En un comunicado que fue enviado a sus socios y al que tuvo acceso ANALISIS DIGITAL, Fopea aclaró que “más allá de estos pasos, el Foro alerta sobre la enorme gravedad institucional democrática que podría acarrear la sanción de normas que limiten el libre ejercicio de la tarea investigativa del periodista, disposiciones que, al contemplar penas de prisión, incluso podrían ser contradictorias con los avances registrados en los últimos años por la Argentina, en términos de despenalización de delitos vinculados con la prensa”.

“A partir de la información disponible hasta hoy, consideramos que el borrador difundido contempla atropellos a la libertad de investigación periodística y es un retroceso en los avances de la libertad de expresión. Todo intento de silenciar a sectores determinados del periodismo implica una agresión al derecho humano colectivo de poder acceder a información”, precisaron.

En la misma línea, entendieron que “inicialmente, el texto que trascendió sobre el articulado que hace a nuestra función social periodística tiene un amplio margen de acción e interpretación discrecional por parte de los magistrados que deberá aplicar la ley o de los funcionarios que deberán reglamentarla. En los jueces quedará, por ejemplo, la potestad de entender si algo fue publicado "indebidamente", el carácter privado de ciertos documentos que tienen intervención de organismos del Estado, el concepto de "justa causa" o el "propósito inequívoco de proteger un interés público actual" como eximente de delito (las comillas corresponden a los textuales que trascendieron). Consideramos que una norma de esta naturaleza debe acotar los márgenes mencionados y otros que puedan encontrarse”.

“También se habla, incorrectamente, de la pena de inhabilitación cuando el ejercicio periodístico no requiere de habilitación estatal previa. El artículo en cuestión no establece que se limite a los funcionarios públicos, por lo cual podría encerrar un preocupante intento de regular la profesión. La precisión es un elemento fundamental en la redacción de las leyes”, agregaron.

Además, “en momentos en que se reaviva el reclamo social para disponer de normas de acceso a la información pública (inexistentes a nivel nacional y en la mayoría de los distritos provinciales y municipales), el texto conocido vuelve sobre la negativa categoría del secreto en áreas del Estado que no hacen a la seguridad y defensa nacional. El secretismo es una práctica que debe ser desterrada de las oficinas públicas, en vez de alentada”, instaron.

Por último, marcaron que desde Fopea reivindican “nuestro Código de Ética, en el que se defienden y remarcan las buenas prácticas profesionales y se limitan ciertas herramientas, como las cámaras ocultas, a un uso en forma excepcional y sólo cuando no hay otra forma de acceder a la información”.