Domingo Daniel Rossi.
Domingo Daniel Rossi reapareció en el escenario público entrerriano envuelto en un ropaje incómodo: el de paladín anticorrupción. Hoy asegura que combate las maniobras con fondos del Estado, denuncia los contratos truchos y presenta su expulsión del Partido Justicialista como una medalla, como la prueba de que molesta a una estructura que no tolera a quienes señalan el desvío de dinero público. Es un relato eficaz. Tiene, sin embargo, un problema de origen: contradice de manera frontal su propia biografía. Porque hubo un tiempo en que Rossi no denunciaba el desvío de fondos del Estado. Lo organizaba, en su rol de vicegobernador, entre 1987 y 1991. Y lo hacía con un método que conocía a la perfección, idéntico en su lógica a aquello que ahora dice combatir, sólo que en lugar de contratos truchos utilizaba compras truchas. La operación más resonante de aquella etapa lleva su firma política y su planificación personal: las 25.000 cajas de alimentos que nunca existieron.
Entre 1989 y 1990, ante una demanda social que crecía al ritmo de la inflación y de la caída de Raúl Alfonsín, un sector del peronismo entrerriano encontró en las cajas de alimentos una veta doble: aliviaba la necesidad de la gente y, al mismo tiempo, servía para hacer caja política. Y la Legislatura entrerriana era clave: Domingo Daniel Rossi, como vicegobernador de Jorge Busti en el Senado; Orlando Víctor Engelmann, en Diputados.
En la cúpula de ese esquema, Rossi ocupaba un lugar de privilegio. Siempre fue un hombre sediento de poder, pero también presto a acumular dinero fácil del Estado entrerriano. Un personaje hábil y especulador, siempre dispuesto a sacar ventaja en cada lugar que ocupaba. Lo había hecho como chofer de Dardo Pablo Blanc cuando éste asumió la Vicegobernación en 1973; lo había hecho en el frigorífico de Santa Elena, primero privatizado con empresarios del norte santafesino, después estatizado bajo Montiel a pedido del propio Rossi -que fue intendente entre 1983 y 1987- y finalmente vuelto a privatizar, donde cerró sus mejores negocios con el empresario Rodolfo Constantini, del grupo Euromarche. Esa trayectoria, la de quien aprende a sacar tajada en cada sillón, es la que explica lo que vino después.
El gobernador Jorge Busti dejaba jugar a sus alfiles. Sabía de la distribución de las porciones del negocio del Estado y de la necesidad de mantener el equilibrio interno; tenía la última palabra y definía cada acuerdo, por grande o por chico que fuera. Pero la caja de la Legislatura, con su enorme poder de expansión territorial en decenas de localidades, era el espacio donde los legisladores podían sentir que mandaban. Y en ese terreno se movía Rossi con comodidad. No era un engranaje menor del sistema: era uno de los que diseñaban las operaciones.
La prueba más clara de esa autoría aparece en su propia agenda personal. El lunes 13 de agosto de 1990, siendo vicegobernador, Rossi anotó a mano las urgencias del momento: la fecha de la elección interna que debía acordar con Augusto Alasino, entonces presidente del Consejo Provincial del PJ; el traspaso del frigorífico Santa Elena; y la forma en que debían repartirse una nueva serie de cajas de alimentos. Eran cajas que nunca habían tenido trascendencia pública, porque funcionaban como lo más parecido a un botín de guerra, donde unos pocos lograban importantes dividendos. Entre paréntesis, junto a ese punto, escribió un apellido: Hairala. Se refería a su colaborador directo en el Senado, Luis Héctor Hairala, oriundo de Santa Elena, quien debía hacer ese trabajo con un pie ya en Acción Social. Y en la misma agenda figuraba un nombre que sería central en toda la trama, con teléfono incluido: Luis Cabral, 042-51402.
El esquema no era nuevo. A comienzos de 1990 el gobierno había repartido, a través de sus legisladores, 41.000 cajas de alimentos que le costaron al Estado 1.522.310.000 australes, unos 150.000 dólares de la época, y que fueron compradas a ese mismo Cabral. Fue la única vez que el reparto se hizo entre peronistas y radicales. Rossi, en agosto de ese año, quiso replicar el modelo, pero limitándolo a los suyos. Y con una prioridad muy concreta: Santa Elena y sus alrededores, porque ya preparaba su retorno a la Intendencia de ese municipio a partir de diciembre de 1991. La asistencia alimentaria, en su cálculo, era el combustible para ganar adeptos y para saldar deudas políticas.
