El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi envió exhortos para acelerar el trámite para recuperar los 30 millones de dólares que Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner, llevó a Turks and Caicos con la intención de invertirlos en un complejo turístico en las islas paradisíacas sobre el océano Atlántico.

Es que el hombre de confianza de Néstor y Cristina Kirchner -según se demostró en el Caso Cuadernos- fue el receptor primario de los bolsos con las coimas que pagaban los empresarios de obra pública durante el kirchnerismo. Era secretario privado y receptor de bolsos con dólares o euros provenientes de las coimas. Así logró amasar una fortuna calculada en 70 millones de dólares. 

Esa cifra proviene sólo de lo que fue detectado en propiedades en la Argentina y Estados Unidos. No se puede saber cuánto dinero gastó para vivir Muñoz entre que comenzó a juntar dinero de los bolsos y murió en mayo del 2016, publicó Infobae.

La investigación judicial por lavado de dinero contra la banda de Muñoz comenzó como una derivación del Caso Cuadernos. Confesaron como arrepentidos-entre otros- la viuda Muñoz, Carolina Pochetti y Víctor Manzanares, quien fuera contador de los Kirchner y ayudó al ex secretario a armar sociedades para lavar dinero de la corrupción.

Parte de ese dinero, luego de vender las propiedades que tenían en Estados Unidos, llegó a las islas de Turks and Caicos. Cuando el juez Claudio Bonadio-fallecido en febrero pasado- tenía a su cargo el caso, había mandado exhortos a Turks and Caicos- territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña-para que embargaran los terrenos comprados por Muñoz y su banda.

Desde Turks and Caicos hicieron saber en abril de 2019 que una de las cuatro parcelas de tierra que había comprado Muñoz fue detectada y embargada. Luego no se recibió más información acerca de lo sucedido con las otras tres parcelas halladas por las autoridades de Turks and Caicos.

Fue por eso que hace unos días, el fiscal del caso, Carlos Stornelli, insistió ante Martínez De Giorgi-a cargo de juzgado de Bonadio- para que con celeridad se hiciera un nuevo pedido a las autoridades de Turks and Caicos para poder recuperar para la Argentina la cifra de la inversión calculada en 30 millones de dólares.

Mediante el exhorto-, según explicaron fuentes judiciales a Infobae- Martínez De Giorgi solicitó “embargar o mantener el embargo” de las cuatro parcelas de tierra identificadas en las que Muñoz y su banda iban a construir el complejo turístico en Providenciales, una de las islas del archipiélago.

También reiteró el embargo de los bienes de todas las personas y sociedades que aparecen en el entramado. En la lista están los dos abogados que viajaron desde Turks and Caicos a Buenos Aires en 2016 para comenzar a organizar la inversión: Peter Karam y Anthony D´Aniello. También figura allí el mexicano Isaac Esparza Hidalgo, quien es un testaferro puesto por Carlos Gellert -primo de Pochetti- para que las sociedades figurasen a su nombre. Y también los estadounidenses Jorge De la Hoz, Charles Serfaty y Sean Sullivan, el inversor que juntó el dinero. En el mismo exhorto el juez pide identificar todas las cuentas que tuvieran allí los implicados en la maniobra. Algunos de ellos están detenidos con prisión domiciliaria y sobre otros pesan órdenes de captura internacional.

El segundo exhorto que envió Martínez De Giorgi el viernes pasado fue dirigido a Bahamas. Es que buena parte del dinero que terminó en Turks and Caicos a través de un enorme entramado de sociedades afincadas en distintos países, circuló por un banco situado en Bahamas. Por eso es que Martínez De Giorgi mandó un ehorto al país caribeño para pedir el embargo con vistas al decomiso del dinero que manejaron los imputados en el caso y las sociedades utilizadas para el lavado. 

Hay unos 30 millones de dólares que pertenecen al estado argentino en Turks and Caicos. El fiscal pidió que se acelerara el proceso judicial para recuperarlos. El juez respondió y mandó los exhortos para que en los países donde hay dinero de Muñoz y su banda sepan que hay intención de decomisarlo. Para repatriar ese dinero quedan por delante negociaciones políticas que tienen que ser encaradas desde el Poder Ejecutivo.