Argentina es el país con mayor cantidad de solicitudes para obtener la ciudadanía española mediante la Ley de Nietos (Europa Press)
El gobierno de España prorrogó por un año el plazo para solicitar la ciudadanía española mediante la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de personas que se exiliaron por causas políticas, ideológicas, de creencia o por su orientación e identidad sexual. La nueva fecha límite para entregar la documentación será este miércoles 22 de octubre, independientemente de cuándo se concrete la cita en el consulado correspondiente.
La extensión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado español a través de una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y busca dar respuesta al fuerte incremento de solicitudes registradas desde que la normativa entró en vigor en octubre de 2022.
Según datos actualizados del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta el 31 de julio de 2025 se habían recibido 876.321 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 414.652 descendientes ya obtuvieron la aprobación del trámite y 237.145 figuran como inscritos con su pasaporte español emitido.
Argentina, en ese contexto, se consolidó como el país con mayor cantidad de solicitudes presentadas. A la fecha, 366.579 trámites fueron iniciados desde los cinco consulados españoles presentes en el territorio argentino, lo que representa el 42% del total global. De ese universo, 174.277 personas ya adquirieron el derecho a la nacionalidad por esta vía.
En ese sentido, solo en el primer semestre de 2025 se presentaron 298.701 nuevas solicitudes en todo el mundo, lo que muestra la magnitud del proceso. “En Buenos Aires los trámites son individuales y no por grupo familiar”, aclararon fuentes del Consulado General de España en Buenos Aires, en diálogo con Infobae.
Desde que comenzó a regir esta normativa, también conocida en el ámbito hispanoamericano como “Ley de Nietos”, más de 15.000 argentinos ya completaron el trámite y obtuvieron la nacionalidad. La comunidad española en Argentina es, además, la más numerosa fuera del territorio ibérico.
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, al 1 de enero de 2024 había 482.176 ciudadanos españoles residiendo en el país, y se estima que el número total de personas con algún vínculo familiar con España ronda los 2.908.649.
La normativa habilita a obtener la nacionalidad española por ius sanguinis a quienes nacieron fuera del país y tengan padre, madre, abuelo o abuela que originalmente eran ciudadanos españoles y perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio. En una primera etapa, era necesario demostrar esa condición de exiliado. Sin embargo, tras la aprobación de la instrucción que reglamenta la ley, ese requisito dejó de ser obligatorio, lo que simplificó el acceso.
Además, la disposición adicional octava de la ley contempla la posibilidad de nacionalización para los hijos mayores de edad de personas que ya obtuvieron la ciudadanía mediante el derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 o la actual Ley de Memoria Democrática. También permite acceder al derecho quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español, facilitando el camino hacia la nacionalidad de origen y, por esa vía, a la residencia legal a través de la figura del arraigo familiar.
Por otro lado, la ciudadanía española también puede solicitarse por residencia, en cuyo caso se requiere haber vivido legalmente en España durante uno o dos años, según la situación particular. En el caso de personas casadas con ciudadanos españoles, el plazo se reduce a un año de residencia continua; para el resto, se exigen al menos dos años. En ambos casos, el solicitante debe acreditar ausencia de antecedentes penales mediante un certificado expedido en su país de origen —en este caso, Argentina— y demostrar un nivel adecuado de integración en la sociedad española.
Durante un acto oficial en los jardines de la Embajada de España en Argentina, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó de una ofrenda floral a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983) y destacó la importancia de la normativa. “Era de justicia que hubiera una ley que diera respuesta a todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir de España por la llegada del totalitarismo”, expresó el funcionario durante la ceremonia, que se realiza cada año frente al monumento en homenaje a las víctimas.
El listado oficial elaborado por el gobierno español ya incluye 135 personas desaparecidas de origen español durante el último régimen militar argentino, y se prevé que ese número continúe aumentando a medida que se sumen nuevas investigaciones.
Con la prórroga confirmada, el miércoles será la última jornada habilitada para entregar los formularios y la documentación correspondiente. Aquellos que inicien el trámite antes de esa fecha estarán contemplados, aunque la cita en el consulado llegue después. El proceso, sin embargo, avanza con lentitud debido al volumen de expedientes en curso, según reconocen fuentes oficiales.