Esa deuda tenía un origen preciso: la interna del PJ de diciembre de 1990, en la que se impuso la fórmula Mario Moine-Hernán Orduna, que Rossi apoyaba junto a Busti. Mientras las partidas de 41.000 y 27.300 cajas fueron ordenadas por el conjunto de los diputados justicialistas, las 25.000 cajas fueron una decisión personal de Rossi para pagar la deuda de la interna. La operación de las 25.000 cajas fue organizada personalmente por Domingo Daniel Rossi. Y fue el detonante de todo.
El mecanismo se montó en enero de 1991, justo cuando Busti se había tomado sus vacaciones anuales y viajó a Brasil. La ventana era perfecta. Rossi le ordenó al entonces director de Promoción y Acción Social, Luis Héctor Hairala, que solicitara al ministro de Bienestar Social, Cultura y Educación, el doctor Augusto Ramos, la urgentísima adquisición de 25.000 cajas con productos alimenticios. El importe se calculaba en 1.950.000.000 de australes, cerca de 200.000 dólares, y se justificaba en impostergables necesidades alimentarias de vastos sectores de la población. La fórmula burocrática del apuro y la urgencia social era el envoltorio; debajo, la maquinaria ya estaba en marcha.
Con fecha 14 de enero de 1991, la nota fue elevada por el ministro de Gobierno, Hernán Darío Orduna, al vicegobernador Rossi. No había relación personal entre ambos, pero el ministro político no estaba dispuesto a poner trabas al pedido. Cuatro días después, por decreto número 100 del 18 de enero, Rossi autorizó la compra directa, previo cotejo de precios. La firma que habilitó la operación irregular fue la suya. El contador Ricardo Baronetti, a cargo del Servicio Administrativo Contable del ministerio, cursó invitaciones a firmas de Paraná y Santa Fe que pudieran entregar de manera inmediata y total lo requerido. Para el 21 de enero se hizo el acto de apertura de sobres. Y entonces ocurrió lo imposible.
Al día siguiente de la apertura, en menos de veinticuatro horas, las 25.000 cajas aparecieron armadas, rotuladas y supuestamente entregadas, según los papeles. Para trasladarlas se habrían necesitado unos diecisiete camiones. Nadie las vio circular. El 1 de febrero, ya de regreso de Brasil, Busti aprobó por decreto 271 el cotejo, adjudicó la compra y autorizó el pago a la firma Luis Cabral Distribuciones. La orden de pago fue por 1.948.000.000 de australes, con dos desembolsos parciales: el primero, de 692.438.414 australes, el 25 de febrero; el segundo, de 577.903.118 australes, el 12 de abril. El saldo quedó suspendido recién el 25 de octubre, por el decreto 4998, cuando ya habían empezado a salir a la luz las irregularidades.
Porque las irregularidades eran abrumadoras. Fueron nueve las empresas invitadas y ocho las que, supuestamente, cotizaron: Cenaluma SRL, Entresan SRL, Luis Cabral, Aerotur, Distribuidora BB, Marcos y Compañía, Magrán SRL y Supermax. Cuando los auditores fueron a verificar esas cotizaciones, el castillo de naipes se derrumbó. Marcelo Magrán negó haber retirado cotización alguna, pese a que figuraba un papel con su supuesta firma. A Enrique Edgardo Mirich, de A. Marcos y Compañía, le falsificaron las firmas y aclaró que jamás había intervenido en compras directas de ese tipo. En Cenaluma, su socio gerente Luis María Allevi desconoció las firmas que se le exhibían y aseguró que nunca había operado con el gobierno entrerriano. A los representantes de Supermax directamente no se los citó.
La única que reconoció su firma fue Marna Silvina Sheggia. Y había un motivo: era socia de Cabral, con el diez por ciento de Entresan SRL. Es decir, las cotizaciones de la competencia eran un decorado. El perito calígrafo lo confirmó del modo más contundente: las firmas estampadas en la constancia de recepción de solicitudes y en las ofertas habían sido puestas de puño y letra por el propio Luis Cabral. El ganador y los perdedores eran la misma mano. A esto se sumó el testimonio de Guillermo Miguel Rozek, el proveedor que, según Cabral, le había vendido las 25.000 unidades para entregar los alimentos. Rozek fue terminante: Cabral nunca le compró cajas en enero de 1991. Le había comprado en 1990, antes de la interna. La mercadería que se facturaba como recién adquirida, si alguna vez existió, era vieja.
