La nueva resolución hace hincapié en el reclamo de los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munne, y significa que los dos detenidos, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, no serán juzgados en el TOF por el momento, hasta que el magistrado determine si se trató de un delito conexo de lesa humanidad o un homicidio en ocasión de robo, como confesaron sus autores.
El homicidio de Suppo ocurrió en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, el 29 de marzo de 2010, y se encuentran detenidos dos "trapitos", que le robaron 200 pesos en efectivo y la asesinaron de nueve puñaladas.
Según precisó Telam, los detenidos confesaron la autoría del homicidio, pero el año pasado, un testigo de identidad reservada dijo que el asesinato de Suppo era un homicidio por encargo para "evitar que declare contra policías y/o militares en causas en la que se investigan violaciones a los derechos humanos, en las que ella era testigo y víctima".
El 29 de marzo último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia federal y ordenó remitir la causa al juez Rodríguez por que "no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales que investigan delitos de lesa humanidad".
Cuando la Corte definió la competencia, el juez de Instrucción, Alejandro Mognaschi estaba a punto de elevar la causa a juicio oral en los Tribunales de Rafaela.
El expediente pasó, entonces, al juez Rodríguez quien -el 10 de mayo- hizo lo mismo que su colega: cerró la investigación sobre los presuntos autores materiales para que Sosa y Cóceres sean juzgados por el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó abierta la posibilidad de indagar en el futuro si hubo autores ideológicos.
Ahora, el TOF anuló el desdoblamiento de la causa y le pidió a Rodríguez que termine la investigación ya que "debe estar completa, porque de lo contrario se vulneraría la garantía del debido proceso legal, consagrado en la Constitución Nacional", indica la resolución, coincidiendo con los abogados de la familia Suppo, que habían solicitado la "nulidad" de la elevación a juicio de la causa.
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