Si bien no forman parte de la causa, el rol de los civiles durante el Terrorismo de Estado estará en el centro del debate: buena parte de las víctimas fueron detenidas en la ‘Noche del Apagón’ y en Mina El Aguilar, y numerosos testigos señalaron el rol del Ingenio Ledesma de Carlos Blaquier y de Minera Aguilar SA en la represión.

El primer juicio oral de la provincia comenzó en julio del año pasado y lleva ya diez meses de audiencias. Para el fiscal federal ad hoc Pablo Pelazzo, en ese tiempo quedó claro el funcionamiento del aparato represivo de Jujuy y, en particular, el rol del penal de Gorriti como lugar donde se llevó a la mayor cantidad de detenidos de Jujuy. “Hacia esa cárcel fueron llevados y torturados los detenidos de Minas del Aguilar y la Noche del Apagón. Desde allí también fueron luego trasladados después a La Plata o Ezeiza. Es uno de los lugares emblemáticos de la represión en la provincia”, explicó.

Por su parte, Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, destacó que las pruebas que presentó la querella fueron contundentes y señaló que esperan “una condena histórica, ejemplar y que sea el inicio de un proceso judicial en Jujuy donde todos los delitos de lesa humanidad sean esclarecidos”.

“Tenemos mucha expectativa en este día y creemos que es el puntapié inicial. Pudimos reconstruir con testimonios cómo ha sido el Terrorismo de Estado y el rol que han jugado estos tres represores, dueños de la vida de nuestros familiares durante la última dictadura. Pero no sólo se probó la participación de los militares sino también de los cómplices civiles: Blaquier y Minera Aguilar han sido participes de la represión”, consideró Peña.

Peña es querellante en el juicio por la desaparición de su marido Julio Rolando Álvarez García, secuestrado el 21 de agosto de 1976, liberado en diciembre y luego vuelto a desaparecer. Por su caso está imputado Braga, señalado como responsable de su detención y partícipe necesario de su homicidio.

Pelazzo también se refirió a la pata civil de la última dictadura y señaló: “Tal como se dijo en los alegatos, más allá que no se juzgue a la Iglesia o responsables civiles, ha quedado demostrado en el juicio el carácter cívico del golpe, a través de las empresas de Minera Aguilar y el sector de la Iglesia que no están porque están muertos. La mayoría de los presos contó como el obispo (José) Medina entraba a los lugares de detención”, manifestó.

Más allá de la pena que los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin le den a los acusados, Peña consideró que todo el proceso ha sido reparador para las víctimas y familiares: “El juicio es una reparación para nosotros. Si bien queremos una condena a perpetua y cárcel común, nos interesa que hemos tenido la valentía, a través de la lucha, para llevar al banquillo y sentar ante la sociedad jujeña a estos represores. A través de este primer juicio, la sociedad jujeña se dio cuenta como ha sido el Terrorismo de Estado”, concluyó.

Desde el mediodía, los organismos de Derechos Humanos comenzarán a movilizarse hacia el TOF de Jujuy junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales como la organización barrial Tupac Amaru. “Esta sentencia marca un camino que no tiene vuelta atrás”, señaló la referente de la organización y presidente del Partido por la Soberanía Popular, Milagro Sala.