El que puso números y palabras a la maniobra fue el Tribunal de Cuentas. La fiscal Estela Bovier de Haenggi, tras casi seis meses de trabajo de un grupo de auditores que dependían del vocal Rubén Morel, firmó un informe demoledor. No surgía un solo indicio de que la compra se hubiera producido. Por el contrario, todo apuntaba a que la compra no existió, a que la mercadería no se entregó y a que el erario público había realizado pagos por lo que jamás recibió. Los recibos y las pruebas urdidas para ocultar la inexistencia de la operación eran, en sus palabras, inoponibles e impugnables. El organismo, que entonces presidía Hugo Alberto Molina, derivó la cuestión a la Justicia. La denuncia penal recayó en el juez de Instrucción Héctor Toloy.
La compra de 25.000 cajas no fue una más entre tantas. Fue, textualmente, la operación irregular organizada personalmente por Domingo Daniel Rossi, y se convirtió en el detonante que puso en jaque a casi todos los legisladores del PJ entrerriano. Los naipes fueron cayendo uno a uno en esa historia de poder y corrupción. Pero el primero de la fila, el que diseñó la jugada, eligió el momento, dio la orden y firmó la autorización, fue el vicegobernador.
El método de Rossi no se agotaba en dibujar una licitación. Para sostener la ficción de que las cajas se habían repartido, necesitaba que alguien apareciera recibiéndolas. Y ahí desplegó la parte más sucia del operativo. Numerosos testigos de la época recordaron que Rossi consiguió que Cabral enviara cajas a fines de agosto de 1990, pero que recién aparecieron en la documentación administrativa en enero de 1991. Para cerrar el círculo, ordenó a sus colaboradores que hicieran firmar recibos en blanco a legisladores, funcionarios, presidentes comunales y de juntas de gobierno de toda la provincia. Esos papeles figurarían después como constancias de recepción de cajas en enero del 91. A muchos los confundió deliberadamente respecto de las fechas; algunos terminaron afirmando que habían recibido la mercadería sin estar convencidos de cuándo.
Hubo, sin embargo, quienes no se prestaron al libreto. Los exdiputados José Ré, de Diamante; Rubén Matorras, de Gualeguay; y Mario Juárez, de Victoria, negaron ante el juez Toloy haber recibido caja alguna a principios de 1991. El dirigente radical Ré fue el más enfático. No sólo negó la recepción que constaba en un recibo con membrete de la Presidencia de la Cámara de Diputados, sino que denunció con nombre y apellido a los autores de la falsificación de su firma. Sostuvo que el recibo había sido adulterado y falsificado en la propia Presidencia, por el mismo presidente o un allegado directo, y apuntó a quien entonces era asesor y luego diputado provincial, Raúl Taleb, cuyos rasgos —dijo— eran similares a los de la firma supuestamente adulterada. Ré lo resumió con crudeza: nunca recibió ningún tipo de caja en enero de 1991, el recibo era falso material e ideológicamente, estaba sobreborrado, con la fecha corregida con otra máquina y otra cinta. Y agregó una conclusión que cae como una sentencia sobre toda la maniobra: estaba demostrado que la compra no existió, porque no se puede hacer todo en menos de cuarenta y ocho horas, como allí aparecía. Era humanamente imposible.
El costo político de mantener esa postura firme y no corporativa lo pagaron ellos. Juárez y Ré se alejaron de la actividad; Matorras jamás volvió a ser reelecto y quedó relegado a tareas de asesoría. Los que dijeron la verdad fueron los que cargaron con las consecuencias. Mientras tanto, en sede judicial, el caso avanzaba. Al declarar, el propio Cabral consignó que Engelmann, un señor de apellido Taleb y Domingo Daniel Rossi, junto a Hairala, habían ido a retirar la mercadería a Santa Fe. El nombre del vicegobernador aparecía, otra vez, en el centro de la escena. Semanas después, el juez Toloy procesó por defraudación agravada al proveedor santafesino Luis Cabral y al exdirector de Promoción Social y operador de Rossi, Luis Héctor Hairala.
El procesamiento de Hairala -ya fallecido- expuso, quizás mejor que ningún otro episodio, la mecánica del poder en aquella estructura. Hairala era el ejecutor, el hombre que firmaba los pedidos urgentes y hacía el trabajo de campo. Cuando cayó procesado, mientras el que había dado las órdenes permanecía indemne, entendió que lo habían dejado solo. Dejó de saludar y de hablarle a Rossi. Sintió que lo había traicionado, y Hairala siempre se destacó por ser un hombre de códigos, quizás por su formación en Montoneros.