El gobierno de España prorrogó por un año el plazo para solicitar la ciudadanía española mediante la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de personas que se exiliaron por causas políticas, ideológicas, de creencia o por su orientación e identidad sexual. La nueva fecha límite para entregar la documentación será este miércoles 22 de octubre, independientemente de cuándo se concrete la cita en el consulado correspondiente.
La extensión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado español a través de una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y busca dar respuesta al fuerte incremento de solicitudes registradas desde que la normativa entró en vigor en octubre de 2022.
Según datos actualizados del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta el 31 de julio de 2025 se habían recibido 876.321 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 414.652 descendientes ya obtuvieron la aprobación del trámite y 237.145 figuran como inscritos con su pasaporte español emitido.
Argentina, en ese contexto, se consolidó como el país con mayor cantidad de solicitudes presentadas. A la fecha, 366.579 trámites fueron iniciados desde los cinco consulados españoles presentes en el territorio argentino, lo que representa el 42% del total global. De ese universo, 174.277 personas ya adquirieron el derecho a la nacionalidad por esta vía.
En ese sentido, solo en el primer semestre de 2025 se presentaron 298.701 nuevas solicitudes en todo el mundo, lo que muestra la magnitud del proceso. “En Buenos Aires los trámites son individuales y no por grupo familiar”, aclararon fuentes del Consulado General de España en Buenos Aires, en diálogo con Infobae.
Desde que comenzó a regir esta normativa, también conocida en el ámbito hispanoamericano como “Ley de Nietos”, más de 15.000 argentinos ya completaron el trámite y obtuvieron la nacionalidad. La comunidad española en Argentina es, además, la más numerosa fuera del territorio ibérico.
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, al 1 de enero de 2024 había 482.176 ciudadanos españoles residiendo en el país, y se estima que el número total de personas con algún vínculo familiar con España ronda los 2.908.649.
La normativa habilita a obtener la nacionalidad española por ius sanguinis a quienes nacieron fuera del país y tengan padre, madre, abuelo o abuela que originalmente eran ciudadanos españoles y perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio. En una primera etapa, era necesario demostrar esa condición de exiliado. Sin embargo, tras la aprobación de la instrucción que reglamenta la ley, ese requisito dejó de ser obligatorio, lo que simplificó el acceso.
Además, la disposición adicional octava de la ley contempla la posibilidad de nacionalización para los hijos mayores de edad de personas que ya obtuvieron la ciudadanía mediante el derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 o la actual Ley de Memoria Democrática. También permite acceder al derecho quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español, facilitando el camino hacia la nacionalidad de origen y, por esa vía, a la residencia legal a través de la figura del arraigo familiar.
Por otro lado, la ciudadanía española también puede solicitarse por residencia, en cuyo caso se requiere haber vivido legalmente en España durante uno o dos años, según la situación particular. En el caso de personas casadas con ciudadanos españoles, el plazo se reduce a un año de residencia continua; para el resto, se exigen al menos dos años. En ambos casos, el solicitante debe acreditar ausencia de antecedentes penales mediante un certificado expedido en su país de origen —en este caso, Argentina— y demostrar un nivel adecuado de integración en la sociedad española.
Durante un acto oficial en los jardines de la Embajada de España en Argentina, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó de una ofrenda floral a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983) y destacó la importancia de la normativa. “Era de justicia que hubiera una ley que diera respuesta a todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir de España por la llegada del totalitarismo”, expresó el funcionario durante la ceremonia, que se realiza cada año frente al monumento en homenaje a las víctimas.
El listado oficial elaborado por el gobierno español ya incluye 135 personas desaparecidas de origen español durante el último régimen militar argentino, y se prevé que ese número continúe aumentando a medida que se sumen nuevas investigaciones.
Con la prórroga confirmada, el miércoles será la última jornada habilitada para entregar los formularios y la documentación correspondiente. Aquellos que inicien el trámite antes de esa fecha estarán contemplados, aunque la cita en el consulado llegue después. El proceso, sin embargo, avanza con lentitud debido al volumen de expedientes en curso, según reconocen fuentes oficiales.
