La crisis de Vicentin, uno de los mayores conglomerados agroexportadores del país, no deja de complicarse. Un grupo de bancos extranjeros y la entidad pública Banco Nación han decidido recurrir a querellas por estafa para recuperar el dinero que Vicentin les adeuda. En una de las causas penales el fiscal ha convocado como testigo al propio Presidente, Alberto Fernández. La familia propietaria, mientras, mantiene el propósito de buscar inversores para superar la suspensión de pagos y niega las acusaciones de fraude.

El grupo -radicado en la provincia de Santa Fe- dejó de pagar a proveedores y acreedores en diciembre de 2019 y paralizó sus factorías. En marzo de este año entró en concurso de acreedores. Dos meses después, en junio, Alberto Fernández anunció la expropiación del conglomerado con el doble objetivo, según explicó, de evitar su quiebra y de hacer presente al Estado en un sector de la máxima importancia para la economía del país. Eso desató una tormenta política. La oposición parlamentaria, que consideró la medida como un paso hacia el establecimiento de un régimen similar al venezolano en Argentina, varias manifestaciones de protesta y el rechazo del juez que dirige el concurso de acreedores frenaron la expropiación, publicó el diario El País de España.

Al cabo de unas semanas, Alberto Fernández desistió. Lo hizo con duras acusaciones al juez Fabián Lorenzini, por “no haber permitido al Estado conocer el pasivo real de la compañía”.

Vicentin es una sociedad casi centenaria con enorme influencia en las poblaciones de Reconquista y Avellaneda y se atribuye al juez Lorenzini un “exceso de cooperación” con la familia propietaria, hasta el punto de que se hizo cargo del concurso sin exigir las cuentas de 2019. Los acreedores querellantes consideran que el juez cometió irregularidades.

Todos los accionistas de Vicentin pertenecen a la misma familia. 64 de ellos, en representación del 98 por ciento del capital, celebraron el jueves en Avellaneda una asamblea que aprobó por fin el balance de 2019 (con el rechazo del ocho por ciento) y la gestión de los directivos, el principal de los cuales, Sergio Nardelli, falleció en agosto por un ataque cardíaco. El 13 por ciento de los familiares-accionistas desaprobó la gestión. La asamblea nombró un nuevo equipo directivo formado por Omar Scarel, Daniel Foschiatti y Estanislao Bougain, todos ellos técnicos o asesores de la empresa sin participación accionarial. La idea, según fuentes de Vicentin, era “facilitar las cosas” al banco estadounidense Maxim, contratado para la búsqueda de inversores.

Pero la aparición de un socio salvador puede complicarse por las acciones judiciales emprendidas por los bancos acreedores y por decenas de proveedores. Un grupo de entidades, entre las que figuran Crédit Agricole, ING y Rabobank, reclama en Nueva York una deuda de 500 millones de dólares y considera que los ex directivos de Vicentin cometieron fraude “vaciando” la compañía y desplazando fondos al extranjero. Banco Nación, de propiedad pública, anunció a su vez que tras la aprobación del balance de 2019 concretaría nuevas acciones judiciales. Vicentin adeuda 18.700 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) tan solo al Banco Nación.

El anterior presidente del Banco Nación, Javier González Fraga -nombrado por el ex presidente Mauricio Macri y sustituido tras el acceso de Alberto Fernández a la Casa Rosada-, está imputado por supuestas irregularidades en la concesión de créditos a Vicentin. En cuanto al Presidente Alberto Fernández, ha sido llamado a declarar como testigo por el fiscal federal Miguel Moreno a petición del abogado rosarino Gustavo Feldman, quien representa a un grupo de acreedores comerciales. El fiscal quiere verificar distintas informaciones periodísticas, según las cuales el 6 de diciembre los directivos de Vicentin admitieron ante el Presidente de la Republica que disponían de numerosas sociedades instrumentales cuyo fin fundamental era aumentar la capacidad de endeudamiento del grupo. Debido a su cargo y a la pandemia, Alberto Fernández testificará probablemente por escrito.