El escándalo público estalló el 17 de diciembre de 1992, cuando el semanario ANALISIS tituló en tapa Buen provecho y dio cuenta de las operaciones por las 25.000 cajas compradas en 1991 que, según el informe de la fiscal del Tribunal de Cuentas, jamás existieron ni se entregaron, pese a que se habían abonado 200.000 dólares desde el Estado entrerriano. Para entonces gobernaba Mario Moine, y la noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre los legisladores del PJ y sobre sus conductores, que desconocían hasta dónde habían llegado las investigaciones del organismo de control. Cuando algunos diputados corrieron a preguntarle a Busti qué hacían con semejante problema, el exgobernador, ya de nuevo en la Intendencia de Concordia, se desentendió: dijo que él no gobernaba, que gobernaba Moine, y que se las arreglaran con él. Nadie quedaba pegado por nadie. Era, también, parte del método.
Las 25.000 cajas, además, no fueron un hecho aislado, sino la pieza más cruda de una práctica serial. El gobierno de Busti repartió primero 41.000 cajas a comienzos de 1990; después llegaron las famosas 25.000 inexistentes; y luego una nueva partida de 27.300. Los auditores del Tribunal de Cuentas recién pudieron meterse con la operación de las 41.000 a mediados de 1993, tras analizar las otras dos, y allí también aparecieron firmas falsificadas de funcionarios, inexistencia de licitaciones y ausencia de cuadros comparativos de cotizaciones. Pero no pudieron avanzar: chocaron de frente con la actitud corporativa de los diputados justicialistas, que eran los más afectados por los resultados. El dato es importante para dimensionar el rol de Rossi. Mientras las partidas de 41.000 y 27.300 cajas habían sido ordenadas por el conjunto del bloque, las 25.000 tenían un único responsable de diseño. No se escondía en la masa de un cuerpo legislativo. Era su jugada personal.
Detrás de cada una de estas operaciones había, además, una estructura humana específica: la de los llamados cajeros, en la jerga política. Hombres que sabían cómo y de qué forma se podían hacer buenos negocios con el Estado, que dominaban el arte de obtener determinados porcentajes en cada operación y se habían transformado en referentes de un grupo que empezó a aparecer a principios de 1989. Esa ingeniería —proveedores cautivos, funcionarios que dibujaban expedientes, conductores políticos que ordenaban y avalaban— es la misma que hoy describen, con otros nombres y otras siglas, las causas por contratos truchos. Cambió la época; no cambió la arquitectura. Y Rossi conoció esa arquitectura desde su plano original: una operación sin mercadería real, firmas falsificadas por una sola mano, cotizaciones de competidores que eran un decorado. Recibos en blanco arrancados a funcionarios y presidentes comunales. Pagos del Estado por bienes inexistentes. Y, en el origen de la jugada, una decisión personal del vicegobernador para saldar una deuda política interna. No fue un error administrativo ni una desprolijidad. Fue un fraude diseñado. Las cajas, en aquel entrerriano de los noventa, eran un negocio, y quienes las manejaban hacían de ellas una caja paralela del poder. Por eso resulta tan difícil de sostener el nuevo personaje. Cuando hoy Domingo Daniel Rossi denuncia el desvío de fondos del Estado a través de contratos truchos, describe con precisión una maniobra que conoce desde adentro, porque practicó su versión más temprana y más burda, más allá que la causa por las 25 mil cajas terminó prescribiendo, por esas maniobras absurdas y cómplices del poder.
Rossi no necesita que nadie le explique cómo funciona el desvío de fondos. Fue, en una de sus operaciones más recordadas, el que lo organizó personalmente. La memoria, en estos casos, es el único antídoto. No para clausurar el derecho de cualquiera a cambiar, sino para que el cambio se mida con la misma vara con que se juzga a los demás. Si Rossi quiere encabezar una cruzada contra el desvío de fondos públicos, deberá explicar primero las 25.000 cajas que nunca llegaron a ninguna mesa entrerriana, los 200.000 dólares que salieron del Estado por una compra que no existió y las firmas que se falsificaron para que la maniobra pareciera legal. Y a ello, le sumó cientos de irregularidadades cometidas como jefe político del exfrigorífico regional Santa Elena y las cuentas millonarias en el Uruguay, a nombre de sus familiares directos. Recién entonces su prédica anticorrupción dejará de sonar como lo que hoy es: la confesión involuntaria de quien aprendió el oficio del otro lado del mostrador.
