Viale fue recibido por el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, ya que el legislador le solicitó el encuentro para interesarse por la investigación en torno a la empresa Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay que recientemente fue declarada en quiebra luego de haber recibido 5,5 millones de pesos del Estado para sostener lo que se suponía que sería una fábrica de cosechadoras.

“En el año 2012 presentamos el único pedido de informe para que se aclarara este tema de las cosechadoras, pero nunca fue respondido, por eso fuimos a pedir una reunión con el procurador”, señaló el diputado en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

“Le llevamos a García una copia de lo que presentamos en la Legislatura en el que figura el pedido de comparecencia por el crédito con tasas irrisorias otorgado a la empresa de cosechadoras que no fue investigada en lo más mínimo”, contó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

“En Argentina hemos naturalizado la corrupción y el desfalco de la cosa pública, donde los funcionarios de turno son millonarios y no pueden explicar cómo consiguieron esa plata. Nos parece normal que se le otorguen casi 6 millones a una empresa que se robó la plata, pero llama la atención que nadie del Estado haya investigado y eso le consultamos a García, que nos manifestó su preocupación sobre este tema”.

Criticó además que se le otorgó un crédito a una empresa que no fue investigada. “Cómo puede ser que no se sepa quién está detrás de esa firma. Realmente esto es la naturalización más absoluta de una situación de corrupción y de un gobernador (Sergio Urribarri) que aspira a ser Presidente, pero que no puede manejar con claridad lo que pasó con esta empresa”, expresó.

“Esta naturalización es a lo que nosotros no queremos acostumbrarnos, por eso fuimos a ver al procurador para ver cuál es el movimiento que va a hacer la Justicia”, explicó.

“Esto es algo imposible de creer que la Legislatura aprobó darle una partida presupuestaria a una empresa que tiene a un dueño que está procesado y se autoadjudicó por 30 años el hotel Ayuí. Este cuento del tío es lo que aprobó en menos de 10 horas la Legislatura y le dio a un empresario procesado, que es funcionario político un crédito irrisorio”.

Por otra parte, dijo que presentó un pedido de informe acerca de los viajes en avión y helicóptero que el gobernador realizó en el último año. “Ante informes periodísticos que plantean que el mandatario estaría utilizando vehículos oficiales de transporte aéreo para actividades personales, queremos que tenga la oportunidad de aclarar la situación”, expresó el legislador.

El proyecto apunta a que el Poder Ejecutivo Provincial informe a varios puntos relacionados con los viajes en avión y helicóptero por parte del gobernador.