Por Betiana Spadillero Gaioli
de ANALISIS DIGITAL

Se reanudó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. Este miércoles se presentaron ante el Tribunal Oral Federal de Paraná tres testigos; además amplió su indagatoria el jefe del Escuadrón de Gualeguaychú al momento de los hechos, Juan Miguel Valentino, quien continuará con su declaración este jueves.

También pidieron hacer uso de ese derecho los imputados Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Concordia, y Julio César Rodríguez, quien fuera sargento de la delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay. Luego, comenzará el turno de los alegatos de las partes.

Proteger a los propios

Con un tono de fuerte de voz y mostrando lucidez en cada parte de su exposición, Valentino dio su versión de los hechos y negó toda responsabilidad en los crímenes que se le imputan a él y a sus subordinados. Recordó nombres, movimientos y lugares. Entregó documentos (entre ellos su legajo en la fuerza), mapas y fotografías, para argumentar que el relato de las víctimas y los testigos son en su mayoría “barbaridades”.

Cómo prólogo, el militar retirado señaló que le costó “entender qué es lo que se decía” en las audiencias y pidió disculpas por algunas desmemorias consecuencia de su edad y los accidentes cerebrovasculares (ACV) que sufrió. “He procurado hacer lo mejor posible, tratando de responder a todos los testigos”.

En una primera parte de su indagatoria, narró el estado del cuartel cuando arribó en 1975. “Recibí en las manos una estancia. La gente nos recibió con los brazos abiertos, además nosotros abrimos las puertas del Regimiento a la gente. Mi intención fue desde un principio comunicar la población con las Fuerzas Armadas”.

El 24 de marzo de 1976, pasó a ser el jefe del Área 223, por orden del Ejecutivo. “No implementaba nada que no fuera ordenado. En Gualeguaychú mandaba yo, mandaba en el Ejército. Yo impartía las órdenes y controlaba su cumplimiento. No especulaba con lo que hacían mis subalternos”.

“Soy el responsable de mis actos. No he venido a poner la cara para tomar cosas inventadas, ni cosas anteriores o posteriores. He sido lo suficientemente recto, ecuánime, una persona de bien, que ha ayudado a todo el mundo”.

Precisó que en un inicio “tenía 154 hombres y equipamiento de la Segunda Guerra Mundial”, para una zona de 18.000 kilómetros cuadrados, por lo cual “no disponía de los medios” para moverse en la jurisdicción que le correspondía. “No podía hacer frente a una parte operativa externa. Por eso, tenía que tomar una decisión: o salía a recorrer o cuidaba mi cuartel. Adopté una posición netamente defensiva, lo que significaba cuidar la vida de mis hombres”, asentó.

Siguiendo esa línea, sostuvo que no contaba con personal para la cuestión logística y que debió “reemplazar con elementos técnicos la falta de hombres”. Igualmente, argumentó que “era una táctica de defensa mantener el cuartel en la oscuridad” y negó haber “arengado” a sus subordinados: “Yo les advertía e influía, les enseñaba lo que había pasado en el resto del país”, intentó diferenciar.

“Yo tenía una obligación, el hecho de haber dispuesto todas estas medidas, hizo que nunca pasara nada en lo que respecta a la vida militar”, insistió.

En cuanto a la relación con los otros “elementos”, señaló que Prefectura y Gendarmería dependían de sus comandos directos. “No obstante eso, teníamos reuniones en las que se hablaba, sobre todo, de la situación del país. También nos reuníamos con la Policía, en forma totalmente informal. Con ellos teníamos un contacto en forma directa, que no era diario. Ellos recibían órdenes desde Paraná”.

Según el imputado, con la Policía de la provincia había un “control funcional de apoyo”, que era “a requerimiento” de cada fuerza. “La misión que teníamos era proteger la parte exterior del penal, nunca entró nadie, no era jurisdicción nuestra”, afianzó. A su vez, resaltó al entonces director de la Unidad Penal N° 2, Manuel Antonio Terragno, quien consideró que “hizo una obra encomiable y protegió a todos sus hombres”.

Aprovechó asimismo para poner énfasis en su trabajo con la sociedad y criticó que los testigos no hayan mencionado las obras llevadas a cabo durante su gestión. No faltó alusión a la picana eléctrica, elemento de tortura “que nadie de los que están acá conoce”, pero que se dedicó a investigar para compartir una explicación en la audiencia.

