Luego de más de una década de averiguaciones, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos abrió una ventana a un gran agujero negro que le produjo al fisco provincial una pérdida de 43 millones de pesos que debieron ingresar a las arcas del Estado pero que fueron a parar a un destino desconocido, hasta ahora.

Todo comenzó como un desprendimiento de la privatización del Banco de Entre Ríos. En 1995, la hasta entonces banca estatal entrerriana se transformó en Banco de Entre Ríos SA (Bersa) tras la fusión de cuatro bancos cooperativos que actuaban en la región y que se presentaron a la privatización convocada por el gobierno.

En 1999, el Bersa fue transferido al Banco Bisel, en 50 millones de dólares, que para entonces estaba controlado por el francés Crédit Agricole, que se retiraría del país tras la crisis de 2001. Ahora, el banco es propiedad de Enrique Eskenazi.

En medio, a mitad de la década de 1990, ocurre una operación financiera, que vista al trasluz, resulta al menos curiosa: el Bersa, ya privatizado, le revende a la provincia una cartera de clientes, cobrables y también incobrables, por un valor de 43 millones de pesos. El Estado paga esos 43 millones, y lo que debía ocurrir luego es que se instrumentaran acciones tendientes a recuperar esos créditos, y cobrar a los deudores.
La tarea de recuperar esos deudores quedó en manos Gustavo Borrajo, entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, que estaba a cargo de Eduardo Macri.

¿Por qué el Estado asumió tamaño pasivo? Todo se explica a partir del contrato de privatización del banco: la Provincia se constituyó en el garante de un lote de créditos otorgados por el banco mientras estuvo bajo la órbita pública, la mayoría considerados incobrables.

Borrajo armó un negocio: distribuyó entre 22 abogados del foro la tarea de recuperar esos préstamos otorgados por el banco, y que ahora habían quedado en manos del Estado provincial.
Se trataba de una cartera de créditos por un valor, exacto, de 43.748.000 pesos, distribuidos así: 750 deudores en juicio, y otros 250 que no estaban en trámite judicial de cobro.

La operación tiene una fecha precisa: se cerró el 28 de junio de 1996, durante la segunda gobernación de Jorge Busti. Fue por escritura pública, y de inmediato entró en escena el funcionario Borrajo. La tarea que se le encomendó fue la de controlar y administrar esa cartera de deudores bancarios, y procurar su cobro a través de los 22 estudios de abogados que se habían contratado.

El negocio no prosperó, sin embargo, aunque nunca se encontró una explicación a ese despropósito: apenas se consiguieron recuperar por esa vía 460 mil pesos de los 43 millones en juego.
“De 43 millones, cobraron menos de medio millón. El resto de la plata, nunca entró a la Provincia. Y no hay ninguna rendición de cuentas, o solamente algunas están rendidas. De lo demás no se sabe nada. Lo que veo es que hubo una omisión total de controlar estos juicios, y en tratar de cobrar esos créditos”, contó una fuente que leyó de todo el expediente de cuatro cuerpos elaborado por el Tribunal de Cuentas.

Ni el entonces ministro de Economía, Eduardo Macri, ni quienes lo sucedieron, Marcelo Casaretto, Osvaldo Cepeda, Oscar Berón o el actual Diego Valiero intervinieron en procura de potenciar el recupero de esos deudores.

“Todo ingresó en una situación de total abandono. Nadie intentó hacer nada en todos estos años, y la Provincia no pudo cobrar ni un peso más”, añadió la fuente.

“Nada”, dicen cuando procuran explicar qué se hizo desde entonces hasta ahora en procura de recuperar aquella cartera de crédito. “De 1996 en adelante no pasó nada. A todo esto, Borrajo hace un informe, y dice que este sistema de cobrar a través de juicios, ya cumplió su cometido. Y contrata a un estudio jurídico para que haga una auditoría. Es decir, realiza una contratación después de pagar por una cartera de créditos más de 43 millones de pesos”, señala la fuente.

Esa contratación lo llevaría luego a Tribunales. En septiembre de 2008, la Justicia provincial lo halló culpable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones en concurso real. Y lo condenó a dos años de prisión condicional.
La Justicia lo halló responsable de haber conducido y tomado decisiones como funcionario del Ministerio de Economía provincial que beneficiaron al estudio jurídico Sábato, Rioja y Asociados, oriundo de Capital Federal, con quienes habría estado vinculado, al que encomendó realizar aquella auditoría.

Cuando el radical Sergio Montiel asumió la Gobernación, tomó la decisión de investigar aquella transferencia de deudores al Estado. En 2000 se inició un sumario interno cuyo resultado llega en 2004 a conocimiento del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. En realidad, el sumario no pudo determinar ninguna responsabilidad, y por lo tanto se lo manda al Tribunal para que examine si existió o no perjuicio.

Y ocurre entonces el cuento del gran bonete: investigan el caso todos los fiscales del Tribunal de Cuentas, algo inusual, pero llegan a la misma conclusión: no consiguen hallar información sobre esa operación, porque ningún organismo del Estado parece haber conocido nada del asunto. Así las cosas, los fiscales entienden que hubo perjuicio pero no lo pudieron probar, así que deciden enviar el expediente a la Fiscalía de Estado, que lo recibió el viernes 28 de mayo.

La conclusión es que hubo perjuicio al Estado, pero ahora la Fiscalía deberá encarar otro proceso: llevar la demanda ante la Justicia, para que un juez establezca responsabilidades, publicó El Diario.

Pero en la Fiscalía de Estado el criterio que se impondría es que, antes de ir a la Justicia, se va a exigir una rendición de cuentas a los 22 estudios de abogados que actuaron en la tarea de recupero de aquellos créditos. “Si esa rendición no es satisfactoria, ahí sí vendrán las demandas judiciales”, anticipó la fuente consultada.