La condena más alta que solicitó el fiscal de Cámara Leandro Ríos fue de cuatro años y dos meses de cárcel para el ex presidente de la cooperativa y funcionario de Arquitectura de la Provincia, Omar Kranevitter. En tanto que para el ex tesorero y agente del Consejo General de Educación (CGE) Luis Martínez exigió cuatro años de prisión.

Para el representante del Ministerio Público quedó probado que Kranevitter y Martínez montaron un ardid con facturas falsificadas para sustraer del erario público los aportes recibidos para obras. En tanto, para el ex vicepresidente y ex empleado municipal diamantino, José Oliva, reclamó dos años de cárcel efectiva. Si bien Ríos demandó prisión para Oliva, entendió que su aporte no fue esencial.

Por su parte la querella, a cargo de la representante de la Cooperativa Marcela Gambaro, reclamó que Kranevitter y Martínez sean condenados a seis y cinco años de cárcel respectivamente e inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Además, Gambaro exigió que ambos devuelvan 597.000 pesos; más 300.000 pesos a compartir con Oliva, que en la actualidad está desocupado. La patrocinadora de la Cooperativa se apiadó del ex vicepresidente, para quien peticionó tres años de cárcel de cumplimiento condicional.

Quedó claro durante los alegatos que en las obras sólo se invirtieron 130.000 pesos. El resto desapareció, o por lo menos se desconoce su destino. También, los acusadores dieron por probado que los tres nombres ligados a la Comisión Directiva de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Strobel recibieron entre el 15 de junio de 1993 y el 10 de octubre de 1999 una fortuna en concepto de ATN, subsidios y aportes no reintegrables.

Absolución

Los abogados defensores Marcos Rodríguez Allende (Kranevitter y Martínez) y Rubén Cabrera (Oliva) rechazaron las acusaciones contra sus defendidos y solicitaron la absolución lisa y llana. Ambos abogados se opusieron a la demanda civil de la Cooperativa, puesto que, sin admitir la culpabilidad de sus defendidos, entendieron que el perjudicado es el Estado entrerriano, que en la actualidad le demanda a la Cooperativa el reintegro de los fondos.

Cabrera señaló que las acusaciones sobre el incumplimiento de las obras no está probado porque no hay nada que diga cómo eran las obras. También explicó que Oliva no se apropió de los fondos porque no estaba en la cooperativa en ese entonces. Además mencionó que la requisitoria fiscal es irregular porque “generaliza” y atacó la pericia caligráfica que se realizaron sobre las firmas de su defendido en las Rendiciones de Cuenta porque se hizo entre una fotocopia y un supuesto original.

Por último, Allende cuestionó el funcionamiento de la cooperativa y la falta de control de los organismos para tales fines como así también la despreocupación por parte de los asociados.

Síndico

Previo a los alegatos de las partes declaró Daniel Asamuya, quien ejercía el cargo de síndico de la Cooperativa de Agua Potable de Strobel al momento de recibirse los fondos. Asamuya jamás se enteró del cargo que ocupó, según contó ayer al tribunal. El hombre, que sólo cursó la escuela Primaria hasta 3º grado, comentó: “Faltaba uno para llenar la fórmula y me llamaron”.

Otro testigo que compareció ayer fue el contador Ramiro Arévalo, quien tiene a su cargo el área de fiscalización de Cooperativas de la Provincia. El profesional indicó que los libros obligatorios no estaban al día, la contaduría estaba desactualizada, había problemas impositivos y detectaron facturas irregulares. En ese sentido ejemplificó que una misma factura entre una constructora y la cooperativa tenía montos distintos.

Facturas truchas y obras que siguen inconclusas

En los alegatos, tanto la querella como la Fiscalía dejaron en claro que los procesados presentaban facturas apócrifas en las rendiciones de cuenta. Gambaro señaló la existencia de una factura Nº 3.089 original donde se detalla la compra de elementos para una instalación de gas por 35 pesos.

Sin embargo, en la rendición presentada en el Tribunal de Cuentas y firmada por Kranevitter esa factura tiene como monto 204.000 pesos. La profesional detalló una decena de recibos con severas irregularidades. La abogada acusó a Kranevitter, quien es inspector de Redengas, de ser el ideólogo del delito, ya que gestionaba las obras aprovechándose de su cargo y sus contactos. Además, Gambaro alegó que “él tenía la obligación de llevar adelante la cooperativa... él recibía el dinero, él busco al síndico (Ver recuadro)....”, y añadió: “La firma de Kranevitter está en todos los certificados de obras que presentó acompañado por Luis Martínez”.

La profesional precisó que la Cooperativa fue utilizada para perjudicar al Estado y producto del daño causado la comunidad de Strobel aún no tiene la red cloacal. En ese orden, argumentó la demanda civil que realiza la entidad hacia los tres procesados. “La proliferación de los pozos negros puede contaminar el agua de las napas, ya que las obras nunca se concluyeron”, fundamentó la profesional, que subrayó que por el daño causado por los imputados la Cooperativa no puede acceder a créditos ni a ninguna ayuda económica para realizar obras de mejoras por tener dos juicios civiles entablados por el Estado provincial. En las demandas, la provincia le reclama a la Cooperativa la devolución de un poco más de 840.000 pesos. Estos juicios se iniciaron cuando el Estado padeció el descuento de la coparticipación.

(Fuente y foto: diario Uno)