“El reciente protocolo de actuación ante denuncias por abusos de niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables por parte de clérigos, elaborado por la Arquidiócesis de Salta, es una nueva muestra de cómo en la Iglesia Católica se hace lo imposible por mantener el estado de corrupción que impera en materia de abuso sexual eclesiástico”, advirtieron desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.

En el texto enviado a los medios expresaron que el “documento titulado ‘Las víctimas son lo primero’, -de indudables pretensiones marketineras que pretenden revertir la condena social que se ganó con creces la institución religiosa-, está encabezado por un proemio, un introito afectado, redactado con la típica fraseología episcopal del sermón hipócrita”.

“El obispo Mario Cargnello fingiendo arrepentimiento y propósito de enmienda, pide perdón a la sociedad salteña por no haber sabido ‘transmitir a la sociedad en su conjunto y al entero pueblo de Dios nuestra voluntad de acompañar a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por ministros de la Iglesia…’. De un plumazo, oculta que él mismo forma parte del sistema de encubrimiento pergeñado meticulosamente por el Vaticano para proteger a los criminales con sotana. Sistema que se mantiene en la actualidad a pesar de la expresión ‘tolerancia cero’”, acotaron.

En el mismo parte de prensa, desde la Red señalaron que luego de la “introducción viene una serie de expresiones que simulan la voluntad de encuadrarse en el estado constitucional de derecho”. “Por ejemplo, manifestar que ‘los clérigos de la Iglesia Católica son también ciudadanos de este país y que por lo tanto han de cumplir la ley como cualquier otro’, o que ‘la Justicia canónica no está al margen ni mucho menos por encima de la estatal’. De este modo, además de fingir una voluntad republicana respetuosa de los derechos humanos falsea el verdadero rostro criminal de la Iglesia Católica que en la actualidad, como puede observarse en los tribunales argentinos de manera sistemática, invoca el Concordato de 1966 para evadir el cumplimiento de las leyes nacionales y convenciones internacionales”.

Agregaron además que “la existencia de tribunales eclesiásticos, donde curas juzgan curas por delitos comunes, aunque sean considerados también ‘delitos canónicos’ es una aberración jurídica, rémora del medioevo y prueba contundente de la multitud de prebendas legales con que el poder político premia al poder religioso. Para mayor abundamiento, uno de los cánones invocados en el Protocolo -c. 1717- ha sido declarado inconstitucional por la justicia mendocina en un reciente fallo”.

“El protocolo en cuestión, es un acting donde brilla por su ausencia toda referencia el derecho internacional de los derechos humanos. En él, surge a borbotones la doblez y la hipocresía episcopal. Por ello el único resultado que traerá será la manipulación de los denunciantes de abuso sexual eclesiástico y su continua y dolorosa revictimización como sucede hasta hoy en los numerosos casos en que esta Red trabaja y acompaña. En la Iglesia Católica no existirán espacios libres de abusadores sexuales, mientras su funcionamiento institucional se enmarque en el abuso de poder, la denegación de justicia y vulneración de garantías y derechos humanos”, completaron.