yo lo conocía por ser un funcionario policial y porque quizás en alguna ocasión dentro de un procedimiento común le habría otorgado alguna orden de allanamiento por algún delito.

-Después se lo encontró en el juicio por el caso Calero. ¿Puede que sea ese uno de los episodios más duros que vivió como camarista? Uno recuerda esa madrugada de 1996 cuando usted hizo la acusación, la reacción de la familia y del propio Balla fue muy fuerte.

-Fue muy fuerte, sí. Y no sé de dónde saqué fuerzas para quedarme en mi lugar. Volaban sillas, recuerdo una que me pasó por arriba.

-Balla siempre negó su participación. ¿Usted consideraba que había elementos suficientes para demostrar esa participación?

-De hecho, eran prácticamente los mismos elementos con los que se condenó a Romero. Si no alcanzaban para Balla, Romero tenía que quedar en libertad. Básicamente, era la acusación de Eva Duarte. De ahí partía todo. Sobre esa base, la cámara elaboró toda una teoría que fue refrendada por la Sala Penal del STJ.

-¿Sintió mucho la presión? Balla y su familia y amigos presionaron. Estaban decididos a todo o nada y a generar cierto temor en la justicia para que no se lo condenara. ¿Usted sintió eso?

-No. Para nada. No me sentí amedrentado. Inclusive recuerdo que creo que por disposición del STJ, concluido el juicio, me asignaron custodia y sinceramente me sentí molesto. Primero porque lo consideraba como una especie de trato preferencial y privilegiado que no creía merecer. Y segundo porque de verdad no estaba asustado. Si una persona está temerosa le va a gustar ver un custodio, pero yo no sentí temor. Mansamente acepté la presencia de la policía, inclusive había un patrullero estacionado por la noche frente a mi casa, hasta que un día pedí por favor que lo quitaran.

-Después le llegó un caso vinculado a la política: el de las 25.000 cajas fantasma que se compraron para que repartieran los entonces diputados en la cámara que presidía Orlando Engelmann. Tampoco se pudo llegar a un final como se esperaba, en uno de los primeros y más sonados casos de corrupción. ¿Por qué fue tan difícil?

-Fue difícil porque había pesos pesados implicados en todo eso.

-Estamos hablando de diputados y asesores.

-Claro.

-¿Usted entiende que se corporativizaron?

-Exactamente. Creo que hubo una actitud corporativa y entonces cuando empezaron a investigar o tenían amnesia o no habían visto nada o no había pasado nada. Pero lo real, que se pudo demostrar en el juicio primigenio que se hizo, con otros imputados, es que esas cajas nunca pudieron haber existido.

-Pero en los papeles figuraban. Incluso cómo se hizo la operación y cómo se pagó por adelantado.

-Sí, exactamente, todo eso figuraba. Hasta alguna responsabilidad quizás en aquel momento del Tribunal de Cuentas.

-No fue la única operación, sino que hubo dos más, con un mismo proveedor, de apellido Cabral.

-Recuerdo haber tenido charlas con altos funcionarios del Tribunal de Cuentas que estaban sumamente preocupados ante la situación que se les había planteado porque ellos mismos se daban cuenta de que todo era un gran globo que se había inflado y era todo mentira. Las cajas no aparecieron, nunca se repartieron, pero se pagaron.

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