Ellos son: el comandante general Jorge William Nieto (Dirección General de Personal), el comandante general Jorge Javier Cabral (Operaciones) y el comandante general Daniel Darío Pérez (Apoyo). Además, se pasó a retiro a los oficiales que conducían el Servicio de Administración Financiera de la institución, encabezado por el comandante mayor Oscar Guidone.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, había ordenado intervenir Gendarmería, luego de que Schenone reconociera la existencia del Proyecto X, un plan dedicado a realizar espionaje interno sobre algunas organizaciones sociales. Por este motivo, es complicada su continuidad como jefe de la fuerza y se especula con que sea reemplazado por el subdirector Juan Obdulio Sainz.

Las modificaciones fueron oficializadas luego de que la presidenta Cristina Fernández firmara la autorización.

Otros Movimientos

Por su parte, en la Policía Federal no hubo pases a retiro de personal en el máximo escalafón correspondiente a comisario general, pero en Prefectura pasaron a retiro dos prefectos generales.

En tanto, en el siguiente rango se dio de baja a tres comisarios mayores de la Policía Federal, diez comandantes mayores de la Gendarmería y cuatro prefectos mayores de la Prefectura Naval. En lo que respecta a la jerarquía inmediata inferior se pasó a retiro a 24 comisarios inspectores de la Policía Federal.

En cambio, como contrapartida, ascendieron 12 comisarios inspectores a comisarios mayores de la Policía Federal, incluyendo a la primera mujer que llegó a esa jerarquía (Mabel Franco), y 34 comisarios a comisarios inspectores, consolidando un proceso de renovación generacional en la fuerza.

Procedimiento

El Ministerio de Seguridad precisó que el proceso de selección, que se inició en septiembre del año pasado, implicó que por primera vez autoridades políticas de la cartera que encabeza Garré participaran como observadores de los procesos de las juntas de calificaciones que realizaron cada una de las fuerzas.

Esto permitió evaluar los procesos y los criterios aplicados por cada una de las instituciones. Luego de las propuestas enviadas por cada una de las fuerzas, se procedió a un análisis de sus legajos, antecedentes profesionales, denuncias judiciales donde estas existieran y no se ascendió a ningún oficial procesado en una causa judicial.
Asimismo, en los casos de grados superiores se revisaron las declaraciones juradas presentadas durante los últimos 10 años para chequear que estuvieran justificados sus patrimonios, informó El Diario.