Guillermo Michel
El Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial el 17 de junio, amplía el anticipo financiero otorgado a Entre Ríos por hasta $400.000 millones adicionales —que se suman a los $220.000 millones ya desembolsados en enero vía Decreto 922/25— y extiende el mismo beneficio a Jujuy y Santa Fe. El instrumento permite al Tesoro Nacional adelantar coparticipación a provincias con dificultades transitorias de caja, con devolución dentro del ejercicio fiscal y un interés fijo del 15% nominal anual.
Conviene ser preciso sobre qué es este instrumento, porque ahí está el problema. El anticipo no es plata que la Nación regala ni recursos nuevos: es coparticipación que ya le corresponde a Entre Ríos, adelantada y descontada de sus propios envíos futuros. La provincia no recibe un peso extra. Lo único que recibe es la posibilidad de cobrar antes la coparticipación y por ese adelanto paga un costo en intereses de 15% nominal anual. Calculado sobre el tramo adicional, el costo financiero es de, aproximadamente, $5.000 millones mensuales, calculado sobre el stock de $400.000 millones. Esa es plata que sale del Tesoro provincial, que se la lleva el Tesoro nacional por los intereses y que no financia ni un hospital, ni una escuela, ni una obra. Es el precio de cobrar por estar ahogado financieramente.
Para que los entrerrianos lo entendamos, el desmanejo de las cuentas públicas de Frigerio le cuesta a la provincia $5.000 millones mensuales. Con esa plata, todos los meses podríamos comprar 100 patrulleros más.
Que un gobierno tome deuda para adelantar liquidez es un instrumento válido del federalismo fiscal. Lo que no es neutro es el momento y los costos que le genera a la provincia. La situación fiscal entrerriana es difícil y eso no responde a un shock transitorio de caja, sino a un deterioro estructural producto del ajuste fiscal nacional y provincial.
Los números de la ejecución presupuestaria, medidos en términos reales, no dejan lugar a dudas. El superávit primario prácticamente desapareció: cayó de $51.963 millones en 2024 a prácticamente $0 en 2025. El resultado financiero, en paralelo, casi se triplicó: pasó de un rojo de $49.377 millones a uno de $133.839 millones, producto del crecimiento real de más de 50% en la cuenta de intereses. Es decir, la provincia llega a este anticipo con las cuentas muy justas, la recaudación de origen nacional cayendo y el gasto en aumento con una carga de intereses que viene creciendo desde 2023.
El origen de ese deterioro es la consecuencia del ajuste que Frigerio realizó en 2024: licuó el gasto en personal (-17,2% real), recortó las prestaciones de la seguridad social (-15,4%) y paralizó la obra pública, con una caída del 69,8% real en los gastos de capital. Fue una receta espejo de la nacional, que licuó jubilaciones, frenó la obra pública y canceló transferencias a las provincias. Durante 2025, ese ajusto tuvo una reversión porque, por un lado, los recursos de origen nacional no se recuperaron —apenas +0,4% real, tras caer 8% el año anterior— mientras el gasto total rebotó 7,1% real. Esa pinza, ingresos planchados y gasto que vuelve a subir, fue la que se comió el superávit.
Sobre esa base frágil se monta el anticipo, y por eso no es una solución sino una postergación cara. La provincia toma fondos propios por adelantado, paga intereses por hacerlo, y deberá devolverlos dentro del mismo ejercicio en el que sus cuentas siguen empeorando.
El desequilibrio de fondo, además, es de los que ningún adelanto resuelve: el presupuesto 2026 prevé que el Tesoro provincial deba asistir a la Caja de Jubilaciones con $437.932 millones para cubrir el déficit previsional. ¿Qué camino elije Frigerio para este cubrir este déficit?, que el ajuste lo paguen los docentes y jubilados. No ajustar los impuestos sobre los contribuyentes con mayor capacidad contributiva ni ajustar los gastos de la política: el ajuste que lo paguen los débiles.
A eso se suma el frente externo: el 51% del stock de deuda está en títulos internacionales, con vencimientos en moneda extranjera estimados en US$114 millones para 2026, lo que expone a la provincia a un riesgo cambiario significativo.
Al pasivo en dólares se le agrega ahora uno en pesos a cancelar en el año.
El timing y los beneficiarios del decreto no son casuales. El gobernador Rogelio Frigerio encabeza el listado del PRO que acompañó sin fisuras los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso, sobre todo desde fines del año pasado, cuando empezó a negociar este paquete de ayuda que llegó en dos cuotas.
Frigerio ya entregó el año pasado los senadores y la cabeza de lista de diputados. Este año ya fue convocado por el gobierno a la Casa Rosada junto a Alfredo Cornejo, en el marco de las negociaciones para consolidar el apoyo legislativo al Súper RIGI y la reforma electoral. El respaldo político del gobernador era la condición para recibir la coparticipación adelantada, y el costo lo pagan los entrerrianos.
Esa es la verdadera disyuntiva: el gobierno nacional desfinancia y presiona a las provincias, y Frigerio se pliega a las demandas de Milei para salvar un mes más de caja, asumiendo un costo que recae sobre su propio Tesoro.
Lo que el decreto revela es la lógica del federalismo fiscal en el esquema Milei: los gobernadores que votan los proyectos del Ejecutivo acceden a la ventanilla de adelanto cuando la caja aprieta; los que no, sufren el ahogo.
El único “atractivo” que explica la maniobra es la tasa del 15% nominal anual, por debajo de cualquier alternativa de mercado. Pero ninguna de estas alternativas está disponible para una provincia con el perfil de riesgo de Entre Ríos.
Igualmente, esto no lo vuelve gratis: sigue siendo plata que sale de la provincia, sobre cuentas que ya se deterioran. Entre Ríos es el máximo exponente de un esquema en el que ya entregó todos sus “votos” a cambio de un alivio transitorio que le costará casi $5.000 millones mensuales. El anticipo financiero no es solo gestión de liquidez: es la moneda con la que Frigerio paga la gobernabilidad que Milei necesita, y la factura la firman los entrerrianos.
A esto nos referimos cuando decimos que el de Frigerio es el peor gobierno provincial desde la vuelta de la democracia.
(*) Diputado nacional.
