Paritarias: el gobierno impulsa una cláusula de revisión para compensar la inflación

La cláusula gatillo que se aplicó el año pasado, en cambio, básicamente establecía que si el índice de precios al consumidor superaba el cierre paritario, el sector patronal debía incrementar la diferencia de manera automática.

Para el gobierno, este esquema ahora es inviable. El argumento oficial: "Hay que alejarse de la mecánica de indexación" salarial porque "no permite combatir la inflación", dijeron.

Según el gobierno, una paritaria con cláusula gatillo alentaría a los empresarios a subir los precios de sus actividades por encima de la paritaria "para cubrirse". En cambio, con el esquema de revisión eso no sucedería, siempre según funcionarios del gabinete de Mauricio Macri.

En el Ministerio de Trabajo afirman que tres gremios están discutiendo sus paritarias con este sistema en la actualidad: Comercio, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Este último sindicato, sin embargo, advierte que aún no se sentó en la mesa y que recién en marzo estará dispuesto a abrir la negociación. "Habrá que ver cómo está la economía en ese momento y ahí veremos si nos plegamos a ese esquema", avisó ayer uno de los jefes del gremio de la construcción en un contacto con Clarín.

Otros tres Ministerios – Energía, Transporte y Producción- están conversando sobre este esquema con los sindicatos con los que tienen relación directa, dijeron las fuentes consultadas.

Para el gobierno, sería un triunfo que Comercio, UOCRA y UATRE -entre los tres representan a casi dos millones de trabajadores- firmen por un 15 por ciento con compromiso de revisión si la inflación supera esa cifra. La esperanza oficial es que gremios grandes marquen el camino y después los demás se sumen a este esquema.

"Estamos trabajando en esta línea, pero ya se verá si se puede, o no, cerrar las paritarias en este rumbo", dijeron fuentes oficiales,

La meta es que cada acuerdo detalle en su cláusula cuál sería el instrumento que se aplicará en caso de que las partes vuelvan a sentarse. Podría ser desde un bono que compense la pérdida de poder adquisitivo. También una o más subas porcentuales que equiparen el índice de inflación.

Además del 15 por ciento como tope con cláusula de revisión, lo otro que quiere el gobierno es que los acuerdos salariales sigan siendo anuales. Como hasta ahora también, podrán ser en uno o más tramos.

Según funcionarios, si el incremento se otorga en una sola cuota -como le ofrece en estos días el sector financiero al gremio bancario- un acuerdo salarial inferior al 15 por ciento sería "un buen arreglo porque de entrada el trabajador le gana varios meses a la inflación".

Pero en la Casa Rosada admiten que pocas actividades estarían en condiciones de dar todo el aumento de una sola vez.

En principio asoma complicado que los sindicatos acepten sin chistar este esquema, más cuando la inflación esperada para todo este año es del 19,4 por ciento, es decir casi 5 puntos por encima de la meta oficial.

El esquema de 15 por ciento más revisión podría ser más arriesgado para los gremios débiles que los fuertes. Un gremio como Camioneros está en mejores condiciones de forzar a sentarse a los empresarios de la actividad a rediscutir la suba salarial que, pongámosle, los fosforeros de Villa Paranacito.

Otro factor es que no todas las actividades llegarían al umbral del 15 por ciento en sus ofertas salariales. Uno sería el sector público nacional, que en medio del ajuste en el Estado que impulsa el gobierno tendría una suba inferior a ese porcentaje.

En París, hace unos días. Macri dio una pista concreta. "La gente no puede pagar más impuestos y, además, nosotros nos comprometimos a bajarlos. Cada ciudad, provincia y Nación tendrán que pagar los salarios que le permitan los impuestos que recaudan. No hay otra manera. Hay que ser austeros”, dijo.

El horizonte asoma oscuro para los trabajadores estatales de las provincias, sobre todo los de las jurisdicciones con las cuentas más complicadas. Las provincias, además, por el Pacto Fiscal que firmaron el año pasado con el gobierno nacional se comprometieron a bajar el gasto público.

"El gran quilombo va a estar en las provincias, sobre todo en las patagónicas", observan en el gobierno.

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