La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, detalló los principales aspectos de la investigación preliminar que lleva adelante el Ministerio Público nacional sobre la futura instalación de una planta de biocombustibles en Paysandú, que mantiene en vilo y movilizada a la comunidad de la ciudad de Colón por sus posibles consecuencias ambientales, visuales y económicas. En diálogo con El Séptimo Día (Radio Plaza), Minatta resaltó la importancia de cumplir con el Estatuto del Río Uruguay, el cual exige una consulta previa y la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El objetivo principal de la Fiscalía es recolectar evidencia técnica y testimonios para conformar un marco probatorio ante un eventual conflicto legal internacional. Asimismo, afirmó que se busca evitar los errores del pasado en casos similares, priorizando la coordinación política y el derecho de los ciudadanos argentinos a participar en audiencias públicas sobre el proyecto.
“La Fiscalía, prácticamente desde que se conoció el conflicto, decidió iniciar una investigación preliminar tomando en cuenta lo que ha sucedido con Botnia años atrás, el largo proceso que tuvo la ciudad de Gualeguaychú y todo Entre Ríos, y considerando las distintas interpretaciones que la Corte Internacional de Justicia hizo en aquel caso. La Corte Internacional de Justicia de La Haya señaló en qué momento debía la República Oriental del Uruguay poner en conocimiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay la factibilidad o la proyección de una planta de tales características. Se determinó que debía ser en los momentos iniciales en que se empiezan a pedir los primeros permisos. En aquel momento, el paso previsto en el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay no se cumplió porque Uruguay nunca puso en conocimiento de la CARU los alcances de Botnia”, explicó Minatta.
Por ello es que, ante la nueva situación generada en Paysandú y la alerta en Colón, se decidió actuar sin dilaciones, contó la fiscal: “Nos pareció urgente y oportuno insistir tempranamente en que esa consulta previa suceda, para que Argentina, a través de la CARU, tenga la posibilidad de opinar sobre los posibles daños que el proyecto puede causar sobre el río y el ambiente. Por esa razón la investigación se inició para ir siguiendo las distintas autorizaciones y pasos, y también para ir tomando muestras de agua y estudios de laboratorio. Se han incorporado estudios de aire, de agua y testimonios de los vecinos de Colón. Contamos con el apoyo del municipio de Colón, que aportó documentación y estudios ante preocupaciones diversas sobre los daños en el agua, el aire y la contaminación visual, dado que esta planta pretende ser instalada justo frente al puerto de Colón a una distancia muy escasa de unos 3 kilómetros. El humo que emana se va a ver y la contaminación puede llegar porque la distancia no impediría que eso sucediera. También hay una preocupación muy fuerte sobre cómo afectará la economía de Colón y de Tierra de Palmares, que vive del turismo, frente a la emanación de olores, gases y la posible afectación del agua. Estamos conformando una línea de base y un marco probatorio que pueda servir ante un eventual litigio”.
—¿Cómo es la coordinación o diálogo del Ministerio Público con el gobierno provincial o con la Cancillería?
—Nosotros permanentemente pensamos desde el enclave de que el Estado nacional es el mismo, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Ante un litigio, Uruguay siempre puede alegar que hubo una descoordinación entre los poderes del Estado. De modo que para mí es una obligación trabajar coordinadamente con el resto de las autoridades que tratan la materia. Estamos permanentemente consultando al gobierno provincial y también a la Cancillería. Procuramos mantener esta coordinación y nos parece muy importante tanto la comunicación como las distintas muestras de apoyo que ha tenido el gobernador, el intendente y el Estado nacional hacia este conflicto.
—¿Qué tan complejas son las investigaciones de causas ambientales? ¿Ustedes cuentan con las herramientas cada vez que piden una prueba o llevan mucho tiempo esperar un estudio?
—Las causas ambientales son complejas porque requieren de mucha ciencia y el Ministerio Público no tiene laboratorios propios, pero echamos mano a los laboratorios de la Prefectura. La CARU tiene suficientes herramientas para estudiar el río. A veces se complejiza conseguir estudios de aire, pero la Universidad Nacional de Entre Ríos ha realizado ese tipo de estudios. Son complejas porque no se investigan todos los días y hay poca jurisprudencia, aunque la Corte Suprema ha elaborado una tradición en materia de protección al ambiente y el principio precautorio que es muy importante. Esta Fiscalía se ha involucrado en distintos casos ambientales de la costa del Uruguay, como los casos Citric, en el parque industrial de Chajarí, la planta potabilizadora de Pueblo Belgrano y la contaminación del arroyo Yuquerí en Concordia. Sin embargo, cuando hay un conflicto internacional, esto se complejiza aún más.
—¿Qué expectativas tiene en relación a que la posición en común entre los distintos poderes del Estado argentino pueda tener un resultado, incluso si Uruguay sigue avanzando sin respetar el Tratado del río Uruguay? ¿Hasta qué punto se puede llegar?
—Creo enormemente en la capacidad de negociación de nuestra Cancillería y me parece que es a donde tenemos que apuntar. Este es un conflicto que se debe resolver en esas negociaciones y quisiera que todo lo que estoy haciendo no sea necesario porque se resolvió en la política. Aspiro a eso y quiero apoyar a las autoridades nacionales para que así suceda. Por otro lado, como pasó con Botnia, conformar un bloque de prueba que pueda servir en un futuro para litigar internacionalmente es también una obligación nuestra. Pienso que lo mejor que nos podría pasar es que se despliegue el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay y que Argentina tenga ocasión de dar su voz frente a esta planta. También creo que tiene que haber una instancia de audiencia pública para los habitantes de Colón. En varias presentaciones que la empresa hizo ante la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) en Uruguay, considera que la gente de Colón ya participó en las audiencias públicas, pero estas fueron citadas en Paysandú y solo pudieron viajar quienes tenían la posibilidad de hacerlo. Esas audiencias se tienen que pluralizar y hacerse aquí; creo que el Estado uruguayo debería incidir en que eso suceda.
—¿Existe legalmente para este tipo de conflictos alguna especie de medida cautelar para que no se avance la construcción de esta planta o es todo parte del diálogo político de la Cancillería entre ambos estados?
—Lo tiene previsto el Estatuto del Río Uruguay. Por eso insisto en que la consulta previa se realice, porque el estatuto prevé herramientas entre el artículo 7 y el artículo 12, donde Uruguay debería consultar a la Argentina a través de la CARU. La CARU tiene la posibilidad de hacer un estudio rápido de 30 días para decir si se afectaría el río Uruguay. En esa instancia, la CARU tiene la posibilidad de no estar de acuerdo con el proyecto y, si la delegación argentina no está de acuerdo, el otro país no podría realizarlo. Por eso es tan importante que esa instancia se cumpla, que la Argentina pueda evaluar el estudio y opinar sobre los alcances que podría tener el daño sobre el río.
