Alberto Fernández ha decidido avanzar con su postergado proyecto de reforma judicial. Los contenidos en detalle de la iniciativa no se conocen, fuera del trazo grueso que promete desarmar el poder de los jueces federales, es decir, un poder por lo general funcional a los gobiernos y a la vez inquietante como ámbito donde se ventilan las causas por corrupción en la función pública. El impulso renovado a la iniciativa es un gesto que de entrada vale como tal: visto desde Olivos, es un ensayo para darle otro contenido a la agenda política. Difícil que pueda competir con el temario público, dominado por la cuarentena y el frío económico.

La movida, confirmada por el círculo más próximo a Alberto Fernández, está pensada para que avance tal vez a partir de la semana próxima. Es decir, el texto oficial será remitido al Congreso apenas esté afianzado el sistema de sesiones mixtas, remotas y con algunos legisladores en el recinto, unos 50 en Diputados y un puñadito limitado en el Senado a las autoridades de la Cámara. Mover esta pieza legal, congelada con la entrada en cuarentena, parece reconocer dos intenciones: poner al oficialismo en posición de iniciativa y evitar que cualquier otro tema desnude y potencie el debate -hasta ahora bastante amortiguado- sobre cómo salir de la doble situación de agobio social, por la pandemia y por la caída de las actividades.

En el Gobierno consideran que el tema de la Justicia tiene impacto propio. Pero sin llegar al punto de generar debate y fuerte movilización social –no, ahora, en términos de calle- como sí ocurriría con la iniciativa de legalización del aborto, que seguiría en carpeta. “Por ahora no los vamos a enviar al Congreso”, dice sin vueltas una fuente del Gobierno. Era el otro proyecto fuerte para las primeras semanas de marzo, después del inicio del ciclo de sesiones ordinarias. No sería este, a juicio del Presidente, el mejor momento para abrir ese frente.

Alberto Fernández anota la reforma judicial como uno de los sellos destacados que pretende para su gestión. Lo expuso al asumir la presidencia y lo reiteró al inaugurar las tareas legislativas en el arranque de marzo. En ese momento, era explicado como una pieza central, relegada en todo caso como otras cuestiones por el mayor condicionante de su administración: la deuda. La pandemia trastocó toda la realidad, aunque la reacción social frente a las excarcelaciones en gran escala –y algunos movimientos para presos por casos de corrupción- puso otra vez de relieve que la Justicia es un tema sensible.

Habrá que ver, una vez conocido el texto, si espanta fantasmas o los reanima, incluso hacia la interna oficialista. Un ejemplo: Alberto Fernández dijo en estos días que no tiene intenciones de alentar cambios en la composición numérica de la Corte Suprema. Es sabido que no piensan igual algunos kirchneristas duros y con voz en ese rubro, como Raúl Zaffaroni, y también cuenta la ofensiva de Cristina Fernández de Kirchner contra el máximo tribunal, además de operaciones por algunos detenidos y por causas que involucran a la ex presidente en varios escalones judiciales.

El clima con la oposición se ha vuelto a complicar. El Presidente y su círculo más cercano evalúan con verdadero enojo las reacciones que produjo la carga sobre lo que, en ese circuito, es calificado como el macrismo duro. Es decir, expresiones como Patricia Bullrich o Miguel Angel Pichetto. Pero los últimos disparos presidenciales generaron más bien un cierre de filas. Primero, la intención de agrietar entre jefes territoriales –Horacio Rodríguez Larreta, en primer lugar- y el resto de la dirigencia de Juntos por el Cambio. Después, el cuestionamiento a María Eugenia Vidal. Y en el medio, el DNU para el manejo presupuestario con mayor poder a la jefatura de Gabinete.

Ese cuadro enrarecido se expresó ayer mismo en el Congreso, a pesar de que las sesiones en las dos cámaras contemplaron temarios previamente conversados para evitar tensiones. Hubo incluso algunas chicanas cruzadas. Y cruces sobre los límites de la excepcionalidad impuesta por el aislamiento social, que por momentos recrearon la supuesta contraposición entre medidas sanitarias y reanimación económica.

Un dato quizá especialmente inquietante para el oficialismo fue el rechazo al DNU de los “superpoderes” para el manejo presupuestario. La sola definición como “superpoderes”, con eco del 2003, enoja especialmente al Gobierno. Pero el punto es que, con matices, el rechazo no se limitó a JxC, sino que fue amplificado por reclamos de bloques que suman una veintena de diputados y que en general, aun con juego propio, son considerados vitales y hasta “socios” por el oficialismo para lograr número y aprobación de sus iniciativas.

En el circuito presidencial niegan que exista una nueva estrategia de disputa con JxC y menos, una apuesta reponer la pelea política. En cambio, insisten en señalar la buena relación con gobernadores e intendentes. En el Congreso, y en particular en Diputados, se habían tendido puentes para darle más juego a los sectores “dialoguistas” y neutralizar a los considerados más duros, en el marco de consensos para articular desde el primer día la cuarentena. Eso, mientras se discutía cómo volver a sesionar y recuperar espacio institucional.

Por lo pronto, en su regreso, el Congreso no pudo abstraerse de las renovadas tensiones. Los últimos gestos presidenciales provocaron una respuesta que seguramente no era la buscada. Ayudaron más bien a cerrar filas en JxC aunque, claro, las internas no sean saldadas sólo por reacción a la movida de Alberto Fernández.

El proyecto de reforma judicial, si se concreta el envío, aterrizará en ese terreno mucho menos allanado que lo que se suponía cuando nadie atinaba a hablar de disputa política. Desde el oficialismo, sugerían ayer que el trámite sería tranquilo al menos en el ritmo. Se verá cuando llegue el texto. Pero antes, el interrogante sobre su suerte inicial lo sigue poniendo la evolución del virus. Las cifras de los últimos días -y las que resultarían de un mayor nivel de testeo- podrían alterar otra vez los planes de escritorio.