Tras manifestaciones en Buenos Aires, Paraná y diferentes puntos de Entre Ríos, la Feabv logró que el gobierno escuchara sus reclamos y retomara el diálogo. Si bien la oferta no es lo que se reclamaba desde el sector -que implicaba la puesta en vigencia de los artículos 23 y 24 de la Ley 8105, de Bomberos Voluntarios, para incorporar a los miembros del cuerpo activo al sistema previsional de la provincia y para que tengan derecho a afiliarse al Instituto Obra Social de Entre Ríos- los federados resolvieron aceptar la contra oferta en el plenario que se realizó en el centro de la provincia, con la concurrencia de más de 20 cuarteles, confirmó Arribalzaga al sitio digital AIM.

La propuesta oficial implica que el gobierno agilizará el pago trimestral de los fondos provenientes de la Ley de Manejo del Fuego y autorizará a los cuarteles a utilizar los aportes en gastos operativos, como así también atender a la compra de bienes de capital. Además, se estudiarán los casos de los bomberos con más de 25 años de servicios, que estén en condiciones de jubilarse, con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para otorgar una jubilación. También, se gestionará el monotributo social y se pagarán la pensión de la Ley 4035 a algunos agentes.

En cuanto al seguro por muerte o invalidez total o parcial del bombero, desde el Instituto del Seguro (IS) se propuso salvar las pólizas emitidas, a los fines de que la cobertura sea abarcativa aun cuando los bomberos se trasladen en bicicletas o motocicletas al cuartel de bomberos.

En ese marco, Arribalzaga explicó que la definición de aceptar la propuesta se comunicará al gobierno en la próxima reunión, que se realizaría a mediados de mes, aunque aclaró que desde la Federación se pedirá que todos los acuerdos que se firmaron con este gobierno sean plasmados en una Ley que trascienda la gestión.

Más allá del consenso en aceptar la oferta, el dirigente provincial aclaró que desde la organización se seguirá reclamando “tiene que haber un reconocimiento al bombero como tal, no solamente a quienes hoy precisan una jubilación”. Por otro lado, adelantó que también se analizará la posibilidad de recurrir a la justicia ante la negativa del Ejecutivo de poner en vigencia los artículos 23 y 24 de la Ley 8105.