En una segunda parte de su declaración, Valentino aseguró que recibió amenazas y mencionó a un doctor de apellido Marquesini, quien lo “obligó a ver al ex presidente Raúl Alfonsín para explicarle lo que estaba saliendo en la radio y la televisión” sobre la represión ilegal. “Me mandaron cartas intimidándome, donde decían que me iban a matar y a mi familia”, agregó.

Paso seguido, intentó marcar los “puntos débiles” de los relatos de las víctimas del Terrorismo de Estado y esbozó hipótesis sobre los detenidos-desaparecidos. Se centró en el caso de Hugo Angerosa, quien admitió que estuvo “demorado” en el Regimiento y posteriormente se lo trasladó a Concepción del Uruguay.

No obstante, descartó que haya sufrido algún tipo de violencia: “Fue atendido como correspondía, sin haberle tocado un pelo”. En ese sentido, negó que hayan golpeado a sus familiares en un allanamiento, ya que él estuvo en el lugar controlando a sus subalternos. “Se buscaban armas, literatura y panfletos, pero no se sabía nada de su hermano detenido. Desconozco la desgracia que ha padecido esta familia, porque no se la merece nadie”, acotó.

Con algo más de ahínco se dedicó al ex preso político Jorge Felguer, a quien desacreditó. Aseveró que no estuvo en el cuartel y puso en dudas el periplo que sufrió durante su privación ilegal de la libertad. También refutó que se hayan realizado procedimientos en su casa.

“Yo cumplía órdenes legales. Si hubieran incluido situaciones aberrantes, como tratamientos tortuosos, yo no lo hubiera permitido, de eso tengan certeza”, expresó más adelante. Para luego añadir que “por orden del comando de la Brigada, hubo personas demoradas”, en el Escuadrón. “Nunca estuvieron juntos ni mal atendidos. Estuvieron allí hasta que salió la disposición al Ejecutivo nacional”, manifestó, y mencionó un rastrillaje en el barrio Franco, en octubre del ’76, donde detuvieron a unas 15 personas.

Prosiguió con los testigos Luis Ricardo Silva, detenido el 12 de agosto de 1976, misma fecha en que fue secuestrada Norma Beatriz González. Dibujó varios supuestos para echar por tierra que haya logrado ver los detalles que brindó a la Justicia cuando estaba esposado y encapuchado. De hecho, cuestionó si realmente fue un preso político.

De la misma manera, hubo cuestionamientos a Félix Donato Román. En tanto, aseguró que Enrique Zapata y Héctor Rodríguez no fueron detenidos en marzo del ’76, sino que “se fugaron” y fueron capturados posteriormente. “En el libro del penal, la entrada figura el 3 de abril”, deslizó, a contracorriente de varias testimóniales.

Los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino también fueron puestos bajo la lupa. Valentino dijo que “nunca nadie ordenó allanar” el domicilio familiar y que “la orden de detención vino desde Paraná, para que se ejecutada por la Policía”. Según indicó, le avisó de esta situación a Gustavo Martínez Zuviría (segundo jefe del Escuadrón), quien se apersonó en el operativo.

“No recuerdo que los hermanos Martínez Garbino hayan estado detenidos en el cuartel. Uno se apoya en el relato del otro. Emilio dijo tener la cuasi certeza de que Felguer estaba en el Escuadrón… Alguien les dio letra”, arremetió. Y se abocó a la “falta de precisiones” de Raúl Ingold.

Por último, habló de Noni González. Sembró sospechas en torno a las declaraciones de sus hermanos Pedro y José Luis, y de Raúl Rodera. Contó que la joven fue en dos oportunidades con su madre a pedirle que gestione una autorización para visitar a su novio en la cárcel, y que una tercera vez fue sola para solicitar permiso para casarse. Incluso, sostuvo que fue testigo de ese matrimonio, aunque Rodera negó que hayan llegado a esa unión y ningún familiar dio cuenta del hecho. Convenientemente para el imputado, la desaparición de la militante se produjo con posterioridad.

Después de tres horas de exponer sus argumentos, Valentino se retiró de la sala sin aceptar preguntas.

Un testimonio esperado

La audiencia comenzó con el testimonio del marino retirado Héctor Edmundo Maquieira, quien intentó dar con el paradero de Julio Solaga, a pedido de su hermana Estela. Ambos trabajaban en la docencia, pero el ex militar continuaba en contacto con las fuerzas de seguridad de Concordia.

