Con el verano encima y las dificultades que eso implica, la comisión provincial de la Memoria igual ya se reunió el viernes por tercera vez. En esta última ocasión lo hizo con los abogados querellantes de Paraná en el caso: Álvaro Piérola, Marcelo Baridón y Marcelo Boeykens. “La idea es organizarnos con anticipación pese a que en términos judiciales no hay muchas novedades por la feria judicial”, dijo. También habrá prontamente encuentros con los querellantes de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Entre los programas que se ejecutarán están el de “Verdad y Justicia” y el de “Protección de testigos y acompañamiento”, éste último es nacional.

El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a nueve represores por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y 25 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. La fecha anunciada para el comienzo de las jornadas orales es el 21 de marzo.

“En la difusión de los juicios tenemos que armar un discurso unificado. Esto lo vamos a hacer desde la mesa de Juicio y Castigo”, apuntó Piérola en referencia al espacio que se creó para la causa Hospital Paraná. Entre los primeros encuentros del año hubo uno con el flamante titular del área, Rubén Virué. “Nos juntamos para ponerlo al tanto de lo que veníamos haciendo”, resumió la funcionaria sobre el cónclave.

La otra cosa

Otro de los juicios anunciados para este año es el que se conoce como causa Área Paraná, en el que se juzgará el accionar de los represores de la costa del Paraná. El proceso se llevará a cabo con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en materia penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.

Todos ellos por la desaparición de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna. La asociación Hijos Regional Paraná, cuando presentó el escrito de acusación en la mega causa, introdujo la figura de “desaparición forzada de personas”. La misma responde a una reforma en el Código Penal en mayo pasado. Los querellantes entienden que es válida para ser juzgada. “Se trata de personas cuyos restos no se han encontrado y, por lo tanto, se sigue ejecutando el delito”, explicó oportunamente la abogada representante, María Florencia Amore. Para Osuna, este caso no encuadra, ya que sus restos fueron hallados.

El jefe

Albano Eduardo Harguindeguy fue el ministro político de la dictadura y en ese rol coordinó la actuación de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que ejecutaron el genocidio en todo el país. El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla tenía bajo su órbita los centros clandestinos de detención, tal es el caso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos, y el Regimiento de Caballería de Tanques de Concordia, por el que pasaron Solaga y Zalasar. El represor no fue sometido a proceso en el Juicio a las Juntas y luego fue beneficiado por la ley de obediencia debida y el indulto firmado por Carlos Menem, publicó El Diario.

En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, Harguindeguy reconoció ante la televisión francesa que no estaba arrepentido de su accionar. “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: ‘Nosotros los libramos de ser un país marxista’”.