“Le dije que, sin compromiso, iba a intentar averiguar algo. A través de personal que tenía más relación que yo, que era un civil, empecé a preguntar. En esa época era muy mal visto hacer preguntas, pero por convicción lo hice igual”, describió. Y detalló que “era invitado a reuniones en el Regimiento como personal retirado de la Armada”, por lo que “prácticamente conocía a todos los jefes” de las fuerzas.

Gracias a esas averiguaciones, pudo saber que a Solaga “lo fueron llevando a distintos lugares y que el último destino había sido La Plata”. Según manifestó, no le dijeron quiénes lo habían llevado, porque “era muy dificultoso conseguir esa información”. Agregó que en un momento le dijeron que “lo tenía la Policía Federal” y explicó que se trataba de “brigadas que se movían por toda la provincia y por todo el país”.

Puntualizó que entre las personas que consultó estuvieron un sargento de apellido Sandri, comandante retirado de Gendarmería, quien también le brindó datos sobre una familiar de su esposa. Mencionó además al juez Penal de Concordia Jerónimo Palma. “Me hizo una observación clarita: ‘En boca cerrada, no entran moscas’”.

En otro orden, el testigo marcó sus diferencias con las metodologías empleadas durante la última dictadura. “Estoy totalmente en contra de todo derramamiento de sangre, excepto por la Patria y la familia. No actuaría en contra de lo que yo tomo como hermanos, que somos todos los argentinos. No estaba en absoluto de acuerdo”, asentó.

Añadió que siempre trató de mantenerse al margen, “por razones de principios”, lo que le causó “bastantes disgustos”. Al respecto, habló de amenazas contra su persona y apuntó contra el entonces oficial ayudante en la Prefectura Héctor Febres.

Igualmente, indicó que algunas de las reuniones se hacían en Salto, Uruguay. “Tengo entendido que se intercambiaban información entre las fuerzas de ambos países. Me manifestaron que estaban en permanente vinculación”, sentenció.

Detención de Zapata

Mario Enrique Di Maio cumplía funciones en Gendarmería cuando le ordenaron detener al doctor Enrique Zapata. El operativo se llevó a cabo una madrugada después del golpe de Estado. “Fui con el oficial principal Pascual Quinteros y dos policías asignados. Cuando ingresé al domicilio, él me dice ‘lo estaba esperando’. No hubo ningún tipo de violencia física ni verbal, de ninguna de las partes”.

Señaló que en el allanamiento encontraron armas que luego dejó en la seccional. Esto le valió un llamado telefónico de Valentino desde la Jefatura de Policía, quien reprendió su actuación. El reto estaba avalado por la determinación de que las unidades de Gendarmería quedarían bajo las órdenes del Ejército, según expresó el testigo.

El desmemoriado

El chofer de Ramón Campbell aseguró que no supo de detenidos políticos, torturas ni desapariciones. Por supuesto, se enteró sólo por comentarios del secuestro de Sixto Zalazar. Poco recordó y mucho menos quiso decir, tal es así que la reticencia de Santos Adolfo Olivera le valió una futura imputación por falso testimonio.

Las respuestas evasivas espesaron el aire. La situación se volvió demasiado angustiante para algunos de los presentes, como Graciela Zalazar, quien se retiró reclamando al Tribunal que tome alguna medida ante las mentiras del ex policía. “No es pariente como dice, no creció con mi hermano, está involucrado en lo que pasó”, repetía la mujer, al dejar la sala.

El abogado querellante Guillermo Mulet solicitó que se le recuerde que había jurado decir la verdad y la integrante del Tribunal Noemí Berros propuso que se lo detenga en forma inmediata. No obstante, el cuerpo definió que se realicen los pasos correspondientes. Fue entonces cuando el fiscal Federal José Ignacio Candioti pidió que se envíen copias de la declaración, para iniciar la investigación sumaria.

No se pudo avanzar con las preguntas. La audiencia subió de tono. El abogado Rubén Pagliotto también dejó la sala. “El testigo no es reticente, se está defendiendo. Porque claramente tiene vinculación con los hechos y buscaba salir airoso”, cerró el abogado Marcelo Baridón.

La jornada iba a continuar con otros momentos de indignación: todavía faltaba escuchar a Valentino.

Fotos: ANALISIS DIGITAL